El acuerdo al que llegó Barrick Gold con la Junta de Vigilancia del Valle del Huasco para responder en conjunto a las preguntas planteadas por la Corema de la III Región y sacar adelante su polémico proyecto Pascua Lama es, según la directora ejecutiva de la Conama, Paulina Saball, una alianza que «deja muchas preguntas en el aire».
Para la ejecutiva, el acuerdo al que se llegó con los representantes de cerca de 2.000 regantes del Valle del Huasco -y el primero de este tipo en realizarse en Chile- no puede tacharse como una alianza con la «comunidad» de la zona.
«¿Quién es la comunidad? ¿Son sólo los regantes?», dice la ejecutiva, quien recalca que la empresa llegó a un acuerdo sólo con una parte y que la totalidad de las comunidades tiene representación dentro del marco legal ambiental chileno.
Actualmente, las comunidades tienen un plazo de 15 días posterior a la presentación pública de un proyecto para hacer todo tipo de observaciones. Luego de eso, es la autoridad ambiental quien recoge dichas observaciones, las procesa e incluye en las preguntas que realiza a la empresa titular de la iniciativa.
Esta misma secuencia se siguió en el caso de Pascua Lama para la aprobación de su segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por eso es que, según Saball, «este acuerdo entre privados no influirá en nada como punto a favor de Barrick en su aprobación del EIA. No tiene nada de malo que haya un acuerdo entre privados, pero esto para nosotros no significa nada, las opiniones de la comunidad están incluidas en la legislación actual», recalca.
Barrick Gold llegó a un acuerdo con la Junta de Vigilancia del Valle del Huasco, donde ambas entidades redactarán conjuntamente las respuestas que la empresa debe entregar a la Corema antes del 14 de octubre. Con esto Pascua Lama incluirá todas las observaciones de los regantes en sus respuestas lo que, para ellos, es una buena alternativa para que la empresa siga estrictos parámetros que impidan la contaminación de las aguas de la zona.
Para Saball otra de las dudas que deberán plantearse a nivel país es si un grupo de personas puede renunciar o no a su derecho constitucional de vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación.
«¿Pueden los regantes renunciar a sus derechos constitucionales por un acuerdo entre privados?», dice la ejecutiva en el marco de la III Conferencia Interamericana sobre responsabilidad social empresarial.
Además de la alianza, la empresa dará a los regantes US$ 60 millones en 20 años como medida de mitigación y compensación de daños ambientales.
Al respecto, Saball asegura que las mitigaciones de impacto ambiental necesarias para este tipo de proyectos están establecidas en la certificación que dice la Corema.
Con ello coinciden en Barrick desde donde se ha dicho que estas medidas son «adicionales» y se realizan sólo para dejar tranquila a la comunidad.
Fuente / El Mercurio