En tiempos de transición energética y desarrollo sostenible, la innovación representa la pieza clave para hacer más competitiva nuestra minería. Los estándares de calidad científica y tecnológica agregan valor al sector productivo, robustecen los perfiles laborales y el capital del conocimiento. Y es que salir del laboratorio al pilotaje, y luego patentar y salir al mercado, es un viaje largo, costoso, y lleno de dificultades.

La inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en la minería chilena representa un desafío estructural crítico: a pesar de que el sector experimenta un auge histórico en su cartera de proyectos (US$83.181 millones para el periodo 2024-2033), la inversión específica en I+D sigue siendo muy baja en comparación con otros países mineros de referencia. El gasto general en I+D de Chile se ubica cerca del 0,34% del PIB, muy por debajo de Australia (1,8%) y Canadá (2,2%). No es solo un rezago de la industria minera: es una deuda del país con su propia capacidad de generar conocimiento, y se siente con más fuerza precisamente donde más nos jugamos el futuro económico.

Somos testigos del crecimiento explosivo de startups nacionales en distintas industrias, y el sector minería no se resta. Con novedosas soluciones resuelven nudos y problemas en la cadena de valor, ofreciendo eficiencia y ahorros que justifican mayor innovación. Sin embargo, la madurez tecnológica y el pilotaje en faenas exigen capital y capacidades de negocio que pocas veces están disponibles cuando más se necesitan: el problema del escalamiento sigue siendo el cuello de botella que frena a los mejores proyectos.

Un estudio de McKinsey y Expande Minería de Fundación Chile identificó cinco obstáculos que dificultan ese salto, confirmando que tener una buena idea y lograr que una minera la adopte a gran escala son, en Chile, dos cosas muy distintas. El primero es el financiamiento: el 87% de las empresas del ecosistema se financia con fondos propios, solo el 6% accede a capital de riesgo, y el 32% enfrenta procesos lentos y burocráticos como su principal traba. El segundo, demostrar el valor: el 55% tiene dificultades para comunicar el impacto de su solución y el 46% no logra nuevos clientes, porque en minería no basta con resolver el problema, hay que demostrar cuánto vale resolverlo. El tercero es el acceso: tener la tecnología no garantiza entrar a una faena; sin contactos ni conocimiento del negocio minero es difícil llegar a probar, y el estudio propone unidades conjuntas de pilotos y protocolos estandarizados para acortar esa distancia. El cuarto obstáculo son los pilotos que fracasan aunque la tecnología funcione: el 64% de las startups con clientes operativos identifica la resistencia al cambio como causa principal, y los cambios de prioridades dentro de las compañías truncan procesos que, técnicamente, ya funcionaban. El quinto es el talento comercial: el 32% tiene dificultades para cubrir perfiles comerciales, porque una startup minera necesita personas que también entiendan cómo funciona la industria a la que quieren venderle.

Lo que este estudio confirma con datos lo vivimos desde el ecosistema emprendedor: el desarrollo de tecnologías para la minería podría ser el próximo ciclo exportador del país. Pero para que eso ocurra se necesita financiamiento de riesgo, puentes institucionales y una cultura corporativa dispuesta a adoptar lo nuevo. Mientras la inversión en ciencia avanza lento, el capital para construir minas vive un dinamismo sin precedentes. Urge debatir cuál es el verdadero motor del crecimiento. La minería del futuro se construye con innovación.

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Eventos meteorológicos severos como el invierno altiplánico, aluviones, una sismicidad de gran intensidad y la constante presión sobre recursos escasos como el agua y la energía, convierten la continuidad operacional en un desafío crítico.

Una muestra dramática de esta realidad del norte del país es el sistema frontal que afectó a la Región de Antofagasta, que provocó la activación de quebradas, aluviones y graves daños materiales en zonas áridas como Tocopilla y Antofagasta, lo que obligó al gobierno a decretar estado de catástrofe provincial. Se registraron cientos de damnificados y más de un millón de personas albergadas, daños a viviendas y varias rutas clave sufrieron cortes temporales o quedaron bloqueados por el material arrastrado de los cerros.

Para la minería, el desafío es crítico. A los riesgos para su personal en terreno, se suma que cada minuto de detención no planificada de faenas representa pérdidas millonarias para una actividad fundamental para la economía del país.

Un estudio de la Escuela de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile estima que, hacia 2030, las precipitaciones extremas podrían reducir entre 1,39% y 5,08% la producción nacional de cobre, equivalente a entre 91.000 y 334.000 toneladas anuales. El impacto económico asociado podría alcanzar aproximadamente US$1.600 millones por año. Por la sequía, las pérdidas estimadas serían de 2,62% a 10,72%, equivalentes a 172.000 a 705.000 toneladas anuales.

La exposición no se limita a la gran minería. El sistema frontal de julio pasado afectó a 383 faenas y generó una pérdida proyectada cercana a 90.000 toneladas de producción minera, de acuerdo con antecedentes difundidos por Enami y reportes sectoriales. El dato muestra que el impacto de una emergencia climática se extiende por toda la cadena: pequeños productores, plantas de procesamiento, transportistas, proveedores y comunidades.

Frente a esta realidad, la respuesta tecnológica no puede limitarse a la automatización de tareas aisladas o a la digitalización en papel. La Inteligencia Artificial, combinada con IoT y analítica predictiva, debe constituirse como el sistema nervioso central de la operación minera. Un sistema capaz de sentir, procesar y reaccionar en tiempo real para proteger tanto el negocio como las vidas humanas.

En el corazón de esta arquitectura de resiliencia destacan los Gemelos Digitales (Digital Twins) integrados con IA, una réplica virtual exacta y en tiempo real de toda la cadena de valor, conectando el activo físico con el entorno digital desde el yacimiento hasta el puerto. Al nutrirse del flujo continuo de datos de miles de sensores, esta tecnología permite modelar infraestructuras críticas, como tranques de relave, túneles y plantas de procesamiento, y someterlas a simulaciones hipotéticas.

La clave de este enfoque radica en la capacidad predictiva. En lugar de reaccionar cuando el agua de una lluvia cordillerana ya ha comprometido un acceso o cuando una réplica sísmica ha desestabilizado una pared, los Gemelos Digitales permiten simular escenarios extremos de forma anticipada. La tecnología modela qué zonas o estructuras colapsarían ante determinada presión, activando protocolos preventivos y desviando flujos de trabajo antes de que la contingencia ocurra.

La minería del presente requiere entender que los riesgos no son sólo eventos repentinos, sino también presiones sistémicas cotidianas. Transformar los datos masivos del terreno en decisiones preventivas automatizadas es el camino para consolidar una industria no sólo más productiva y sostenible, sino verdaderamente preparada para responder a los desafíos de nuestro territorio.

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Hoy, la falla de una válvula a lo largo del proceso impacta directamente en los indicadores de producción, afecta la disponibilidad de los activos, introduce riesgos para la seguridad operacional y compromete los objetivos de la cadena productiva.

Esta tendencia se refleja en los proyectos de expansión minera que actualmente se desarrollan en Chile, donde las exigencias operacionales están llevando a operadores, empresas de ingeniería y proveedores a replantear la forma en que seleccionan equipos para aplicaciones de manejo de fluidos.

En este contexto, el principal reto es mantener una acción de corte o control consistente frente a abrasión, sólidos en suspensión, desgaste acelerado, operación continua y rangos de presión crecientes. En estos escenarios, resulta clave utilizar tecnologías desarrolladas específicamente para las condiciones reales de operación.

Este es el enfoque que Bray ha seguido durante años. Más que adaptar productos diseñados para otras industrias, la compañía ha desarrollado soluciones pensadas para aplicaciones mineras que consideran las condiciones específicas de cada área del proceso, incorporando materiales resistentes a la abrasión, recubrimientos especializados y diseños orientados a proteger las zonas más expuestas al desgaste.

Un ejemplo es SlurryShield®, tecnología diseñada para aplicaciones como transporte de pulpas y lodos minerales, relaves e hidrociclones, donde la presencia de particulado genera un alto nivel de desgaste y suele convertirse en una de las principales causas de intervención y falla prematura en válvulas de corte y control. Su desarrollo respondió a una necesidad concreta de la industria: aumentar la vida útil de los componentes y reducir la frecuencia de las intervenciones, con la consiguiente disminución de costos directos e indirectos asociados a estas fallas.

A medida que la minería avanza hacia operaciones de mayor complejidad y menor tolerancia a las detenciones no programadas, comprender el proceso en su contexto actual y disponer de soluciones diseñadas para condiciones reales de operación se vuelve un desafío clave para los fabricantes. En un entorno donde la continuidad operacional es cada vez más crítica, la ingeniería aplicada al servicio de la confiabilidad está dejando de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad operacional.

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Durante años, la respuesta habría sido un categórico “sí”. Hoy la legalidad sigue siendo indispensable, pero ya no parece suficiente.

Durante décadas, incluso la industria minera ha gestionado los impuestos bajo una lógica relativamente simple: cumplir la ley, optimizar la carga tributaria y defender las posiciones adoptadas frente a eventuales revisiones de la autoridad. Ha sido un modelo técnico, eficiente y acorde con los estándares de su tiempo.

Sin embargo, el contexto cambió.

Así como la industria minera ha debido adaptarse a crecientes exigencias ambientales, sociales y de gobernanza, hoy enfrenta una transformación equivalente en materia tributaria.

La sostenibilidad tributaria se está consolidando como un nuevo estándar de gestión empresarial, especialmente relevante para una actividad sometida a permanente escrutinio público y cuyo aporte al desarrollo del país es estratégico. No es casual que la minería chilena vincule su desarrollo sostenible con la confianza, la transparencia y la licencia social para operar.

Los impuestos dejaron de ser una materia reservada a especialistas; forman parte de las discusiones sobre gobierno corporativo, sostenibilidad, reputación y gestión de riesgos. Ya no basta con adoptar una posición técnicamente legal; también es necesario que el directorio y la alta administración puedan explicarla y sostenerla frente a todos los grupos de interés.

Este cambio es resultado de una evolución internacional impulsada por la OCDE, que ha promovido modelos basados en transparencia, colaboración y gestión preventiva del riesgo tributario.

Chile ha avanzado decididamente en esa dirección. La Ley N° 21.713 y las Resoluciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) establecieron una nueva institucionalidad orientada a la sostenibilidad tributaria. Su objetivo es crear un mejor ambiente de negocios, incentivar capacidades internas de los contribuyentes para gestionar adecuadamente la función tributaria, fortalecer la confianza y permitir a la autoridad fiscalizadora redireccionar las auditorías hacia contribuyentes de alto riesgo.

En este contexto, adquiere especial relevancia el Marco de Control Fiscal, definido como un sistema interno real y efectivo orientado a identificar, evaluar, mitigar y monitorear riesgos tributarios de manera continua.

En una industria caracterizada por proyectos de gran escala, inversiones intensivas de capital, estructuras complejas y múltiples grupos de interés, la gestión tributaria debe concebirse como integrante de la gobernanza corporativa y de la gestión estratégica de riesgos y oportunidades.

La sostenibilidad tributaria supone contar con una estrategia fiscal clara, una adecuada gobernanza, una matriz de riesgos, procesos documentados, mecanismos de publicidad y una participación efectiva del directorio. En definitiva, implica administrar los impuestos con el mismo rigor con que se gestionan la seguridad, el medio ambiente o los riesgos operacionales.

En una industria donde la certeza del entorno normativo y la licencia social para operar son activos estratégicos, la sostenibilidad tributaria aparece como una extensión natural de las buenas prácticas de gobernanza. No se trata de buenismo tributario ni de renuncia a la eficiencia tributaria, sino una forma más sostenible y lúcida de crear valor.

Al igual que los minerales críticos para la transición energética, la confianza se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo empresarial. Y en el nuevo paradigma tributario, esa confianza se construye sobre transparencia, evidencia, colaboración y una gestión estratégica de los riesgos y las oportunidades. Ahí aparece un nuevo valor de la tributación minera.

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Más que una estadística, este resultado refleja una cultura basada en la prevención, la capacitación, la disciplina y el estricto cumplimiento de los procedimientos. En las faenas mineras de Iquique, Antofagasta, Calama y Copiapó, comprobamos cada día que la seguridad es la base que hace posible la continuidad operacional, protege la infraestructura crítica y respalda el éxito de la industria a largo plazo.

En el marco del Día Nacional de la Minera y el Minero, este logro nos recuerda qué es lo más importante en la minería: garantizar que cada trabajador regrese a casa sano y salvo al finalizar su turno.

Después de casi dos décadas trabajando en el sector minero, he aprendido que la seguridad no es un objetivo aislado. Es la base que permite mantener la continuidad operacional, proteger la infraestructura crítica y respaldar el éxito a largo plazo de una industria que continúa siendo esencial para el desarrollo de Chile.

La minería sigue siendo uno de los principales motores económicos del país. De acuerdo con el Consejo Minero, el sector representó el 13,1% del PIB de Chile en 2025 y el 24% al considerar su efecto multiplicador sobre otras industrias. La actividad generó aproximadamente 305.000 empleos directos y las exportaciones mineras alcanzaron los US$63.254 millones. Estas cifras demuestran la importancia de mantener operaciones seguras, resilientes y eficientes en todo el país.

En la minería, la continuidad operacional depende de una compleja red de sistemas que trabajan de manera coordinada las 24 horas del día. Salas de control, subestaciones eléctricas, plantas de proceso, espacios de misión crítica y campamentos requieren protección confiable y un funcionamiento ininterrumpido. Cuando falla un elemento crítico, las consecuencias pueden ir mucho más allá de las pérdidas de producción y afectar la seguridad de los trabajadores, la continuidad del negocio y la resiliencia operacional.

Es aquí donde las tecnologías y los servicios integrados desempeñan un papel esencial. Johnson Controls apoya las operaciones mineras mediante soluciones que incluyen sistemas de detección y supresión de incendios; sistemas HVAC y control de climatización para entornos de misión crítica; seguridad electrónica y control de acceso; sistemas de videovigilancia y monitoreo; automatización y control de edificios; capacidades de monitoreo remoto; y programas de inspección, mantenimiento y servicio a lo largo del ciclo de vida de los activos críticos. Estas tecnologías ayudan a las compañías mineras a proteger a sus trabajadores, resguardar la infraestructura y mantener la continuidad de sus operaciones en algunos de los entornos más exigentes de la industria.

Actualmente, Johnson Controls atiende a clientes mineros en todo Chile, aportando experiencia local y capacidades de servicio en algunas de las regiones mineras más importantes del país. A través de estas alianzas, trabajamos junto a las compañías mineras para fortalecer los estándares de seguridad, proteger la infraestructura crítica y mejorar el desempeño operacional a lo largo de la cadena de valor de la minería.

A pesar de los avances significativos alcanzados en la industria, la seguridad continúa siendo una prioridad permanente. Según Sernageomin, 15 trabajadores perdieron la vida en accidentes mineros durante 2025, la cifra más alta desde 2018. Detrás de cada estadística hay una persona, una familia y una comunidad. Esta realidad refuerza la necesidad de mantener una mejora continua y un compromiso inquebrantable por parte de todos los actores involucrados en las operaciones mineras.

Un aspecto que suele pasar desapercibido al hablar de seguridad minera es el papel que desempeñan los proveedores y socios tecnológicos. Actualmente, las compañías mineras esperan que contratistas y proveedores de servicios actúen con el mismo rigor, responsabilidad y enfoque preventivo que se exige dentro de sus propias organizaciones. La confianza se gana mediante un desempeño constante y se demuestra cada día a través de una ejecución segura.

La seguridad se fortalece cuando las compañías mineras, los trabajadores, los proveedores y los organismos reguladores comparten un objetivo común. Aunque cada actor cumple un papel diferente, todos contribuyen a construir una industria minera más segura, resiliente y mejor preparada para los desafíos futuros.

El Día Nacional de la Minera y el Minero reconoce el aporte de los hombres y mujeres que han dedicado su trayectoria profesional a esta industria. También es una oportunidad para renovar nuestro compromiso colectivo con la prevención, la gestión del riesgo y la protección de las personas.

Después de casi dos décadas apoyando al sector minero chileno, sigo convencido de que nuestro logro más importante no se mide en cifras de producción ni en implementaciones tecnológicas. Se mide en que las personas regresen a casa sanas y salvas cada día. Cuando la seguridad orienta cada decisión, se convierte en el mayor reconocimiento que podemos ofrecer a quienes hacen posible la minería.

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Se trata de una corrección técnicamente fundada. Sin embargo, el proyecto mantiene una omisión: al establecer un valor uniforme para las patentes, no restablece la diferenciación histórica entre la minería metálica y la minería no metálica, pese a que ambas responden a realidades geológicas, económicas, productivas y territoriales sustancialmente distintas. El proyecto mantiene una uniformidad regulatoria que no refleja la heterogeneidad de la actividad minera chilena.

Un criterio regulatorio que el propio Estado reconoció durante décadas

Entre 1983 y 2022, el artículo 142 del Código de Minería reconoció esa diversidad al establecer una patente equivalente a un trigésimo de UTM por hectárea para las concesiones de minería no metálica, los placeres metalíferos y las sustancias existentes en salares, monto significativamente inferior al décimo de UTM aplicable como regla general.

No se trataba de un privilegio ni de una excepción, sino del reconocimiento legislativo de que determinadas sustancias concesibles presentaban características productivas que justificaban un tratamiento diferenciado dentro del régimen de amparo minero.

Esa distinción desapareció con la Ley N° 21.420 (2022), en el contexto de las medidas destinadas al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal.

El proyecto actualmente en tramitación corrige la progresividad incorporada por esa misma ley, pero mantiene intacta la eliminación de dicha diferenciación, pese a que diversos gremios y especialistas han planteado la conveniencia de restablecerla.

Una actividad diversa que exige una regulación proporcional

La minería no metálica está lejos de constituir una realidad homogénea. El Anuario de la Minería de Chile 2024 clasifica la producción de rocas y minerales industriales en tres grandes categorías diferenciadas según el destino económico de las sustancias explotadas y la estructura productiva de quienes las desarrollan. Esa clasificación confirma que la minería no metálica reúne actividades de naturaleza muy distinta y que, por consiguiente, un régimen uniforme de patentes no necesariamente produce resultados regulatorios equivalentes.

En el caso de la minería químico-industrial, asociada a sustancias como el yodo, el litio, los nitratos y los boratos, su explotación se concentra principalmente en los salares y el caliche del norte del país. Se trata de operaciones de gran escala, con marcada orientación exportadora. A su vez, la minería no metálica destinada a abastecer la industria de la construcción se basa en la explotación de calizas, arcillas bauxíticas, pumicita y otras sustancias. A diferencia del segmento anterior, su producción se orienta casi exclusivamente al mercado interno y responde a una lógica vinculada al desarrollo de infraestructura y obras civiles.

La producción de minería no metálica se extiende incluso a regiones donde no existe minería metálica, como ocurre con la zeolita en el Maule o la turba en Los Lagos y Magallanes, así como a regiones tradicionalmente mineras donde estas sustancias constituyen actividades económicas complementarias, como sucede con el talco en Valparaíso.

La ausencia de una diferenciación no produce los mismos efectos sobre todos los titulares de concesiones, quienes cumplen un rol relevante en el empleo regional, el abastecimiento industrial y el desarrollo productivo de numerosos territorios.

Una oportunidad para perfeccionar la coherencia normativa

La discusión no consiste en restablecer un beneficio sectorial ni en debilitar el régimen de amparo minero; sino en determinar si una regulación uniforme resulta compatible con una actividad cuya diversidad productiva ha sido reconocida históricamente por el propio legislador y documentada por la autoridad técnica competente.

Durante casi cuatro décadas el ordenamiento jurídico chileno distinguió entre minería metálica y minería no metálica al establecer el monto de las patentes. Esa diferenciación desapareció en el contexto de una reforma cuyo propósito principal fue de naturaleza tributaria y no el rediseño de la política minera nacional.

El Senado dispone de una oportunidad para perfeccionar técnicamente esta reforma. Restablecer una diferenciación objetiva para la minería no metálica es recuperar un criterio regulatorio que el ordenamiento jurídico chileno consideró válido durante casi cuarenta años y que continúa encontrando fundamento en la realidad productiva, territorial y económica del país. En política pública, tratar de manera diferente aquello que objetivamente es diferente no constituye un privilegio; constituye una condición esencial para construir una regulación proporcional, coherente y orientada a la creación de valor público.

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Cuando una industria entra en un ciclo de crecimiento como este, la conversación deja de centrarse únicamente en cuánto se va a invertir. La pregunta pasa a ser cómo lograr que esa inversión genere el mayor valor posible durante las próximas décadas.

En ese contexto, hay un dato del estudio que abre una oportunidad relevante. La capacidad de implementar nuevas tecnologías pasó del octavo al séptimo lugar entre los principales cuellos de botella identificados por el ecosistema minero. La señal no apunta a una falta de avances, sino a una industria que eleva sus expectativas y reconoce que la transformación tecnológica requiere nuevas capacidades, una planificación temprana y una mirada integral del negocio.

Hoy existe una comprensión mucho más extendida de que la transformación digital no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas. Requiere diseñar arquitecturas tecnológicas robustas, integrar los mundos IT y OT, fortalecer la ciberseguridad y desarrollar capacidades que permitan operar esos sistemas de manera eficiente durante todo el ciclo de vida de una faena, actuando como un habilitante clave para las iniciativas con foco en los procesos y personas.

En la práctica, esa evolución ya está ocurriendo. Cada vez vemos más proyectos que incorporan la arquitectura tecnológica desde las primeras etapas de ingeniería, entendiendo que una decisión temprana reduce riesgos, optimiza la implementación y facilita la escalabilidad futura. La tecnología deja de ser un componente adicional para transformarse en parte del diseño mismo de la operación.

Por supuesto, el desafío no desaparece. El crecimiento de la cartera de proyectos también incrementará la demanda por especialistas capaces de integrar tecnologías complejas y acompañar estos procesos de transformación. Pero esa presión es, al mismo tiempo, una señal del momento que vive la industria, donde el conocimiento y la innovación adquieren un rol tan estratégico como la inversión.

Y si este ciclo histórico de inversión viene acompañado por una incorporación cada vez más temprana e inteligente de la tecnología, construiremos una industria más productiva, resiliente y preparada para competir en un escenario global donde la innovación ya dejó de ser un diferenciador y pasó a ser una condición para liderar.

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Hoy, el acceso a minerales críticos se ha convertido en un asunto de seguridad económica y estratégica para las principales potencias del mundo. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y otras economías industrializadas están desplegando políticas destinadas a asegurar el suministro de recursos considerados esenciales para la electromovilidad, la digitalización, las energías renovables y la industria de defensa. La discusión ya no se limita a cuánto mineral existe en el subsuelo, sino a quién será capaz de producirlo, procesarlo y suministrarlo bajo estándares confiables.

Esta transformación está modificando la forma en que los países construyen sus relaciones económicas. Los minerales críticos han comenzado a ocupar un espacio que históricamente estuvo reservado para el petróleo y el gas. La seguridad de suministro se ha transformado en un objetivo de política exterior y la minería, en una herramienta cada vez más relevante dentro de la diplomacia económica contemporánea.

La consecuencia es evidente. Los países que logren integrarse a estas nuevas cadenas de valor no sólo accederán a mayores oportunidades de inversión, sino que también fortalecerán su posición estratégica en un escenario internacional cada vez más competitivo.

Chile posee condiciones para participar de esa transformación. Su tradición minera, estabilidad institucional, conocimiento técnico y potencial geológico constituyen ventajas relevantes. Sin embargo, ninguna de ellas garantiza resultados por sí sola. La experiencia internacional demuestra que la disponibilidad de recursos es apenas el punto de partida. Lo determinante es la capacidad para convertir ese potencial en proyectos concretos capaces de responder a los requerimientos de mercados cada vez más exigentes.

En este punto aparece una brecha que merece mayor atención. Mientras otras jurisdicciones han desarrollado ecosistemas especializados para impulsar exploración, atraer capital de riesgo y acelerar el desarrollo de nuevos proyectos, Chile continúa mostrando debilidades precisamente en esas etapas. La discusión pública suele concentrarse en grandes operaciones ya consolidadas, pero el futuro de los minerales críticos dependerá en gran medida de la capacidad para identificar, financiar y desarrollar iniciativas emergentes.

La exploración temprana sigue enfrentando limitaciones importantes. El acceso a financiamiento especializado es reducido, los incentivos son insuficientes y la generación de información geológica continúa avanzando a un ritmo inferior al que exige la competencia internacional. Como resultado, existe el riesgo de que el país posea recursos con potencial estratégico sin desarrollar las condiciones necesarias para transformarlos en una ventaja efectiva.

A ello se suma una segunda exigencia que será cada vez más relevante. Los mercados internacionales ya no evalúan únicamente reservas o volúmenes de producción. También exigen trazabilidad, gobernanza, sostenibilidad, transparencia y estándares técnicos comparables a los de las jurisdicciones más avanzadas. La competitividad minera del futuro dependerá tanto de la calidad de los recursos como de la calidad institucional que los respalda.

Por esa razón, la discusión sobre minerales críticos no debería limitarse a identificar nuevas oportunidades geológicas. Lo que está en juego es la capacidad del país para integrarse a una nueva arquitectura económica internacional que ya comenzó a configurarse. La pregunta no es si Chile posee los recursos para participar en ella. La verdadera pregunta es si será capaz de actuar con la velocidad, coordinación y visión estratégica que exige el nuevo escenario global.

La ventana de oportunidad sigue abierta, pero no permanecerá así indefinidamente. Mientras otros países avanzan para asegurar su posición en las cadenas de suministro del futuro, Chile debe decidir si quiere ser un observador privilegiado de esa transformación o uno de sus protagonistas.

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Sin embargo, ese loable propósito, deviene en algo impracticable para el país, en razón del conflicto jurídico existente entre lo que disponen las normas hoy vigentes en el texto de la Ley SBAP, y, la ineludible obligación de acatar los ejes fundamentales de un estado de derecho, como son la certeza jurídica, los derechos adquiridos, la irretroactividad de la ley, el respeto del derecho de propiedad y ciertamente de la libertad para contratar y emprender cualquier actividad que no sea contraria a la constitución y las leyes.

La entrada en vigor de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), abre un debate que trasciende lo ambiental. Lo que está en discusión no es si debemos conservar la biodiversidad —en eso existe amplio consenso—, sino la forma en que esa protección se implementará y las consecuencias económicas y patrimoniales que esto tendrá sobre quienes son dueños de derechos mineros e inmuebles en los cuales desarrollan sus actividades productivas e industriales.

Uno de los aspectos que más inquietud genera es la amplitud de las atribuciones que la nueva institucionalidad ambiental concentrará de forma exclusiva para la planificación y administración del territorio. La creación de los llamados ‘Sitios Prioritarios’, los nuevos instrumentos de conservación y las incuantificables nuevas exigencias en materia de compensaciones ambientales que podrían modificar profundamente las condiciones bajo las cuales hoy operan proyectos mineros, industriales, agrícolas, forestales, energéticos y de infraestructura.

La preocupación aumenta cuando existe la percepción de que estas nuevas herramientas de gestión ambiental podrían afectar permisos previamente otorgados o imponer exigencias adicionales e incluso retroactivas a proyectos que ya cumplieron con toda la normativa vigente. La estabilidad regulatoria es un activo indispensable para cualquier economía que aspire a atraer inversión y generar empleo. Si las reglas pueden aplicarse retroactivamente una vez que las inversiones ya fueron realizadas, inevitablemente aumenta la incertidumbre.

La minería conoce mejor que nadie la importancia de compatibilizar producción y protección ambiental. Durante las últimas décadas el sector ha incorporado estándares cada vez más exigentes, herramientas de evaluación ambiental rigurosas, planes de cierre, monitoreo permanente y una creciente incorporación de tecnologías para disminuir sus impactos. El desafío, por tanto, no consiste en elegir entre minería o biodiversidad, sino en construir un marco regulatorio balanceado que permita avanzar en ambas dimensiones.

El marco regulatorio ambiental debe descansar sobre mandatos legales claros, criterios técnicos indubitados, evidencia científica comprobada y procedimientos transparentes. Las decisiones respecto del uso del territorio deben ofrecer reglas precisas, objetivas y previsibles, evitando espacios de arbitrariedad que puedan afectar la confianza de inversionistas, comunidades y propietarios.

Chile necesita consolidar su institucionalidad ambiental, pero también preservar las condiciones que han permitido el desarrollo de sectores estratégicos para la economía nacional. La pequeña, mediana y gran minería, al igual que muchas otras actividades productivas, requieren certezas técnicas y jurídicas para seguir invirtiendo, innovando y generando oportunidades para las regiones.

El verdadero desafío no consiste en enfrentar propiedad y conservación como objetivos incompatibles. Consiste, precisamente, en lograr que ambos avancen de manera equilibrada. Proteger la biodiversidad es indispensable; hacerlo respetando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos y el desarrollo económico del país también lo es. Ese equilibrio será, probablemente, la principal prueba que deberá superar la implementación de la Ley SBAP.

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Sin embargo, la experiencia reciente en el país y otros sistemas eléctricos del mundo invita a ampliar la conversación. La transición energética no puede medirse solo por la cantidad de energías renovables incorporadas o por las emisiones evitadas. También debe evaluarse por su capacidad de entregar energía segura, confiable y competitiva en todo momento.

Quizás ha llegado el momento de avanzar hacia una visión más completa: una transición energética segura y competitiva.

Tan importante como generar energía limpia es asegurar que la electricidad esté disponible cuando los hogares, los hospitales, las ciudades, la minería, la industria y los servicios la necesitan. Una matriz moderna no solo debe ser sostenible; también debe ser resiliente frente a eventos climáticos, contingencias operacionales, tensiones geopolíticas y cambios tecnológicos.

El sistema eléctrico chileno vive una transformación profunda. El retiro progresivo del carbón, la creciente participación de energías renovables variables y el desarrollo del almacenamiento están modificando la forma en que se abastece la demanda y se mantiene la estabilidad de la red. Este proceso es necesario y positivo, pero también aumenta el valor de atributos que muchas veces se daban por descontados: flexibilidad, capacidad de respuesta rápida, respaldo operativo y resiliencia.

A medida que los sistemas evolucionan, el desafío también consiste en gestionar la incertidumbre. La pregunta ya no es si ocurrirán eventos disruptivos, sino cuán preparados estaremos para enfrentarlos. En ese contexto, fortalecer la transmisión y diversificar tecnologías, fuentes e infraestructuras resulta fundamental.

El gas natural sigue desempeñando un rol relevante dentro de una matriz cada vez más renovable. Su principal aporte ya no radica necesariamente en la energía que entrega, sino en su capacidad de proporcionar flexibilidad, respaldo y respuesta rápida cuando el sistema lo requiere.

La experiencia internacional demuestra que las transiciones más exitosas son aquellas que aprovechan la complementariedad entre distintas tecnologías para alcanzar simultáneamente objetivos ambientales y de seguridad energética. Chile cuenta con infraestructura gasífera robusta que puede seguir aportando competitividad y confiabilidad al sistema.

Diversas economías han adaptado sus marcos regulatorios para reconocer explícitamente el valor de atributos asociados a seguridad de suministro y estabilidad. Reino Unido, Australia, Estados Unidos y varios países europeos han incorporado mecanismos para resguardar capacidades estratégicas cuya importancia excede el simple suministro de energía en los mercados diarios.

La razón es simple: los mercados eléctricos fueron diseñados históricamente para valorar energía. Los sistemas del futuro deberán valorar además flexibilidad, resiliencia, capacidad de respuesta y seguridad operativa. El aseguramiento de toda la cadena energética será cada vez más relevante.

La experiencia internacional también deja una lección importante. Diversos países que avanzaron aceleradamente en descarbonización debieron introducir ajustes para reforzar su seguridad energética. Las disrupciones observadas en Europa tras la crisis de 2022 demostraron que la seguridad de suministro no es una consecuencia automática de la transición energética; debe ser una consideración explícita de su diseño.

Chile tiene hoy la oportunidad de anticiparse. Cuenta con recursos renovables excepcionales, infraestructura robusta e instituciones sólidas. Precisamente por ello, puede construir una transición que incorpore tempranamente las lecciones aprendidas en otros mercados.

Porque la transición energética del futuro exigirá mucho más que nueva generación renovable. Exigirá sistemas capaces de integrar tecnologías diversas, reducir emisiones y garantizar seguridad de suministro en cualquier circunstancia. Ese equilibrio entre sostenibilidad, competitividad y resiliencia será la verdadera medida del éxito de nuestra transición.

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