El Presidente Ricardo Lagos Escobar, firmó la ley 20.026, relativa al Impuesto Específico a la Minería, más conocido como Royalty II.
El 18 de mayo la Cámara de Diputados había aprobado y despachado para ser promulgado como ley -por 98 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención- las modificaciones del Senado al proyecto que establece el mencionado impuesto.
La norma establece este impuesto a la minería, considerando que este es un recurso no renovable, que constitucionalmente es propiedad de todos los chilenos, y que su explotación genera rentas económicas. El objetivo es destinarlo a investigación científica, innovación tecnológica y formación de capital humano, fortaleciendo las capacidades competitivas existentes en el país y sus regiones. Para ello –y dependiendo del precio del cobre- se proyecta recolectar alrededor de US$ 150 millones anuales, los cuales irán a un Fondo de Innovación Tecnológica. De los recursos, un porcentaje se destinará a las regiones mineras, otro a regiones en general y un porcentaje mayoritario a nivel nacional (que incluye a las regiones mencionadas anteriormente).
El impuesto contempla el cobro de un 5% de las utilidades operacionales para las empresas que tengan una producción vendida desde 50 mil toneladas de cobre fino al año o su equivalente en otros minerales. Las que produzcan menos de 12 mil toneladas serán excluidas y las que produzcan entre 12 mil y 50 mil pagarán a tasas diferenciadas.
El mencionado proyecto de ley fue ingresado al Congreso en diciembre de 2004, cumpliendo con el compromiso del Presidente Ricardo Lagos de enviar un segundo proyecto de contribución minera, tras la no aprobación que tuvo en agosto el proyecto conocido como Royalty 1.
Una larga historia
Desde la Intendencia de Antofagasta en 2001 surgió la premisa de que: “la minería puede y debe hacer una mayor contribución al país”, la que posteriormente fue asumida por el Ministerio de Minería. En abril del 2002 el Ministro de Minería explicitó en Expomin los principales lineamientos de lo que sería su gestión, entre los cuales solicitó a la comunidad minera una mayor contribución y propuso trabajar en el Cluster y el fondo de sustentabilidad, planteamientos que ya se venían sosteniendo desde la Intendencia de Antofagasta. Ya entonces y en forma paralela diversos actores, especialmente parlamentarios, venían también pidiendo un mayor aporte de la gran minería.
En agosto de 2002 estalló la polémica por el mecanismo de venta de la Disputada de Las Condes, que en un principio se iba a realizar fuera de Chile evitando el pago de impuesto a las ganancias de capital. Otras voces también cuestionaron la operación porque la minera había declarado por años pérdidas de arrastre. Parlamentarios de oposición y oficialistas comenzaron a plantear abiertamente la aplicación de un royalty o regalía por la explotación de recursos no renovables. En tanto, el Gobierno por medio de estudios del Ministerio de Minería, afirmaba que la rentabilidad de las diez principales mineras extranjeras presentes en Chile indicaba que había espacio para un mayor aporte. Asimismo, el Senado decidió crear una comisión especial para estudiar la tributación de la gran minería.
El Gobierno anunció el 19 de abril de 2004 la presentación de un proyecto de royalty a la minería, que buscaba establecer un cobro la actividad minera para financiar iniciativas tendientes a expandir las capacidades innovativas y tecnológicas del país, el que fue rechazado en el Senado el 10 de agosto, esencialmente con los votos de la oposición.
El Presidente Ricardo Lagos anunció que insistiría con un nuevo proyecto, el cual fue presentado a fines de 2004 , y que fue finalmente aprobado por el Congreso el reciente 18 de mayo.
Fuente/www.minmineria.cl