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Ximena Abogabir, cofundadora de Casa de la Paz: “La RSE no da la licencia social”

Hoy, relacionarse con las comunidades exige olvidarse de las cartas Gantt, aplicar ordenamiento territorial, evaluación estratégica, gestión de impactos y aprender a navegar en la incertidumbre, asevera la profesional.

La incertidumbre suele ser inversamente proporcional a la inversión, pero adaptarse y saber navegar en ella es mandatorio en la actualidad, asegura Ximena Abogabir, cofundadora de Casa de la Paz y actualmente parte del Directorio de la entidad. Y no se refiere al precio de los metales, sino a la forma de relacionarse con las comunidades. Quien diga lo contrario, asevera, está “blufeando”, pues nadie tiene la repuesta de cómo ganar y mantener la licencia social.

Hay que olvidarse de las cartas Gantt y reevaluar las herramientas utilizadas a la fecha. No es que no sirvan, pero han demostrado ser insuficientes, afirma.

¿Por qué, a pesar que se ha avanzado en temas de RSE y participación ciudadana, la licencia social sigue siendo tan compleja para la minería? ¿Se han aplicado incorrectamente las herramientas?

Es que la responsabilidad social no te va a dar la licencia social, porque está en el ámbito de lo voluntario. Está bien que se haga, es mejor una escuela pintada que sin pintar, pero si (la empresa) no tiene una adecuada gestión de sus impactos, si no se ha instalado en la sociedad como un factor de desarrollo, si no es capaz de responder a la pregunta que hace la comunidad “¿vamos a estar mejor o peor con el proyecto?”, si las empresas no se plantean desde la sinceridad, claramente las comunidades se van a resistir.

¿Y las empresas no se presentan desde la sinceridad?

No existe coherencia entre el discurso de la RSE y las prácticas de la empresa. Las comunidades entendieron que hay un momento en que las empresas necesitan obtener permisos, por lo que despliegan recursos y profesionales preparados para entender cuáles son las principales necesidades (de la gente) para diseñar un “ofertón” a la medida. Cuando a una comunidad carenciada le presentas un paquete de oferta que cubre necesidades urgentes, lo que en el fondo estás dejando es una comunidad dividida, pues para algunas personas la tentación es irresistible, aunque muchos entiendan que es “pan para hoy y hambre para mañana”. Puede ocurrir que la aspiración de desarrollo de la comunidad se vea frustrada por la operación minera.

Tras la obtención de la resolución de calificación ambiental el grupo que negoció desaparece. En su lugar, llegan quienes construyen, muchas veces sin conocer lo que inicialmente se comprometió. Y si es que reciben la instrucción de contratar local, la mayoría de los empleos que se ofrecerán serán temporales y precarios. Luego, los constructores vuelven a ser reemplazados por quienes operarán la planta y el ciclo comienza otra vez.

Esta lógica de cambio de rostro evidentemente produce desconfianza y rechazo.

Los problemas con las comunidades se arrastran por años y si la práctica anterior ha sido identificada, ¿por qué insistir en algo que no conduce  a un mejor relacionamiento?

Existe desconcierto en el mundo empresarial y nadie tiene la respuesta. Las empresas tienen que aprender a navegar en la incertidumbre porque las comunidades cambian y los ecosistemas actúan sinérgicamente. Hay que asumir que  estos procesos no resisten la carta Gantt.

¿Se espera mucho del enfoque empresa-comunidad como modelo para superar el problema territorial con las comunidades?

Claro, es un enfoque que ha probado que no resulta, al menos en un corto plazo. Necesitamos ordenamiento territorial, comenzando por un debate de lo intransable: cuáles son las caletas o ríos que no se tocan, una discusión de qué se va a mantener prístino, de lo que se va a proteger porque tiene un valor más allá de lo productivo. Luego podríamos entrar a debatir sobre cómo distribuir los beneficios. Lo que anunció Minera Rockwood es un ejemplo de redistribución (acordó donar a las comunidades indígenas el 3% de las ventas para educación y salud).

Así como se plantea determinar qué preservar, ¿sería válido plantear lo contrario?

Es muy similar a lo que en urbanismo se llaman zonas industriales o molestas. En Antofagasta existe el barrio industrial La Negra. Esto logra que los impactos puedan ser gestionados; se entiende que es una opción racional, pero (a nivel país) esto no ha sucedido, sólo ocurre espontáneamente y los impactos se acumulan en zonas de pobreza y de poco capital social, lo cual genera grave vulneración de derechos humanos de las poblaciones preexistentes

Adicionalmente, hoy estamos viviendo la rebelión de las regiones, las que se oponen a que sus proyectos de vida se decidan desde la Región Metropolitana, pasando a llevar la vocación local de desarrollo.

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