Chile es un país pequeño, que se enfrenta al desafío de superar las grandes y graves desigualdades que lo aquejan, conciliando crecimiento económico con preservación del medio ambiente y sustentabilidad social. Ello exige liderazgo y disposición de las elites a asumir buena parte de los costos que implica el proceso de cambio.
Desde la perspectiva económica, avanzar hacia una economía dinámica, inclusiva y sustentable plantea la exigencia de acelerar el crecimiento y las reformas pendientes más demandadas por la mayoría de los chilenos, tales como, la calidad de la educación, la reforma al sistema de pensiones e Isapres, la seguridad ciudadana, el Sename y otras iniciativas en el ámbito de los derechos sociales.
Un esfuerzo de esta naturaleza requiere de un Estado democrático, al servicio de la gente y capaz de aunar voluntades detrás de un proyecto común. Es la única forma de garantizar convergencia entre el corto y el largo plazo.
La así llamada economía del bienestar fue la forma en que los países del norte de Europa despejaron el camino al crecimiento. Aprovechando las condiciones políticas y sociales de la posguerra, fueron exitosos en construir una poderosa red de protección social, que les ha permitido crecer en forma inclusiva y sustentable.
En prácticamente todas estas economías el gasto público se ha situado en torno al 50% del PIB. En Chile la cifra comparable es del orden del 22%. Parte de esta disparidad se explica por diferenciales de productividad y el resto porque los ciudadanos europeos valoran positivamente la calidad del gasto corriente y de inversión que ejecuta el Gobierno, lo que no ocurre en Chile. Desafortunadamente, el Estado y sus instituciones no han escapado de la crisis de confianza que nos afecta. La ciudadanía percibe al Estado como poco transparente, corrupto, clientelista y no creíble, lo que limita, entre otros efectos, su capacidad para articular grandes acuerdos (temas país) y liderar el camino hacia un proyecto común.
Como país debiéramos aspirar a que, en un plazo máximo de diez años, todos los ciudadanos puedan acceder a una buena calidad de vida: estudios completos, empleo productivo, cobertura de salud de calidad, vivienda digna, seguridad personal y familiar. Estimaciones independientes sugieren que ello podría lograrse con un avance decisivo en modernización del Estado y un régimen tributario que, combinado con endeudamiento, no superen una participación del 30% del PIB.
Un precio de largo plazo del cobre de US$3,5/libra es un supuesto clave de estas proyecciones. El otro es la aplicación de un nuevo régimen tributario, más simple y equitativo, que contemple una sobretasa sobre las utilidades extraordinarias que generen las empresas.
El crecimiento de la economía chilena, abierta al intercambio comercial y a los flujos de capital e intereses, depende en buena medida del comportamiento de sus exportaciones no cobre. Éstas, a su vez, dependen del comportamiento del tipo de cambio real, que impacta en forma diferente a todos los sectores de la economía. Las Pymes son las principales perjudicadas por estos fenómenos y de allí la importancia de disponer de algún mecanismo que las proteja.
Es claro que articular un proyecto país con las características del aquí esbozado sería tarea imposible para el actual Gobierno y las cúpulas empresariales. En vez de iniciar un diálogo constructivo con estudiantes, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los pueblos originarios y demás ciudadanos interesados, para sentar las bases del proyecto país, prefieren concentrarse en manejar soluciones “parche” de corto plazo, ganando tiempo a la espera de la recuperación del crecimiento económico, que confían es la respuesta correcta a la mayoría de los problemas. Están equivocados; Chile puede más.