Dueño del 30% de Escondida encarga estudio por impacto del Convenio 169

Feb 19, 2013

Rio Tinto, una de las principales compañías del rubro en el mundo, pidió un informe en derecho a la consultora Grupo Alianza sobre las normativas para exploraciones mineras.

(La Segunda) La incertidumbre en los inversionistas por la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre consulta a pueblos originarios, alcanzó a las multinacionales.
Una de ellas es la gigante minera Río Tinto, que encargó un estudio sobre la aplicación de la norma para las exploraciones en Chile.

Río Tinto es una de las principales compañías mineras en el mundo y en el país es la principal socia de BHP Billiton en Minera Escondida, donde posee un 30% de la propiedad. Además, lleva varios años realizando trabajos de exploración en el norte de Chile.

Por eso, encargó un la elaboración de informe en Derecho sobre la aplicación del Convenio 169, en específico, a proyectos de exploración minera. El estudio fue realizado por la consultora Grupo Alianza, que también ha trabajado para Antofagasta Minerals o Collahuasi, entre otras.

De acuerdo a estimaciones de la industria, la firma ha invertido más de US$100 millones en exploraciones, sin suerte aún. Actualmente trabaja en el proyecto Olimpo, ubicado en las cercanías de Iquique, el que sería su primera faena de cobre en Chile en el que será controlador.

El socio de Grupo Alianza, Andrés Devoto, comentó que hace ocho años trabajan con Río Tinto, asesorándolos en sus actividades de exploración, y que la solicitud de este estudio en particular provino cuando el sector minero comenzó a mirar con más atención las implicancias del Convenio 169

«La industria está muy preocupada, hay mucha necesidad de información y conocer más de los alcances del movimiento indígena. La política de RSE no llegaba tan lejos», dice Devoto.

Agrega que en las mineras «hay mucha inquietud de cómo se aplicará la normativa y su aplicación. La industria piensa que puede alargar muchos plazos, aunque pienso que si se hacen bien las cosas los tiempos se podrían acortar al evitar la judicialización».

Fuente/ La Segunda

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