Iniciativas para diversificar la matriz hídrica

Nov 26, 2012

Enfocado en el mercado peruano, el instrumento beneficiará a 15 pymes de Antofagasta, con el fin de fortalecer el Cluster Minero Regional.

(Minería Chilena) De acuerdo a las conclusiones de un estudio que realizó el Banco Mundial sobre el panorama hídrico nacional, Chile en su conjunto es un país que presenta una condición privilegiada en términos de disponibilidad de dicho recurso. El informe precisa que el promedio de disponibilidad de agua superficial es de 53.000 m3/persona/año, “valor bastante más alto que la media mundial (6.600 m3/persona/año) y muy superior al valor de 2.000 m3/persona/año considerado internacionalmente como umbral para el desarrollo sostenible”.

Sin embargo, el documento advierte que este análisis difiere si se observan las realidades que poseen las distintas regiones del país. De hecho, el documento precisa que desde Santiago hacia el norte la media de disponibilidad de agua superficial está por debajo de los 800 m3/persona/año, mientras que al sur de la capital supera los 10.000 m3/persona/año.

Las regiones de Antofagasta (52 m3/persona/año) y Atacama (208 m3/persona/año) son las zonas que exhiben una situación más crítica, condición que se contrapone con el actual crecimiento que poseen producto de la actividad minera. Debido a ello, tanto el sector público como el privado se encuentran tras la búsqueda de soluciones tecnológicas que permitan el acceso del recurso hídrico para la población y sectores productivos.

En este marco, surge la propuesta de construir la “carretera hídrica”, iniciativa de la empresa Vinci y Fundación Chile, entidades que recientemente entregaron los resultados de su estudio preliminar sobre la posibilidad de construir el denominado proyecto “Aquatacama”. Éste consiste en transportar agua con un caudal de hasta 35 m3/seg mediante dos tuberías marinas, recurso que sería tomado en la desembocadura de uno o varios ríos de la zona centro-sur como Rapel, Maule y Biobío.

Los puntos de abastecimiento se ubicarían entre Valparaíso, y potencialmente hasta Arica, con una distancia entre las estaciones que sería cada 100, 200 o 300 km. El ducto submarino estaría ubicado a una distancia aproximada de 100 y 200 m de profundidad, y tendría un diámetro de hasta cuatro metros. De acuerdo a lo señalado por Félix Bogliolo, director del proyecto y socio de Vía Marina, el consumo energético para trayectos más largos es inferior a 1 kWh/m3, cifra que es tres a cuatro veces menor que la desalación.

El proyecto considera un nivel de inversión de US$15.000 millones en el tramo más largo, y que abarcaría desde las regiones del Biobío hasta la de Arica y Parinacota, pero sus costos operacionales significarían un tercio del valor que implica la desalinización.

La industria minera sigue de cerca esta iniciativa, ya que a su juicio la zona norte podría contar con el recurso hídrico a “volúmenes y precios razonables”. Además Carlos Gajardo, gerente de Medio Ambiente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), destaca “la escasa cantidad de energía eléctrica que requiere la operación, su limitado impacto ambiental y su costo de generación considerablemente inferior al costo del proceso de desalación”.

El precio de la desalación

Hasta la fecha, la desalación y el uso directo de agua de mar constituyen una solución alternativa y casi exclusiva a las problemáticas asociadas a la obtención del recurso hídrico como son la escasez del elemento y el conflicto con las comunidades y otras actividades productivas.

Sin embargo, el uso de esta tecnología implica un alto consumo energético, lo cual hace que la industria minera busque otras opciones de suministro para disminuir sus implicancias asociadas. De acuerdo al último informe de Cochilco sobre “Proyección del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre”, actualmente la desalinización y la impulsión de agua de mar representan el 97% del gasto energético en los procesos mineros y se proyecta que para 2020 será de 86%.

El gerente de Medio Ambiente de Sonami indica que, debido “a la falta de disponibilidad de aguas continentales, la desalación constituye una alternativa que el sector minero ya ha evaluado y puesto en marcha. Lo anterior, sin embargo, no significa que ésta sea la mejor solución sino que, hasta ahora, no se han encontrado otras soluciones viables en los plazos que disponen las empresas para el desarrollo de sus respectivos proyectos”. Y agrega que “la desalación requiere un importante consumo de energía eléctrica, adicional a la que demanda el desarrollo minero en el norte del país y contribuiría, como consecuencia, al incremento de la huella de carbono del sector si dicha energía se generara por medios tradicionales”.

A este panorama se debe sumar la carencia de un régimen jurídico sólido y estable para la instalación de plantas desaladoras, lo cual ha implicado que diversos proyectos sean rechazados por organismos evaluadores, al no considerarlos como de interés público. Ello explica que el agua desalada no sea vista como una alternativa extendida de abastecimiento para los sectores productivos y el consumo humano en la zona norte del país, existiendo sólo cinco operaciones de este tipo en funcionamiento a la fecha, las cuales están ubicadas entre las regiones de Arica y Parinacota, y Antofagasta.

En el marco de la presentación ante el Congreso, en 2010, de un proyecto que establecía una política hídrica, el entonces gobierno de Michelle Bachelet pretendía impulsar la instalación de plantas desaladoras a través de un sistema de concesiones de agua de mar. Sin embargo, la iniciativa se detuvo al asumir la nueva administración.

Lo que buscaba este sistema de concesiones era regular el mercado de aguas e incentivar la inversión y, junto con ello, evitar la instalación de diversas plantas para proyectos específicos, porque a juicio de sus defensores, no solucionaban el problema hídrico-país, sino que sólo de un emprendimiento.

Dentro de esta línea, Carlos Gajardo sostiene que “el tema del suministro de recursos hídricos debe someterse a las reglas de libre mercado, y que al Estado le corresponde establecer los incentivos para que dicho mercado funcione correctamente. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades que competen a las autoridades de acuerdo con la ley para adoptar las medidas que correspondan frente a situaciones de emergencia o desastres naturales”.

Zonas francas hídricas

A través de la creación de “zonas especiales” o “zonas francas hídricas” se busca la exención de impuestos para la empresa, medida que sería aplicada por un tiempo determinado. La idea es que esta condición esté relacionada con los impuestos que gravan las utilidades de la compañía, a los tributos indirectos que son establecidos a través de la venta del agua, impuestos al valor agregado o aduaneros.

“Una exención a los impuestos aduaneros, por ejemplo, permite abaratar los costos y estimular al privado para que no sólo ingrese al negocio del agua por la minería, sino que podría, a un precio determinado, entregar este producto a otros agentes del mercado, como son los agricultores y eventualmente los usuarios del agua potable”, explicó Jorge Arancibia, profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica.

Fuente/ Revista Minería Chilena

Lo último
Te recomendamos

REVISTA DIGITAL

Temas relacionados

Suscríbase al Newsletter Minería Chilena