En ese momento, la obra más significativa era la construcción de un puente de 1.294 metros sobre el Río Paraguay, para viabilizar el traslado de la carga desde Brasil hacia el Océano Pacífico. Diez años después, ese proyecto ya tiene cerca de un 90% de avance.

De igual forma, en la última década se ha avanzado en diversas iniciativas comprometidas -como el mejoramiento de rutas, la implementación de centros logísticos para cargas y la ampliación de la infraestructura en las terminales marítimas y sus accesos-, lo que optimiza las condiciones del sector exportador, el que moviliza gran parte de sus envíos hacia mercados asiáticos.

Este corredor genera eficiencia. En efecto, reduce los tiempos de viaje a Asia respecto a la opción de salida por el Atlántico, no sólo por la ubicación geográfica sino también por lo que se estima será la gestión de los puertos. Estos ahorros en los plazos al usar las terminales marítimas chilenas constituyen una ventaja competitiva para amplios sectores productivos exportadores de Brasil y una oportunidad para Chile.

De hecho -hoy que el puente sobre el Río Paraguay ya está prácticamente terminado-, la pregunta ya no es si el corredor existirá, sino si Chile estará debidamente preparado. Y la mayor oportunidad radica en pasar a implementar un modelo de desarrollo productivo integral.

El norte de nuestro país con puertos como Antofagasta, Mejillones, Tocopilla e Iquique, tiene el potencial de transformarse en un “hub” de servicios. Por eso, junto al desarrollo e inversión en expansión de la capacidad de los puertos, se deben seguir desplegando zonas de desarrollo logístico en torno a ellos -como La Negra en Antofagasta o el Nodo Logístico de Alto Hospicio en Tarapacá-, destinadas a instalar empresas logísticas, industriales y de servicios en un mismo lugar para que se realicen intercambios.

Por otra parte, debemos recordar que el corredor abre puertas para que más exportaciones chilenas accedan a las naciones vecinas, ingresando a mercados de consumo en el interior de Brasil y Paraguay que antes resultaban logísticamente prohibitivos. Esta conectividad fortalece la resiliencia frente a las crisis externas y fomenta una soberanía económica basada en la cooperación.

Como vemos, estamos en una etapa decisiva. El Corredor Bioceánico será clave para fortalecer el comercio exterior y para el desarrollo de servicios, por lo que se deben articular la inversión pública y privada para materializar obras necesarias, estandarizar procedimientos aduaneros entre las naciones comprometidas y garantizar la seguridad pública.

Si hacemos las cosas bien e invertimos a tiempo, podemos hacer que el nuevo corredor se convierta en el motor que impulse nuestro desarrollo futuro. Se puede.

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Hoy el desafío no es sólo viajar, sino viajar mejor: con control, visibilidad y eficiencia real.

La clave está en un modelo que combina tecnología, consultoría experta y acceso a múltiples fuentes de contenido. A través de su plataforma, las empresas pueden definir políticas de viaje inteligentes, establecer reglas de compra y monitorear en tiempo real el comportamiento del gasto.

Esto permite evitar fugas de presupuesto comunes, como compras fuera de política o decisiones individuales que no consideran el impacto global. Por ejemplo, elegir un vuelo con pequeñas variaciones de horario puede generar ahorros significativos sin afectar la operación.

Además, el sistema permite detectar oportunidades invisibles a simple vista: mejores combinaciones tarifarias, momentos óptimos de compra y rutas más eficientes. El resultado no es solo pagar menos, sino construir una estrategia de viaje sostenible en el tiempo.

En industrias como la minería o energía, donde el traslado de equipos es crítico, este nivel de control se traduce directamente en eficiencia y rentabilidad.

Cocha Corporate no solo gestiona viajes: los transforma en decisiones inteligentes.

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En este tipo de iniciativas, la discusión pública suele centrarse en la magnitud de la inversión, los beneficios sociales, los impactos al medioambiente, el empleo esperado o el impacto del precio del cobre. Sin embargo, el factor realmente habilitante suele ser otro: la infraestructura. Caminos de alta montaña, conectividad fronteriza, abastecimiento de agua industrial, sistemas energéticos, corredores logísticos y capacidad portuaria son obras indispensables. Sin esa base, incluso proyectos de gran escala pueden enfrentar mayores costos, retrasos e incertidumbre operativa.

Atacama posee ventajas objetivas para asumir este desafío. Cuenta con tradición minera, capacidades logísticas instaladas y una ubicación especialmente favorable para proyectarse como plataforma de salida al Pacífico para iniciativas emplazadas en la franja andina binacional. Esa condición no implica que el problema esté resuelto, sino que existe una base real sobre la cual articular una estrategia regional de desarrollo.

Por ello, la infraestructura mayor no debiera concebirse como la simple suma de requerimientos privados aislados. Debe responder a una visión coordinada y técnicamente consistente, capaz de compatibilizar inversión, eficiencia territorial y desarrollo de largo plazo. Una infraestructura binacional bien planificada no sólo fortalece la actividad minera; también puede transformarse en un motor de desarrollo regional, al mejorar la conectividad, ampliar capacidades logísticas, reforzar redes estratégicas y consolidar a Atacama como un nodo relevante en la articulación bioceánica y en la minería del futuro.

La discusión de fondo no es únicamente si estos proyectos son convenientes en forma individual, sino si la región será capaz de conducir esta oportunidad con una visión estratégica propia, en lugar de limitarse a responder a decisiones externas.

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El cuello de botella ya no es exclusivamente geológico; es político, industrial y tecnológico. La concentración del refinado fuera de Chile implica que, aun siendo líderes en producción, otros países capturan una parte significativa del valor y definen estándares que después condicionan nuestro acceso a clientes estratégicos. En paralelo, la demanda de minerales críticos se expande impulsada por la electrificación, las energías limpias, la infraestructura digital y el crecimiento de la inteligencia artificial. Esta presión no se alinea con los tiempos de permisos ni con la disponibilidad de capital para nuevos proyectos, generando brechas que la industria no puede cerrar solo con mayores precios.

¿Cómo convierte Chile esta complejidad en oportunidad? El primer paso es pasar de pensar en “proyectos” a pensar en plataformas industriales. No basta con abrir nuevas minas; necesitamos ecosistemas o hubs que integren energía competitiva, infraestructura, procesamiento, reciclaje y servicios tecnológicos. Donde se refina y procesa, se aprende; y donde se aprende, se genera innovación y se retiene valor.

El segundo punto es competir con reglas estratégicas, no sólo con leyes sectoriales. El mundo avanza hacia exigencias de trazabilidad, contenido local y elegibilidad para cadenas de suministro “confiables”. Chile debe adelantarse definiendo estándares exportables, no simplemente cumpliéndolos. Una estrategia que combine certificaciones robustas, acuerdos de abastecimiento de largo plazo y una narrativa clara sobre sostenibilidad nos posiciona como socios preferentes, no como simples proveedores de commodities.

Finalmente, es imprescindible alinear el capital con una visión industrial de largo plazo. La inversión privada busca estabilidad y certezas; la inversión pública y las asociaciones estratégicas pueden catalizar etapas donde el riesgo tecnológico o la escala son mayores. Las alianzas bien diseñadas permiten acelerar proyectos que, de otra manera, no avanzarían.

Chile tiene fortalezas evidentes: recursos geológicos, talento, energía verde y un ecosistema institucional respetado internacionalmente. Pero, la pregunta clave es cómo transformamos esas ventajas en liderazgo industrial. Si seguimos operando sólo como exportadores de concentrado, seremos tomadores de precio y de reglas. Si construimos plataformas, estándares y alianzas, podremos ser arquitectos de la cadena de valor global.

La geopolítica no es una amenaza: es una invitación a elevar la ambición del país y de su industria minera. Este es el momento de jugar a la ofensiva.

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La minería ha respondido a este escenario con inversión, innovación y adaptación. En 2024, el 71% del agua utilizada en sus operaciones fue recirculada, el mayor volumen desde 2019. A eso se suma el avance sostenido del uso de agua de mar y de la desalación. Hoy existen 32 plantas desaladoras con una capacidad total de 14.277 litros por segundo, de la cual la minería concentra el 79%. Más que una reacción puntual, estas cifras reflejan una transformación concreta en la forma en que el sector ha debido enfrentar la escasez hídrica para sostener sus operaciones.

Sin embargo, ese esfuerzo de adaptación no debiera cerrar esta discusión. El desafío de fondo consiste en generar condiciones habilitantes adecuadas que permitan avanzar hacia esquemas más robustos de coordinación y cooperación en materia de infraestructura hídrica. Ello permitiría abrir espacio a soluciones más eficientes y mejor articuladas, aprovechando economías de escala y una mirada territorial de largo plazo, incluyendo alternativas compartidas cuando estas resulten técnica, económica y territorialmente adecuadas. También permitiría abordar la seguridad hídrica con una lógica más moderna, incorporando almacenamiento, conducción e infraestructura que ayuden a reducir la dependencia de la demanda respecto de la variabilidad pluviométrica, y evaluando estas iniciativas con una mirada que considere no solo sus impactos, sino también sus aportes productivos, sociales y territoriales.

Esto es particularmente importante para la mediana y pequeña minería, donde las restricciones para acceder a fuentes seguras de agua y financiar infraestructura son mayores. Por lo mismo, esta discusión también debiera incorporarlos, pues representan una parte relevante de la actividad minera chilena y enfrentan restricciones distintas para acceder al agua y a la infraestructura necesaria.

En el fondo, ésta no es sólo una conversación sobre agua. Es una conversación sobre cómo Chile habilita su desarrollo productivo. Si queremos una minería sostenible y competitiva en el largo plazo, la infraestructura hídrica no puede seguir apareciendo como una respuesta tardía frente a restricciones que ya conocemos. Debe ser asumida como una condición habilitante del desarrollo.

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Sin embargo, para que esta tecnología alcance su máximo potencial, deberíamos transitar desde una visión de proyectos aislados hacia una infraestructura integrada con otras fuentes y soluciones de gestión eficientes para los recursos hídricos, generando una ruta estratégica, crítica y multipropósito.

El éxito de las políticas públicas de largo plazo reside en el diálogo que el Estado sea capaz de liderar. En la desalación, esta premisa adquiere relevancia: la infraestructura hídrica es, ante todo, una responsabilidad del Estado. Sólo el sector público posee la escala y la temporalidad necesarias para visualizar el territorio de manera integral, asegurando que el desarrollo de estas plantas no responda a intereses fragmentados, sino a una planificación nacional coherente.

Chile cuenta con una industria de desalación robusta, con 24 plantas operativas distribuidas en siete regiones y una cartera de proyectos que —según datos de Acades— promete duplicar la capacidad actual en la próxima década. No obstante, el desafío no es sólo construir más, sino construir mejor.

El concepto de infraestructura multipropósito es la clave para la sostenibilidad del modelo. No es eficiente, técnica ni ambientalmente, que cada proyecto industrial o minero construya su propia planta y acueducto. El futuro exige una infraestructura compartida, donde una planta pueda abastecer a la minería, a la industria, al consumo humano y, eventualmente, al riego agrícola a través de modelos de intercambio de agua con otras fuentes. Una planta multipropósito no sólo optimiza costos operativos y de inversión, sino que reduce la huella ambiental al evitar la proliferación de ductos e instalaciones redundantes en las zonas costeras.

Para este fin, la articulación público-privada y la planificación territorial son indispensables. El Estado debe actuar proactivamente en la reserva de espacios y fajas costeras destinadas a estas infraestructuras. La escasez de suelo apto en el litoral y la complejidad de las concesiones marítimas obligan a tener una visión de «derecho de vía» y reservas estratégicas para el despliegue de plantas de gran escala que beneficien a múltiples usuarios. Sin una reserva de espacio planificada por el Estado, corremos el riesgo de asfixiar el desarrollo hídrico por falta de visión territorial.

Apostar por procesos de reflexión bajo el liderazgo de un Estado que reserva espacio y fomenta la colaboración privada, es una garantía para que el agua deje de ser una limitante y se convierta en el motor del desarrollo sostenible. Es tiempo de diseñar una infraestructura que no sólo transporte agua, sino desarrollo productivo, equidad y seguridad para las próximas generaciones.

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En transición energética se avanza hacia una mayor electrificación y uso intensivo de energías renovables, en línea con los compromisos de descarbonización asumidos por el sector. Además de lo anterior, hay necesidad de reducir las emisiones, optimizar el uso de agua y energía y operar yacimientos de menor ley y minerales más complejos, lo que está demandando una transformación profunda en la forma de producir.

Pero esta tensión es también es una tremenda oportunidad. Por primera vez convergen tres fuerzas estructurales que pueden ser los impulsores de la transformación del sector: la creciente demanda global por minerales críticos, el avance de la infraestructura digital en Chile y el salto exponencial que ofrece la inteligencia artificial (IA).

Chile ha construido en la última década una base digital relevante: despliegue de fibra óptica, expansión de 5G, nuevos centros de datos y proyectos de cables submarinos que lo conectarían directamente con los principales mercados del país. Inversiones de actores globales que buscan regiones con energía competitiva, estabilidad institucional y conectividad internacional robusta, han optado por Chile. Por eso la relevancia de que la infraestructura digital comience a consolidarse como un activo nacional estratégico.

La minería chilena enfrenta leyes decrecientes, mayores profundidades y crecientes exigencias ambientales. Para ello, una respuesta sostenible es la productividad inteligente, incorporando más sensores industriales, analítica avanzada (o más bien comprensión sistémica), gemelos digitales y mantenimiento predictivo, entre otras, herramientas que permitirán optimizar procesos en tiempo real, reducir los impactos ambientales y los costos, y mejorar seguridad. Empresas de la gran minería del cobre ya avanzan en automatización y centros de operación remota.

Sin embargo, sabemos que el gran salto no está sólo en usar estas tecnologías, sino en desarrollarlas y convertir la experiencia minera chilena en soluciones exportables. Chile posee un laboratorio natural único: minería a gran escala en condiciones extremas y remotas, cada vez a mayor altura o profundidad. Si se combina esa experiencia con IA, podremos tal vez exportar software industrial, modelos de optimización energética, plataformas de monitoreo ambiental y sistemas de operación autónoma, o hasta incluso, “remotizar” centros de operación de operaciones extranjeras.

Exportar conocimiento y no sólo minería, se ha repetido muchas veces, pero sólo con una estrategia podríamos ampliar la base exportadora del sector, más allá del mineral físico, avanzando hacia servicios tecnológicos especializados. Esto nos llevará a capturar mayor valor agregado y posicionar al país como proveedor de inteligencia aplicada a industrias extractivas.

La transición energética refuerza esta oportunidad. Chile cuenta con abundante energía solar y eólica, que lo convierte en destino atractivo para centros de datos intensivos en energía. Así, energía renovable, estabilidad institucional y conectividad internacional configuran una ventaja comparativa ampliada para industrias inteligentes y servicios digitales verdes.

Sin embargo, las ventanas tecnológicas no permanecen abiertas indefinidamente para quienes pretendan liderar. La IA por su parte genera efectos acumulativos: los países que desarrollan capacidades propias consolidan talento, inversión y ecosistemas de innovación, por lo mismo, no podemos seguir siendo consumidores de tecnologías, tenemos la oportunidad de avanzar en soluciones para industrias complejas.

Exportar minerales ha sido la base de nuestra prosperidad. Exportar minerales e inteligencia podría ser una buena oportunidad para impulsar nuestro desarrollo. La infraestructura digital que se requiere desplegar es la condición habilitante para transformar nuestra economía, y la minería puede ser nuestro gran motor.

Así, para Chile el recurso estratégico del siglo XXI no está sólo bajo tierra. Está en los datos que seamos capaces de convertir en inteligencia productiva y exportable. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad hay que tener presente que, mientras los minerales se exportan en barcos, la inteligencia se hace por cables.

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Ambos proyectos reflejan enfoques distintos sobre el rol que puede desempeñar el Estado en el negocio de las fundiciones. La pregunta relevante es dónde están las diferencias y qué riesgos enfrenta el Estado, particularmente en el caso del proyecto impulsado por Enami.

Codelco anunció una asociación con Glencore —uno de los principales actores mundiales en la producción y comercialización de materias primas— para la construcción de una fundición en la Región de Antofagasta. Un elemento clave del proyecto es la capacidad de Codelco de comprometer un contrato de suministro de concentrado de cobre de hasta 800 mil toneladas anuales por una década. A fines de mayo, Glencore debería entregar un estudio de prefactibilidad que permitiría avanzar hacia etapas posteriores de la ingeniería del proyecto. En términos simples: el mundo necesita más cobre, Glencore sabe cómo fundirlo y Codelco dispone de concentrados para alimentarlo.

Por su parte, Enami anunció en diciembre pasado la selección de J. P. Morgan y Citi como bancos estructuradores del financiamiento para la nueva fundición de Paipote, proyecto que la empresa espera poner en operación a comienzos de la próxima década.

En ese contexto, la viabilidad de una nueva fundición en Paipote enfrenta al menos cuatro nudos estructurales que no pueden ser soslayados.

Si bien Enami ha informado que los procesos de offtake se encontrarían en etapas avanzadas, la capacidad proyectada de 850 mil toneladas anuales supera ampliamente la oferta actual combinada de la pequeña y mediana minería. Sin un suministro asegurado de esa magnitud, la planta corre el riesgo de operar por debajo de su capacidad, con lo cual sus costos unitarios se dispararían y perdería cualquier opción de rentabilidad sostenida.

El segundo punto crítico son los costos de inversión que enfrentaría el Estado. El proyecto ya acumula una inflación superior al 20 %, pasando de US$1.378 millones a US$1.700 millones. A ello se suma que países como China, India o Indonesia han demostrado una mayor facilidad para ejecutar proyectos metalúrgicos de gran escala, logrando instalar capacidades equivalentes a menos de la mitad del costo por tonelada. En contraste, las fundiciones chilenas existentes —de infraestructura antigua y costosa de mantener— ilustran la brecha que separa a Chile de las regiones donde estas inversiones se realizan con mayor agilidad y menores costos de capital. Entrar a competir en estas condiciones implica partir con una desventaja estructural difícil de remontar, especialmente en una industria donde el control de costos de capital es determinante.

La tercera debilidad está en el escenario internacional. China concentra cerca del 50% de la capacidad mundial de fundición y opera con tasas de utilización inferiores al 80%, lo que mantiene las tarifas de tratamiento y refinación bajo presión. En paralelo, India ha iniciado una etapa de expansión industrial que incluye la instalación de nuevas fundiciones, quizás siguiendo la trayectoria que antes recorrieron Japón, Corea y China. Este giro confirma que la competencia global por el cobre refinado no sólo persiste, sino que se está ampliando hacia nuevas potencias emergentes. En un mercado donde los márgenes ya son estrechos e incluso negativos, pretender que una fundición en Chile, con costos altos y abastecimiento incierto, pueda posicionarse de manera competitiva es un desafío mayor.

A estos tres elementos se suma una cuarta consideración: el aval del Estado. Lo que sigue abierto no es la participación del Estado, sino la magnitud y naturaleza del respaldo público que se requeriría para viabilizar el proyecto. ¿Será efectivamente un esquema que ponga a prueba la fortaleza del proyecto en el mercado, o se terminará recurriendo a garantías soberanas que trasladen el riesgo al fisco? ¿Será la misma Enami de siempre que operará esta fundición, buscando competir no sólo con las fundiciones chinas, sino que también con la asociación Codelco–Glencore?

Estas dudas son cruciales y deben ser despejadas explícitamente. Si se quiere avanzar, es imprescindible que las autoridades definan un modelo que demuestre las ventajas objetivas de la inversión, y que no dependa simplemente de la espalda financiera del Estado.

En contraste con el proyecto de Paipote promovido por Enami, la alianza entre Codelco y Glencore para desarrollar una nueva fundición en la Región de Antofagasta apunta a un modelo distinto, basado en la combinación de suministro asegurado de concentrados y experiencia operativa internacional. Un consorcio privado es un camino mucho más transparente para validar la verdadera competitividad de cualquier iniciativa en condiciones de mercado.

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Diversos estudios advierten que esta situación podría agravarse en las próximas décadas. El Informe de Seguridad Hídrica del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) proyecta que, hacia fines de siglo, amplias zonas del país podrían enfrentar condiciones de sequía estructural. En este contexto, garantizar el acceso al agua se convierte en un desafío central para la sostenibilidad de los territorios y de las actividades productivas.

La minería del cobre, uno de los motores económicos de Chile, se desarrolla precisamente en estas zonas de mayor escasez hídrica. Frente a este escenario, la principal respuesta del sector ha sido el desarrollo de plantas desaladoras. Según proyecciones de Cochilco, el consumo de agua en la minería del cobre podría aumentar desde cerca de 19 m³/s en 2023 a más de 22 m³/s hacia 2034, mientras que el uso de agua de mar pasaría de representar alrededor de un 36% del total a más de un 66% en la próxima década.

Este cambio en la matriz hídrica es positivo. Sin embargo, la desalación no debe entenderse como una solución única o definitiva al estrés hídrico. Desalar agua y transportarla cientos de kilómetros hacia la cordillera requiere enormes inversiones en infraestructura y un alto consumo energético. Además, no aborda por sí sola los desafíos de gobernanza y gestión del agua en los territorios.

Por ello, junto con avanzar en desalación y en mayores niveles de recirculación y eficiencia hídrica en las operaciones mineras, resulta clave promover una visión más integrada del suministro de agua. En particular, el desarrollo de infraestructura hídrica compartida aparece como una oportunidad estratégica para mejorar la eficiencia del sistema y reducir impactos.

Hoy muchas operaciones mineras construyen sus propias plantas desaladoras y ductos hacia la costa, generando redes paralelas que replican infraestructura y encarecen las inversiones. En lugar de múltiples sistemas aislados, el desafío es avanzar hacia una lógica más similar a una “autopista hídrica”, con una red común que permita transportar agua para distintos usuarios, desde empresas mineras hasta comunidades, sector agrícola y otras actividades productivas.

El desafío es ir mucho más allá en la gestión del agua, adoptando una estrategia de gestión territorial donde todos los stakeholders asuman su responsabilidad frente a este recurso.

Uno de los aspectos menos visibles del debate hídrico en Chile es la desigualdad territorial en el acceso al agua. Mientras grandes proyectos industriales han logrado asegurar su abastecimiento mediante infraestructura propia, como plantas desaladoras y sistemas de conducción de gran escala, otros usuarios enfrentan condiciones muy precarias. En zonas rurales, miles de familias aún dependen de sistemas de Servicio Sanitario Rural (SSR) que operan con fuentes limitadas o infraestructura insuficiente, y en períodos de sequía deben recurrir incluso a camiones aljibes. De igual manera, la pequeña y mediana minería suele tener mayores dificultades para acceder a fuentes seguras de agua debido a las altas inversiones requeridas para desarrollar infraestructura propia. Estas brechas evidencian que el desafío hídrico nacional no es únicamente técnico ni tampoco se resuelve aumentando la oferta de agua, sino que requiere una planificación territorial organizada, que coordine inversiones, optimice el uso de la infraestructura existente y avance hacia sistemas de suministro más integrados y equitativos entre distintos usuarios y territorio.

Además de contribuir a superar estas brechas, los sistemas de suministro hídrico compartido han probado ser más eficientes y ofrecer una mayor seguridad de suministro para todas las partes interesadas: aprovechan economías de escala, reducen costos de inversión y operación, y disminuyen la huella territorial y energética de la infraestructura.

Existen experiencias internacionales que muestran el potencial de este enfoque. En el estado de Queensland, Australia, por ejemplo, el sistema SEQ Water Grid integra embalses, plantas de tratamiento, una planta desalinizadora, estaciones de bombeo y cientos de kilómetros de tuberías en una red interconectada que abastece a múltiples ciudades y sectores productivos.

Avanzar hacia estos modelos en Chile requiere enfrentar desafíos regulatorios y de gobernanza, para coordinar a múltiples actores y definir marcos claros de acceso, operación y financiamiento. Sin embargo, en un contexto de creciente escasez hídrica, superar la lógica de soluciones individuales y promover sistemas compartidos puede convertirse en una pieza clave para compatibilizar desarrollo minero, sostenibilidad ambiental y bienestar de los territorios.

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En un mundo que demanda más cobre, más litio y cadenas de suministro confiables, la pregunta no es si Chile puede atraer inversión, sino qué tan rápido y con cuánta certeza puede hacerlo. Las decisiones que se tomen en los primeros meses del nuevo gobierno serán determinantes para definir si el país vuelve a liderar el ciclo minero global o si observa cómo el capital se reasigna hacia jurisdicciones más predecibles.

Desde una mirada estratégica, Chile no compite solo con países vecinos, sino por Capex global, donde la predictibilidad institucional y la capacidad de ejecución país se vuelven tan relevantes como la calidad del recurso geológico.

El nivel de cautela que observamos hoy en la inversión minera no responde a una falta de interés en Chile ni a una visión pesimista del sector. Por el contrario, responde a un enfoque mucho más selectivo y disciplinado de asignación de capital, propio de proyectos de gran escala, intensivos en Capex y con horizontes de 20 o 30 años.

Si miramos la cartera minera reciente, podemos identificar tres grupos de proyectos particularmente relevantes. En primer lugar, están las grandes expansiones cupríferas y proyectos de continuidad operacional, como nuevas concentradoras (4ª Línea de Collahuasi Nueva concentradora Los Colorados en Escondida) o ampliaciones de capacidad en faenas existentes (Plantas desaladoras, botaderos, nuevas líneas de molienda). Estos proyectos concentran montos de inversión muy significativos, del orden de varios miles de millones de dólares cada uno, y son clave para sostener la producción futura del país. Muchos de ellos se encuentran en etapas avanzadas de evaluación técnica, pero aún sin resolución ambiental definitiva.

En segundo lugar, aparecen los proyectos asociados al litio, donde Chile enfrenta un doble desafío: capturar una oportunidad estratégica global y, al mismo tiempo, definir con claridad el modelo de desarrollo, las asociaciones público-privadas y los estándares ambientales, especialmente en el uso del agua y nuevas tecnologías de extracción. Estos proyectos tienen un peso creciente dentro de la cartera, pero su avance ha sido más lento de lo que el mercado global demanda. Por ejemplo, el Proyecto Salares Altoandinos, desarrollado por Enami en asociación con Rio Tinto, con una inversión estimada de US$3.200 millones.

Finalmente, existen proyectos de alta visibilidad pública que han enfrentado procesos largos de evaluación y judicialización, lo que ha elevado significativamente su riesgo percibido. Más allá del caso específico de cada iniciativa, estos ejemplos han tenido un efecto sistémico en la percepción de riesgo regulatorio del país, como son el Caso del proyecto Portuario Minera Dominga, la expansión Los Bronces Integrado y el Proyecto Rajo Inca de Codelco.

Del total de proyectos de la cartera actual de inversiones en Minería para Chile, un 41% corresponde a proyectos con alto grado de certeza, el segundo grupo son proyectos potenciales, con mayor incertidumbre de materialización, representan el 40% del valor total de la cartera minera futura, sujetos a definiciones técnicas, ambientales, sociales o financieras. Pero además, existe un 19% de proyectos, calificados de probables o posibles, que requieren avanzar en aspectos críticos como permisos, ingeniería, acuerdos comunitarios o decisiones formales de inversión. La activación o postergación de los proyectos de esta cartera no es marginal: define la trayectoria de inversión, empleo y recaudación del país para la próxima década.

Ad portas de un nuevo gobierno, se advierten tres señales tempranas que pueden tener un impacto muy significativo, y en las que creo que hay mucho consenso transversal.

La primera es avanzar decididamente en certeza y eficiencia en la permisología, no reduciendo estándares, sino mejorando coordinación, plazos y trazabilidad. La industria necesita saber cuánto demora un proceso, qué hitos tiene y bajo qué condiciones se puede avanzar. La incertidumbre es mucho más dañina que la exigencia.

La segunda señal clave es la certidumbre tributaria para proyectos de largo plazo. En minería, más que el nivel puntual de carga tributaria, lo relevante es la estabilidad de las reglas del juego. Un marco claro y predecible reduce el costo de capital y permite que proyectos marginales se transformen en inversiones viables. En esta línea, en el pasado reciente basta analizar lo ocurrido durante la dilatada discusión del Royalty Minero y la caída o postergación en las inversiones (aunque es cierto que este nuevo ciclo minero viene con un gran empuje de la demanda internacional por minerales como el cobre y el litio).

La tercera señal tiene que ver con una gobernanza clara del sector, con foco técnico, coordinación público-privada efectiva y una narrativa país consistente. Chile necesita mostrar que tiene una estrategia minera moderna, que entiende los desafíos ambientales y sociales, pero que también valora la inversión como motor de desarrollo. En esto, todos hemos sido testigos en el pasado de señales confusas en que se invita al capital extranjero, pero posteriormente en la práctica se dificulta su materialización, pese a sus claros aportes al triple valor económico, social y ambiental. Me refiero al caso de Statkraft, en el sector eléctrico, los impactos para la inversión extranjera son transferibles a la minería.

Si bien las exportaciones de recursos naturales deben abordar los desafíos de sostenibilidad, su rápido crecimiento requiere acciones adecuadas para no volver a instalar el desarrollo económico como antagonista del desarrollo social y ambiental, muy por el contrario se debe avanzar, como bien a indicado Eduardo Bitrán, en múltiples ámbitos, “es necesario un modelo trasformador de capital natural agotable a capital sostenible, mediante el desarrollo de círculos virtuosos, en que se invierte en capital humano, capital de conocimiento y se generan demandas de empleo sofisticado”, que son fundamentales para un nuevo ciclo exportador de productos y servicios de valor agregado.

Creo que si estas señales se materializan temprano, el impacto para el país sería significativo: reactivación de la inversión, fortalecimiento de encadenamientos productivos, empleo regional, mayor recaudación fiscal y, sobre todo, una posición más sólida de Chile en un mercado global cada vez más competitivo por capital minero.

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