Los frentes internos que desplegó LarrainVial tras recibir las sanciones por el caso Cascada

Sep 8, 2014

La firma fue sorprendida el martes con un dictamen que esperaba para dos semanas más. De inmediato salió en la defensa de sus ejecutivos Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz -como señal de estabilidad-, asumirá sus multas si es preciso y recurrirá a tribunales, aunque el juicio tarde años. 

(El Mercurio) Solo dos operaciones, ambas fechadas el 23 de septiembre de 2010 en torno a acciones de Calichera. Esas fueron las compraventas que esta semana sellaron la suerte de Leonidas Vial Echeverría, socio del grupo financiero LarrainVial, y por las que fue sancionado y multado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el bullado caso Cascada, por infringir la Ley del Mercado de Valores.

La fecha no es un detalle. Si la SVS hubiera demorado más allá del 22 de septiembre en emitir su dictamen, Leonidas Vial hubiera quedado liberado de cualquier sanción, porque -cuentan altas fuentes conocedoras del caso- otras transacciones que el regulador le indagó ya están prescritas.

Cuando este martes salió la resolución de la SVS, al interior de LarrainVial cayó como un balde de agua fría. Leonidas Vial estaba en el Báltico con su familia, en un viaje preparado con mucha antelación, y el escenario base con que trabajaba la corredora era que las sanciones se conocerían al filo del 22 de este mes, más cercano al 18 de septiembre. De hecho, el lunes por la noche la defensa había ingresado un escrito de 150 páginas, que ahora estiman «dio lo mismo», porque el regulador ya tenía su visión de lo que iba a resolver, sin un debido proceso, estiman cercanos a la corredora.

Como sea, esas dos transacciones pusieron a Leonidas Vial en una compleja situación.

No por el monto de las multas, sino porque las sanciones se dirigieron no solo a él, sino que involucraron además a una de las compañías del grupo, la corredora de bolsa -la mayor del mercado, con 18,4% de participación en montos transados a agosto de este año-, y a dos de sus principales ejecutivos. Su gerente general, Manuel Bulnes, y a su gerente de distribución institucional, Felipe Errázuriz, por las operaciones hechas por LarrainVial.

Aunque la corredora no arriesgaría una suspensión (ver nota relacionada), rápidamente la compañía desplegó sus cartas y salió a respaldarlos.

«Si algo ha caracterizado nuestra actitud durante este casi año de proceso ha sido el espíritu de cuerpo que hemos mantenido, el cual ahora debe manifestarse más que nunca. El apoyo a Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz debe sentirse en forma especial, pues fueron sancionados por cumplir su condición de corredores de bolsa y representantes de nuestra empresa», dijo Fernando Larraín Cruzat, socio y presidente ejecutivo de LarrainVial, a través de una carta enviada a los 850 empleados. En la misiva también criticó la decisión de la SVS y deslizó que seguirán las instancias en tribunales para hacer ver sus argumentos.

Estrategia puertas adentro

Esta vez -y a diferencia de lo que había ocurrido en el verano tras ser formulados de cargos en enero- no hubo una comunicación directa de la corredora con sus clientes. En cambio, la estrategia del comité de crisis de la empresa fue focalizarse en el frente interno y que cada ejecutivo respondiera dudas de los clientes.

Cercanos cuentan que la señal que la firma quiso dar es clara: Bulnes y Errázuriz son inocentes, seguirán el camino de tribunales para probarlo, aunque esto tarde años, y se da por descontado que la corredora se hará cargo de las multas de ellos, de US$ 8 millones y US$ 4 millones, respectivamente.

Un ejecutivo cercano a la firma recuerda el caso que involucró a Habitat, cuando Cristián Rodríguez (su gerente general) y Alejandro Bezanilla (su gerente de inversión) fueron multados por la SVS hace cuatro años por un caso relacionado a Telefónica, y en noviembre del año pasado, la Corte Suprema dio vuelta la sanción y los exculpó. «¿Por qué ahora no pueden aplicar el mismo principio y que puedan defenderse hasta el final?», se cuestiona este ejecutivo.

La decisión de mantener a los ejecutivos en sus cargos, coincide un director de un family office , no dista de tener asidero, pues lo que la firma requiere primero es dar señales de estabilidad. «Lo peor que le podría ocurrir es que otros ejecutivos de la firma -su capital humano- emigren en busca de otros horizontes ante este impasse «, concuerda un conocedor.

Otro objetivo, señalan cercanos a la empresa, es proyectar la idea de que en un sector regulado como este, las sanciones son parte inherente a esta actividad. «JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, han recibido multas por miles de millones de dólares y siguen trabajando. En LarrainVial tienen presente esa realidad y asumen que si los inversionistas renunciaran a trabajar con todas las corredoras sancionadas, no tendrían cómo operar», dice un cercano.

La omisión

Para agentes del mercado no pasó inadvertido que el nombre de Leonidas Vial no fuera mencionado en la defensa que internamente hizo Fernando Larraín en su carta de esta semana. Esto contrastó con la estrategia que la firma impulsó cuando estalló el caso, cuando la corredora, su socio y ejecutivos -pese a que aún no recibían formulaciones de cargos- sí habían sido involucrados directamente por la SVS. De hecho, ya habían sido señalados como la corredora que participó en las transacciones cuestionadas y dos sociedades de Vial ya habían sido individualizadas como «instrumentales», en el esquema denunciado por el regulador.

«Pongo las manos al fuego por los tres: Leonidas Vial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz», decía en octubre el mismo Fernando Larraín en una entrevista concedida a «El Mercurio».

Esta omisión ha sido interpretada en privado tanto en el mercado como entre ejecutivos ligados a la corredora, en un sentido: que el caso de Vial es muy distinto al de Bulnes y Errázuriz. La lectura, dice un directivo de un grupo empresarial, es que tal vez en esta ocasión Leonidas Vial podría dar de alguna forma un paso al costado, e incluso optar por alguna venta, en pos del bien de la corredora. Otro camino sería que decidan desprenderse de un activo en particular: la Administradora General de Fondos (AGF), otra sociedad del grupo que es justamente la que maneja los fondos donde participan las AFP (el fondo Beagle, por ejemplo), las contrapartes en este bullado conflicto.

¿Algún candidato natural? El grupo Consorcio, mencionan conocedores, pues este conglomerado ya es socio de la AGF, y además uno de sus accionistas, Juan Hurtado, ya preside LarrainVial, pues fue el nombre de relevo cuando Leonidas Vial renunció a la presidencia del grupo, en marzo.

No obstante, cercanos a LarrainVial descartan de plano que haya una estrategia de venta y atribuyen estos rumores a otros competidores de la plaza que buscan sacar su propio provecho de esta situación.

Asimismo, plantean que lo que primó esta semana fue una defensa institucional, justificando la omisión de Leonidas Vial en ella dado que hoy él es socio, pero no está presente en la compañía ni siquiera a nivel directivo.

Julio Ponce se prepara para la larga batalla en tribunales

El día en que la SVS emitió su fallo con las multas más altas de la historia, Julio Ponce llegó a las 10:30 de la mañana a las oficinas de SQM en El Trovador, en Las Condes. En la mañana había ido a hacerse unos chequeos médicos a la Clínica Las Condes, donde se encontró con Mauricio Daza, abogado querellante en el caso Cascada en representación de los minoritarios. Ponce se acercó -cuentan conocedores del episodio-, le preguntó si sabía quién era y Daza respondió afirmativamente.

Sonriente, el presidente de SQM le dijo que le estaba dando mucho trabajo, le sugirió que le diera algún respiro y se retiró.

Cuando se enteró al mediodía de que la SVS lo había multado con US$ 70 millones, tuvo su momento de preocupación, pero habría recuperado la compostura rápidamente, cuentan cercanos.

No estuvo en la larga reunión de los abogados del caso, que debatieron toda la tarde qué hacer. Al día siguiente fue al Club de Equitación de la UC. Cabalgó desde las 8 de la mañana hasta las 10, dicen cercanos al empresario. Según quienes lo conocen, esta reacción se debe a que para Julio Ponce la batalla judicial recién comienza, el proceso durará al menos cinco años y él debe prepararse para enfrentarla.

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