En marzo de 2017 diputados de los partidos Comunista y Socialista presentaron un proyecto de ley que propone reducir la jornada semanal máxima de trabajo desde las actuales 45 horas a 40 horas. Agrega que esta medida “no podrá representar una disminución de las remuneraciones actuales de las trabajadoras y los trabajadores beneficiados”. Entre los fundamentos de la iniciativa legal se señala que “en los países donde se ha implementado una reducción de la jornada laboral, la tendencia generalizada muestra que el valor de la productividad media del trabajo aumenta considerablemente”.
Después de varios meses sin avance, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, instancia donde se encuentra radicada esta iniciativa legal, ha activado las invitaciones a diversas instituciones a fin de que manifiesten sus opiniones y planteamientos al respecto. Debe hacerse notar que esto se da simultáneamente a la presentación por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley de modernización laboral para la conciliación, trabajo, familia e inclusión.
No se puede negar que todos queremos trabajar menos y recibir la misma remuneración. Si junto con esto asumimos que ese tiempo libre adicional nos ayudaría a mejorar nuestra calidad de vida, la iniciativa claramente suena como algo positivo. Sin embargo, las reducciones de horas de trabajo, para ser sostenibles, deben irse dando en coherencia con un mayor nivel de desarrollo económico y social del país. Esto no por un principio dogmático, sino por un tema práctico: al trabajar menos horas, la economía producirá menos bienes y servicios. Además, no sólo baja el producto agregado del país, sino que los trabajadores seguirán recibiendo el mismo ingreso que antes, implicando esto un aumento del costo por hora de trabajo, haciendo a Chile menos competitivo.
El mensaje de la moción parlamentaria descrita sugiere que las medidas propuestas tendrán un impacto positivo en la productividad.
De esta forma, se neutralizaría el problema que se identifica en el párrafo anterior. El problema es que en la fundamentación de estas iniciativas legales se comete el llamado error de causalidad; en este caso está en la afirmación que fundamenta el proyecto: “en los países donde se ha implementado una reducción de la jornada laboral, la tendencia generalizada muestra que el valor de la productividad media del trabajo aumenta considerablemente”.
Lo que en verdad ocurre no es lo que señala la iniciativa, sino que los países más productivos son los que más se desarrollan, y esta situación mejorada es la que les permite trabajar menos horas, recibiendo la misma remuneración.
Lo anterior resalta la relevancia de lo recomendado por la Comisión Nacional de Productividad, que establece la importancia de elaborar un informe de productividad que acompañe a los proyectos de ley, y se implemente también para las mociones parlamentarias. Tal vez esto contribuiría a mejorar la cifra que indica que sólo el 9% de éstas llegó a transformarse en ley en los últimos 27 años.
El proyecto mencionado es sólo un ejemplo de recientes propuestas que, aunque pueden ser bien intencionadas, no tienen mayor asidero y, por lo mismo, no constituyen más que manifestaciones de voluntarismo legal. La única receta realista para que podamos trabajar menos y seguir recibiendo el mismo sueldo, es siendo más productivos. Para esto tenemos que hacer grandes esfuerzos en distintas áreas al mismo tiempo, partiendo por mejorar la formación para el trabajo, modernizar el Estado, optimizar la gestión empresarial y racionalizar regulaciones y permisos.