Jorge Cantallopts: Existe una ausencia marcada de proyectos greenfield

El especialista de Cochilco desglosa los principales datos de la cartera de proyectos que maneja la entidad, y el escenario que enfrentan para su materialización.

Una inversión  de US$72.500 millones considera la última actualización de la cartera de proyectos mineros, que elabora la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) para el decenio 2019 – 2028. En total son 44 iniciativas con diverso grado de madurez y probabilidad de materialización.

Pero, ¿cómo se ve el panorama a más mediano y corto plazo? El Director de Estudios y Políticas Públicas de esta entidad, Jorge Cantallopts, nos comparte su análisis.

De la cartera de proyectos que ustedes manejan, ¿cuánto estiman que se concrete en 2020 y a mediano plazo?

Para este año está prevista la puesta en marcha de cuatro proyectos; de estos, los más importantes son “Ampliación Salar del Carmen”, de SQM, por US$180 millones, y “Desembotellamiento Concentradora Mantos Blancos”, de Mantos Copper, por US$181 millones. También podría concretarse el de Ecometales, “Lixiviación de concentrados” (US$370 millones), y la Continuidad Operacional de El Peñón, de Yamana Gold (US$132 millones).

A partir de 2021 se observa una mayor materialización de proyectos. Para dicho ejercicio se espera que 11 iniciativas estén en marcha; para 2022, nueve; en 2023, siete proyectos; para 2024, cuatro. Entre 2025 y 2027 se estima que se materialicen cinco proyectos.

¿Cómo se distribuirían según minerales?

La cartera 2019 sigue teniendo a la minería del cobre como actor principal, con una participación del 91% en el total, reflejado en una inversión que alcanza los US$65.621 millones y 31 iniciativas, siendo mayor en un 11% con respecto de lo catastrado en 2018 (US$59.103 millones, con 32 iniciativas). El hierro mantiene el segundo lugar de importancia con US$2.972 millones y un 4,5% de participación, pero dependiendo mucho de la real materialización de Dominga. En tercer lugar se encuentra el litio (2,5%) con US$1.807 millones a invertir; en cuarto y quinto lugar quedan el oro y los minerales industriales -como yodo y nitratos-, con US$1.753 millones y US$350 millones, respectivamente.

Greenfield versus brownfield

 

¿Cómo ven las perspectivas para el ingreso de greenfield? ¿Qué características tendrían?

Actualmente existe una ausencia marcada de proyectos greenfield en nuestro país,  ya que solo un 30% de las iniciativas catastradas pertenecen a ese grupo. Esto fortalece la tesis de que gran parte de las inversiones actuales buscan mantener operaciones activas, más que añadir nueva producción, no solo en cobre, sino también en oro, litio y minerales industriales.

Entre los proyectos greenfield más importantes se encuentra NuevaUnión (Fase I, II y III), Santo Domingo y Desarrollo Distrito Centinela. Todos se destacan por ser productores futuros de concentrados, con necesidades de agua de mar desalada y sin desalar. Asimismo, las producciones esperadas para cada uno de estos proyectos supera las 160.000 tcf, incluso llegando a 270.000 tcf como máximo aporte.

¿Cuán relevantes son las medianas mineras y cómo ven su evolución?

La mediana minería se ha mantenido estable en la cartera de inversiones, con participaciones en los últimos seis años que van de un mínimo de 2,7% en 2015 a un máximo de 4% en 2016. En la actual cartera concentran el 3,1% de las inversiones, con cuatro iniciativas valoradas en US$2.041 millones.

Como Cochilco creemos que, a pesar de que no hemos observado un aumento de este tipo de iniciativas en el último tiempo, la minería en Chile debe ir hacia estos desarrollos, de mediana escala, potencialmente más amigables con el entorno y más cercanos a las comunidades donde se desenvuelven. En este segmento de minería es posible encontrar minerales distintos al cobre, como cobalto, tierras raras, entre otros. Asimismo, este sector es un potencial laboratorio de desarrollo de nuevas tecnologías, que permitirían dar un salto en lo que respecta a I+D+i en el sector y en Chile.

Atractivo para los inversionistas

¿Cómo puede afectar el actual escenario -y los cambios institucionales que genere- el atractivo de Chile para los inversionistas mineros?

No vemos una afectación significativa. Creemos que -de haber cambios institucionales-, se mantendrá el interés por invertir que hemos visto en el último tiempo, e incluso podría darle una posición más renovada a nuestra estrategia de inversiones.

La minería es una actividad que evalúa en el muy largo plazo sus inversiones, por lo que el análisis de la estabilidad institucional, si bien es relevante, también es relativo, toda vez que es muy difícil que se mantenga durante toda la vida de un proyecto minero. No obstante, mientras se producen las discusiones (sobre eventuales cambios) es probable que sí exista algún grado de cautela por parte de algunos inversionistas, especialmente en proyectos que se encuentran en etapas de ingeniería y de decisión de inversión muy tempranas.

¿Hoy en día qué plazos se manejan para el desarrollo y materialización de un proyecto minero?

Según lo determinado en su momento por la Comisión Nacional de Productividad (2017), el tiempo normativo entre la obtención de una concesión minera hasta la recepción de obras hidráulicas para comenzar con el funcionamiento de un proyecto minero, es de 1.404 días corridos (casi cuatro años). Sin embargo, se ha podido determinar que el tiempo real podría alcanzar los 3.857 días (casi once años). Al revisar nuestro catastro, se observa que los datos históricos hablan de que un proyecto puede demorarse en pasar de la factibilidad inicial hasta su puesta en marcha alrededor de ocho años (cinco de ingeniería y permisos, más tres de construcción y puesta en marcha).

Otros, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un estudio encargado por el Ministerio de Economía, han determinado que los procesos de evaluación de grandes proyectos de inversión tardan cuatro o más años durante la fase de permisos, dos en la evaluación ambiental, y otros dos y medio en la obtención de permisos sectoriales, y sus etapas no necesariamente poseen plazos claramente estipulados, por lo que su duración no es predecible y sus resultados son inciertos.

Por otra parte, según un estudio realizado por Cochilco en 2017, mediante el análisis de una muestra de 454 proyectos ingresados entre 2011 y 2016 al SEA, en la sola evaluación ambiental el promedio general de permanencia fue de 202 días, mientras que los proyectos aprobados están un promedio de 289 días con peaks de hasta 1.016 días.

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