En las recientes elecciones la ciudadanía habló fuerte y claro: queremos una mejor calidad de vida, igualdad de oportunidades y participación. Cerrar las brechas de ingreso y riqueza que caracterizan a la sociedad chilena tomará su tiempo y la gente lo sabe, pero espera que el Gobierno, los parlamentarios, los partidos políticos, las autoridades en general, avancen decididamente hacia el cumplimiento de sus compromisos. La gratuidad, los cambios en el CAE, la modernización de la salud, el pago de la deuda hospitalaria, la vergüenza del Sename, el hacinamiento de las cárceles, la erradicación de los campamentos, la lucha contra la droga, la inseguridad ciudadana, la deuda con los pueblos originarios, el abuso de las pensiones, son algunos de los problemas sociales que deberá enfrentar el país en los próximos tiempos.

En su conjunto, estas medidas suman compromisos de gasto que, en el mediano plazo, superan con creces las estimaciones de todos los equipos programáticos.

La presión por mayor gasto público será difícil de contener, por lo que habrá que buscar nuevas alternativas de financiamiento de mediano plazo. En una economía pequeña y rica en recursos naturales, lo lógico es que éste provenga de las utilidades extraordinarias que genere la explotación de dichos recursos. Ello puede lograrse si aquellos sectores o empresas que generan rentas económicas comparten con el Estado parte de las mismas (50%).

[Si junto con aprobarse la sobretasa para todos, se eliminara el impuesto especial a la minería, todas las grandes empresas –mineras y no mineras– quedarían afectas al mismo tratamiento en materia de impuesto a la renta.]

Existen rentas económicas cuando las empresas generan, en forma habitual, márgenes operacionales superiores a los que obtendrían si operaran en un mercado competitivo. Es, por tanto, razonable que el concesionario del recurso que genera la renta comparta parte de la misma con el dueño del recurso, el Estado de Chile.

El precio del cobre se ha recuperado y se ha afirmado por sobre los US$3,0 la libra. A manera de referencia, en 2008 y 2009, con un precio promedio cercano a los US$3,5, los productores privados agrupados en el Consejo Minero reportaron utilidades antes de impuestos de alrededor de US$12.000 millones cada año. En esos dos años repartieron dividendos por casi US$17.000 millones.

La renta podría asumir la forma de una sobretasa a pagarse cuando las utilidades operacionales superen, por ejemplo el 30%. Podría incorporarse al régimen general del impuesto de primera categoría y aplicarse a la grandes empresas, independiente del sector de la economía en que operen. Si junto con aprobarse la sobretasa para todos, se eliminara el impuesto especial a la minería, todas las grandes empresas –mineras y no mineras– quedarían afectas al mismo tratamiento en materia de impuesto a la renta.

La sobretasa para todos permitiría captar también parte de la renta económica que se genera en: la minería no metálica (salitre, litio); otros recursos naturales (pesca industrial); servicios no o mal regulados (Isapres, AFPâ€s, banca, servicios de utilidad pública).

Las economías ricas en recursos naturales son generadoras de rentas económicas y su apropiación es materia de debate, en particular con la inversión extranjera. Por ello es importante que todos los contribuyentes estén afectos al mismo trato. La reforma tributaria que impulsó el Gobierno saliente fue un fracaso. Esto abre la oportunidad de lograr un acuerdo nacional para diseñar una gran reforma que asegure equidad horizontal y vertical, termine con todo tipo de franquicias y garantice una recaudación que haga posible el cumplimiento de los compromisos ya anotados.

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El directorio de la estatal, que preside Oscar Landerretche, decidió ayer llamar a una junta extraordinaria de accionistas, lo que implica un pronunciamiento más firme de los ministros de Hacienda y Minería, Rodrigo Valdés y Aurora Williams, con la intencionalidad política de que incluso sea la propia Presidenta Michelle Bachelet quien salga en defensa de la cuprífera, según trascendió entre algunos asistentes al encuentro de ayer.

En paralelo, los principales ejecutivos de la estatal comenzaron a distribuir desde hace algunos días una minuta de 13 páginas en la que detallan uno a uno los giros que ha ido teniendo esta batalla con Contraloría y además proponen que se reconozcan cinco principios básicos como fundamentales para el actuar de la corporación:

1— Ratificar el marco normativo y el modelo de gestión de la empresa de acuerdo a su Ley de Gobierno Corporativo, como una compañía pública que se administra profesionalmente de manera análoga a sus competidoras.

2—Ratificar que los principios de eficiencia, eficacia y probidad en la gestión de la empresa, se expresan en los deberes fiduciarios que la Ley de Sociedades Anónimas impone a los directores y ejecutivos principales.

3—Reafirmar y fortalecer la conformación y funcionamiento del gobierno corporativo de Codelco, independizándolo aún más de los gobiernos en ejercicio.

4—Reorganizar y sistematizar los sistemas de supervisión y control de Codelco, a través de mecanismos claros y consistentes con su naturaleza empresarial.

5—Reconocer la vigencia del Código del Trabajo y de negociación colectiva en las relaciones laborales de Codelco.

A partir de estos principios, en el documento se exponen tres cambios legales para reorganizar los mecanismos de supervisión y control en la compañía: dos relacionados con su gobierno corporativo y la designación de directores y otro con el fortalecimiento del rol fiscalizador de Cochilco.

Preocupación patrimonial

En el directorio de este lunes se analizaron los posibles escenarios judiciales de la estatal y la preocupación por los eventuales efectos patrimoniales que podría tener el impasse con Contraloría.

En la primera parte el consejero jurídico de Codelco, Nicolai Bakovic y el asesor legal Luis Cordero analizaron los caminos jurídicos a los que se enfrenta la estatal, entre ellos presentar un recurso de protección o bien una acción de nulidad de derecho público en un juzgado civil. Estos, en gran medida, estarán supeditados a la próxima reunión de accionistas de la minera.

En cuanto al factor patrimonial, el directorio encargó a la administración una evaluación interna sobre los eventuales daños al patrimonio que podrían generar las diferencias con la Contraloría, en atención a que la firma tiene dos bonos en el mercado, uno colocado en 2016 por US$390 millones y otro por US$2.000 millones en 2015.

Gobierno corporativo: tres cambios legales sugeridos

La minuta que circula entre parlamentarios propone tres cambios legales sugeridos por la actual administración de la estatal para mejorar sus controles.

—Un ley interpretativa de la actual Ley de Gobierno Corporativo, donde se exprese «que la gestión de la empresa se rige exclusivamente por las disposiciones de su propia ley, y en lo que no se oponga a ella, por la Ley de Sociedades Anónimas».

—Una ley de desacoplamiento del ciclo político del gobierno corporativo, donde se cambie el mecanismo de designación de los actuales tres directores nombrados por la presidencia. La idea es que no sean nombrados de inmediato al cambiar el gobierno, sino que se programen de manera escalonada y sean elegidos por Alta Dirección Pública, como sucede con los otros 4 directores actualmente. Eso sí, que se reserve para el gobierno la facultad de escoger al presidente del directorio.

—Una ley de fortalecimiento de Cochilco en que se asegure un buen cumplimiento de su función fiscalizadora y se clarifique su relación con la Contraloría.

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Luego de realizar un congreso técnico extraordinario hace dos semanas, los dirigentes de la organización se reunieron en un plenario en Santiago donde trazaron los pasos a seguir.

“En el congreso se desnudaron todas las falencias y problemas que existen en la Corporación a nivel divisional, lo que ha perjudicado a todos los trabajadores de Codelco”, comenta el consejero nacional de la FTC, Erick Condori.

En el congreso extraordinario, dirigentes levantaron críticas a la administración por las modificaciones al plan de negocios de la empresa y a las dotaciones en divisiones, que acusaron son reducidas.

También se expuso sobre la necesidad de invertir en el área de fundición y refinería y pedir que en el caso de Chuquicamata, los trabajadores que quieran seguir en la división cuando se haga subterránea, puedan hacerlo.

Condori añade que existen diferencias de condiciones laborales entre los trabajadores antiguos y los nuevos, lo que será conversado con la administración.

Pero también levantarán banderas más amplias, como realizar gestiones políticas para avanzar en el fin de la Ley Reservada del Cobre o que se establezca un mecanismo de capitalización efectiva.

Añade que la primera fase será sólo gestión, tanto para solucionar temas internos como externos, pero de no alcanzar sus objetivos, los presidentes de todos los sindicatos más los consejeros nacionales se reunirán para definir una estrategia de movilizaciones.

“Si no conseguimos nuestros objetivos, nos juntaremos en consejo ampliado con los presidentes de todos los sindicatos y tomaremos cartas en el asunto, como puede ser un paro nacional”, dijo Condori.

Agregó que la idea es realizar las movilizaciones de forma creciente. Primero, sostuvo, se realizarán marchas en algunas ciudades, luego podría ser la paralización por una hora hasta llegar a una huelga general.

“Nos juntaremos y definiremos un plan de movilizaciones que vaya en escalada hasta alcanzar un punto de, por ejemplo, decir que Codelco se para hasta que no se solucionen las problemáticas, tanto internas como las externas que tienen en la actual situación a la empresa”, señaló.

En un primer momento se había anunciado que el jueves pasado se darían a conocer las resoluciones del congreso, pero finalmente la actividad fue suspendida, pues según comentaron algunos sindicatos, aún estaba pendiente la redacción de los acuerdos alcanzados.

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Hoy, cuando resulta insostenible mantener esta ley, el debate público se llena de fantasmas y distorsiones. Por un lado, existe el temor de que superar la ley reservada menoscabe a las Fuerzas Armadas y con ello se genere un riesgo para la seguridad del país. Por otro lado, un amplio sector del país parece creer que todos los problemas de Codelco se resolverían sin esta ley.

Este es el momento para que el país demuestre su madurez, resolviendo esta situación a través de una evolución tanto en materia de gestión de empresas públicas como de manejo democrático de su seguridad nacional. En efecto, es necesario reconocer que la ley reservada del cobre es una mala solución para un país con el nivel de desarrollo que ostenta en el concierto internacional de naciones, incluyendo su membresía a la OECD. La ley reservada del cobre pudo funcionar bien por décadas, mientras alcanzaban los recursos que se extraían de las grandes minas –Chuquicamata y El Teniente especialmente, hoy en manos de Codelco-, sin afectar su competitividad, situación que ya no es posible. Y también esta ley funcionó mientras Chile fue un país de ingreso relativamente bajo, en el cual la compra de armamentos era un tema de extrema complejidad, con el agravante de relaciones entre militares y sociedad civil que no siempre estaban revestidas de confianza.

Por lo anterior es que este precario sistema, concebido como una solución imperfecta en el marco de un país subdesarrollado, no puede ser continuado a menos que se estime –a modo de vergonzosa confesión-, que el Chile actual no es capaz de contar con un sistema mejor.

Lo que está en juego por tanto es la posibilidad de evolucionar en dos aspectos simultáneamente. Por una parte, Codelco sin la obligación de la ley reservada, no sólo puede dejar atrás las rigideces financieras que le significa, sino que daría un paso más en el camino hacia ser entendida y considerada por el Estado como una empresa autónoma y profesional y no como su vaca lechera. Es cierto que Codelco aún debe recorrer un camino largo para llegar a contar con un estatus plenamente profesional e independiente, pero es este el único que asegura su viabilidad en el largo plazo como empresa pública.

Por otro lado, la oportunidad para las Fuerzas Armadas es la de evolucionar hacia una vinculación financiera con el Estado que se base en una relación de confianza y largo plazo, de acuerdo a su rol en las necesidades del país. Ciertamente este es un tema sensible, ya que es verdad que no abunda la visión de largo plazo en el mundo político, pero ya es demasiado tarde para intentar evitar esta discusión. La crisis de Codelco y el destape de la corrupción agotaron las holguras.

La superación de la ley reservada del cobre, anunciada para fines de este año, permitirá evaluar cuán maduro está nuestro sistema democrático y nuestro Estado. Y sabremos si hay visión y voluntad suficiente para permitirle a Codelco avanzar hacia condiciones que aseguren su competitividad en la industria mundial del cobre así como para construir una relación más madura con las Fuerzas Armadas.

La presente columna fue publicada por el autor en La Tercera: http://www.latercera.com/voces/codelco-militares-capaz-chile/

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Tal como informó PULSO ayer, la estatal recortó en unos US$2.251 millones su plan de inversión, pasando de US$20 mil millones -inicialmente proyectaba unos US$25 mil- a un monto cercano a los US$18 mil millones.

Frente a esto, ex directores, administrativos y expertos coinciden en un punto: La decisión está en línea con las restricciones presupuestarias de la minera y de la actual situación del mercado del cobre.

“La decisión viene a confirmar las dificultades en las que se encuentra la empresa, y me parece que hoy lo más importante para la opinión pública es conocer cuál es el impacto que va a tener esta situación en los niveles de producción que se esperan de aquí al 2025, al menos, y así tener una idea clara de cual es la situación financiera en que se va a encontrar la empresa en este periodo”, indicó Jorge Bande, ex director de Codelco y actual director de CESCO.

Por su parte, Diego Hernández (en la foto), ex presidente ejecutivo de la minera y presidente de Sonami explica que “Codelco está adaptando su plan de inversiones a las capacidades financieras que tiene la empresa (…) Podría caer un poco la producción y después recuperarse, pero esa es su realidad”.

Mientras que Juan Carlos Guajardo, Director ejecutivo de Plusmining, es más cauto y estima que la estatal está sincerando lo que la administración de Codelco viene advirtiendo desde ya hace un rato: la necesidad de aplazar y repensar proyectos.

En este sentido, descarta que la producción de la minera se vea gravemente afectada por el retraso de más iniciativas, ya que sabrá hacer proyectos de menor envergadura que reemplacen la mayor parte de su producción. “Es muy posible que el anuncio que hace Codelco no signifique una penalidad tan importante como se habría previsto inicialmente, y que Codelco busque caminos alternativos que le permitan mantener un nivel de producción que no implique un desplome tan grande”, dice.

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Así lo informó Eduardo Muñoz, presidente del Sindicato Sewell y Mina Unificado Teniente, quien agregó que la propuesta se dio a conocer a los socios de esa entidad durante una asamblea que se realizó el jueves último.

Entre otros puntos, la empresa propuso un “traslape”, que consiste en que el trabajador no deje el turno hasta que llegue el que continuará la labor. Y ese tiempo en que espera su reemplazo será pagado por la minera.

Muñoz explicó que junto con ese ofrecimiento, la empresa solicitó que el sindicato se desista de una demanda contra la División por el pago del tiempo de viaje entre Colón y el interior mina, la que está en desarrollo.

“En la asamblea –dijo Muñoz- se informó de la propuesta para los trabajadores de la gerencia Mina. Tras conocerla, dijeron que prefieren esperar que el juicio avance y esperar los resultados de la demanda. Además, la empresa propuso un cambio en la jornada laboral para los trabajadores de la gerencia Planta, que consiste en trabajar un día 9 horas, tres días trabajar 12 horas y descansar 3 días. Tampoco aceptaron”.

El dirigente aclaró que el rechazo de la asamblea a la propuesta no es algo grave, ya que “éste es un proceso de varias conversaciones, en que se busca mejorar algunos indicadores, dada la situación que enfrenta Codelco, por la baja del precio del cobre, la baja ley del mineral, el envejecimiento de los yacimientos y otros factores”.

PLAN DE EGRESO FOCALIZADO

En la asamblea se trató también el plan de egreso focalizado que la División quiere poner en práctica, con el fin de que se acojan a retiro los trabajadores que presentan enfermedades profesionales serias y/o condiciones incapacitantes.
El tema se está conversando con los dirigentes sindicales y según algunos de éstos serían unos 300 a 400 los trabajadores afectados por enfermedades y grados de incapacidad.

Finalmente, Muñoz informó que a la asamblea asistieron unos 170 socios y que la reunión se efectuó en un ambiente de respeto.

Cabe señalar que dicho sindicato ha tenido varios conflictos en los últimos meses. Hubo una expulsión de dirigentes que después fue anulada por la Dirección del Trabajo, pero el tema sigue en los tribunales.

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Ello representa una baja de 3% en los traspasos estimados para este año y es la séptima caída consecutiva anual. En todo caso, la mayor caída se observó en 2015, con una baja de 50%.

«Ello es debido principalmente a un incremento en los costos de producción, los que, medidos en dólares, se incrementan en 4,6% en 2017 respecto de 2016», explica el Informe de Finanzas Públicas, documento que acompaña al Presupuesto 2017 y que fue presentado ayer por el director de Presupuestos, Sergio Granados, ante el Congreso.

Los ingresos totales del fisco crecerían solo 1,7% el próximo año, totalizando US$ 52.184 millones. Dado el bajo aporte de Codelco, ello se sostiene mayormente por la recaudación tributaria, que crecería 4%. Esta, a su vez, sería impulsada por un repunte de los aportes de la minería privada de 235%. Mientras, la tributación del resto de los contribuyentes aumenta solo 0,3%.

La tributación minera crecerá fuerte en 2017 debido a la baja base de comparación, ya que este año hubo más devoluciones en la Operación Renta que recaudación.

A su vez, en el resto de los contribuyentes, la base de comparación es alta este año, sobre todo en los primeros meses, debido a los ingresos por la medida de registro de capitales en el exterior.

El IVA se proyecta con un crecimiento de 4% para el próximo año; los impuestos a los productos específicos, con un 3,2%; el impuesto al comercio exterior, con 6,5%, y el impuesto a los actos jurídicos, con un crecimiento de 0,2%.

Los supuestos macroeconómicos presentados por la Dipres ayer consideran que el precio del cobre se mantendría en los niveles actuales, pasando de US$ 2,16 la libra como promedio 2016 a US$ 2,20 la libra el próximo año.

Además, proyectan que la demanda interna se expandiría 2,8% en 2017 y 4% en 2018, lo que considera un repunte del consumo y la inversión hacia adelante versus el 1,4% que se expandiría este año.

Un 2016 peor a lo proyectado

Pese al escenario estrecho que se dibuja para el próximo año, el 2017 sería levemente mejor que este año. Según las cifras oficiales, los ingresos totales del fisco en 2016 muestran una caída de 0,2% respecto de 2015. Ello, debido a la baja de 18,1% que registrarán los traspasos de Codelco este año y una nula variación de los ingresos tributarios en comparación con 2015, pese a los aportes que entrega la reforma tributaria con el alza del impuesto de primera categoría.

Avance en trayectoria del déficit

La Dipres dio a conocer que con la trayectoria de reducción del déficit en cerca de 0,25 puntos porcentuales por año, se llegaría a una cifra de -0,8% del PIB recién en 2020, evolucionando desde el -1,7% del PIB actual. El año pasado, y antes de la revisión que hizo Hacienda con los nuevos parámetros estructurales de precio del cobre y PIB tendencial, el ministro Valdés proyectaba que ese -0,8% del PIB se alcanzaría ya en 2018.

«Esta política que implementamos la hicimos justamente porque teníamos mucha incertidumbre respecto a los parámetros estructurales, y comprometernos a una trayectoria de balance estructural con distintos parámetros habría significado vaivenes en el gasto fiscal para el cual no estábamos preparados», dijo Valdés ayer.

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Esto, porque según una publicación interna la administración junto a la mesa directiva ya tomaron la decisión de reprogramar inversiones por US$2.251 millones en relación al plan original -que contemplaba en un inicio inversiones por US$25 mil millones, posteriormente US$23 mil millones, y actualmente unos US$20 mil millones-, lo que significa que para el quinquenio a 2020 la estatal invertirá unos US$18 millones.

“Para el mediano y largo plazo, modificaremos la estrategia para la materialización de los proyectos, pasando de un plan de desarrollo que los realizaba de manera simultánea a uno que los reprograma secuencialmente. Esto permitirá una mejor gestión, asegurando la solución de problemas técnicos, la disponibilidad de recursos, el resguardo de los niveles de producción, entre otros aspectos”, explica en el documento Codelco.

En concreto, la minera optó por postergar hasta 2024 el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros Fase II, iniciativa con resolución de calificación ambiental (RCA) aprobada este año, y que proyectaba su inicio de operación a fines de 2017.

Desde la administración ya habían indicado que el proyecto -que contemplaba una inversión de unos US$5.400 millones, la mayor en la historia de la empresa- “no volaba” con los precios del cobre actuales, por lo que requería una reformulación para cumplir con los parámetros básicos para llevar adelante dicho desembolso.

“La ley de cabeza, que es 0,47%, con un porcentaje importante de solubles en la cabeza que hacen que los diseños de ingeniería aún no hayan podido ser lo suficientemente confiables como para rentabilizar convenientemente a una tasa del 8% el proyecto. Es un proyecto que todavía necesita más pensamiento, más productividad, para que efectivamente pueda ser viable; pero tiene que ser viable”, había advertido Nelson Pizarro a PULSO en agosto pasado.

A esto se suma la decisión de extender la suspensión del proyecto minero Minería Continua, que se buscaba implementar en el yacimiento Río Blanco de la división Andina, aplazando su primer hundimiento para 2019. Asimismo, se postergó el desarrollo de la mina del tercer panel inferior en la misma división.

En cuanto al aproblemado proyecto Nuevo Nivel Mina El Teniente -que busca mantener la producción en dicha división del distrito Centro Norte-, la administración sinceró su inicio estimado para 2023. Sin embargo, esta iniciativa -que fue suspendida por problemas geomecánicos en el macizo rocoso- mantendrá su producción estimada inicialmente de 137.000 toneladas por día (tpd), que equivalen a una producción en régimen en torno a 434.000 toneladas de cobre fino al año.

Desde la empresa indican que dicho proyecto por estos momentos “sigue con el desarrollo de su zona de explotación, mientras se trabaja para solucionar técnicamente la construcción de los túneles”.

Finalmente, en relación al proyecto expansión Andina -ex Andina 244-, actualmente en prefactibilidad, se proyecta un yacimiento de un mayor tamaño sustantivo, con una producción de 150.000 toneladas por día, que iniciará su producción hacia el 2024.

Todo lo anterior, indicó la minera en su documento, “implicará reprogramar inversiones por US$2.251 millones en relación al plan original, por lo que para el quinquenio 2020 el plan alcanzará US$18.000 millones, contribuyendo así a una mayor sostenibilidad de la cartera de proyectos.

Los que se mantienen

En la otra vereda, los proyectos que no sufren modificaciones son Chuquicamata Subterránea y Traspaso Andina, que continúan su construcción de acuerdo a lo planificado, con inicio de sus operaciones en 2019 y 2020, respectivamente.

En cuanto al proyecto estructural de la división Salvador, Rajo Inca, avanza.

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En el marco del proceso no contencioso que está vigente en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la minera expresó en julio su opinión negativa a la petición de modificar las barreras accionarias en la concesionaria.

En la presentación, Codelco señala que todos los puertos de uso público de la Segunda Región se encuentran operados o concesionados por SAAM (Luksic) o Ultramar (von Appen), por lo que, dicen, tienen solo dos opciones: Angamos o el terminal N°2 de Antofagasta.

Agregan que si no existe una regulación que proteja la competencia, como sería el dictamen que limita hasta en 40% la participación accionaria en ATI “todas las salidas portuarias de uso público en la II Región podrían ser controladas por alguno de estos dos grupos empresariales”.

Y agregan: “La consolidación de una situación de mercado de estas características, podría generar una serie de riesgos que perjudicarían directamente a Codelco, afectando sus costos y por ende sus utilidades y los excedentes que debe generar”.

Añaden que alzar las actuales restricciones generaría riesgos para la libre competencia y ejemplifican lo que ocurre con el ferrocarril (FCAB), que es propiedad del grupo Antofagasta plc, que también participa del negocio minero a través de AMSA con faenas en la Segunda Región como Centinela, Antucoya y Zaldívar. “Deja en evidencia que el peligro de la integración vertical para Codelco es que el FCAB discrimine a favor de ATI”, se lee en el documento.

Cambio de criterio

En 2014, cuando se consultaron las condiciones de licitación para el terminal 1 de Antofagasta, se permitió que el concesionario del puerto y los usuarios relevantes puedan tener hasta el 60% de la propiedad de la concesionaria, pero se incluyó como nuevo criterio que el tren es un usuario relevante, lo que no había ocurrido antes.

Es por eso que ATI pidió a la empresa portuaria -EPA, que actúa como regulador- que se consultara si se podía elevar esta barrera accionaria, lo que fue apoyado por la estatal.

Fuentes de ATI dicen que en el caso del ferrocarril no existen peligros para la libre competencia. Explican que cuando se contrata al ferrocarril, es la minera la que define su destino.

Añaden que la participación de ATI en la trasferencia de carga ha ido a la baja (es menos del 15%) y hasta las propias minas del grupo Luksic contratan al terminal que resulte más conveniente en su minuto. Recalcan que no existe poder compra.

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“Lo importante es que el Ejército tiene que asegurar las capacidades militares, cual sea el sistema de financiamiento, cual sea la metodología de cómo se busque(…). Los 100 años de paz tienen una inversión. El estar en paz tiene un costo y hemos sido capaces de administrarla. Hay que hacer un balance si esa inversión ha tenido un beneficio para Chile. El Estado ha definido un modelo, no las Fuerzas Armadas”, dijo cerca de las 9.30 en la Plaza Baquedano, cuando dejó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido.

Posteriormente, en su discurso, realizado tras la condecoración, el ministro Gómez se refirió a la discusión sobre los cambios al financiamiento: “Una sociedad exige mayores transparencia y discute sobre el desarrollo de las Fuerzas Armadas. Es nuestra tarea que ese proceso se haga de manera coherente. Que el financiamiento de las FF.AA. no se discuta en un Parlamento que pueda estar analizando temas coyunturales”.

Posteriormente, tras la ceremonia, agregó que “la Ley Reservada del Cobre cumplió un ciclo muy importante en el desarrollo de las fuerzas armadas (…) Por lo tanto, cualquier cambio que se haga, respecto del cual estamos totalmente disponibles a hacerlo, tiene que contar con un financiamiento asegurado. Es importante que las capacidades no se vayan deteriorando en el tiempo, y para eso se requiere un proceso de inversión a largo plazo”.

Sobre la posible derogación de esta legislación, el ex ministro de Defensa y actual senador de RN, Andrés Allamand, indicó que no hay razones para mantener “congelados” los cambios a esa normativa e “instalar un nuevo sistema de financiamiento”. Agregó que “Chile tiene hoy, gracias a las inversiones hechas en el pasado, las capacidades estratégicas que el país requiere. La nueva ley no puede debilitar esas capacidades. Es perfectamente posible avanzar en la materia con un gran consenso nacional”.

El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, el diputado PPD Jorge Tarud, manifestó que “en la mayoría de los países del mundo los presupuestos de Defensa son aprobados por el Parlamento, Chile es una excepción en ese sentido. Nosotros como Cámara de Diputados hace más de tres años que aprobamos un proyecto que deroga esta norma, eso quedó trabado en el Senado, sin ninguna explicación”.

Parada Militar

Ya en la tarde, a las 14.55, el comandante en jefe del Ejército, la Presidenta Michelle Bachelet y cientos de autoridades de los tres poderes del Estado estaban en el palco de la elipse del Parque Oâ€Higgins. Ahí, 8.576 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de los cuales 856 eran mujeres, participaron en la tradicional Parada Militar con la que se celebró el 206 aniversario de la Independencia de Chile y de las Glorias del Ejército.

El inicio de la actividad fue un poco tenso debido a pifias de algunos de los asistentes del público al ingreso de Bachelet en un vehículo militar. Posterior a esto, se realizó el tradicional esquinazo, y el comandante de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana, general de brigada Oscar Mezzano, pidió la autorización y se dio inicio al desfile. Durante ese período, la gente usó sombrillas para evitar el fuerte sol y los cerca de 31 grados que se registraron durante la tarde.

Entre las novedades de este año destacaron los 26 vehículos blindados Humvee del Escuadrón de Apoyo Logístico. Además, estuvo la presentación de los Halcones de la Fach, y la exhibición del helicóptero Black Hawk UH-60. También se contó con la presentación de Carabineros, en la que destacó la Brigada Canina de la institución. Además, los perros tenían una protección especial en las patas para evitar que se dañaran durante operativos policiales. “Esta Parada Militar, que ha sido impecable, ha mostrado el gran profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros”, dijo Michelle Bachelet al término de la ceremonia a las 17.33.

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