El borde costero es un espacio territorial que es estratégico para la minería en Chile. Dos insumos críticos en los procesos industriales mineros -agua y energía- se obtienen de instalaciones emplazadas en la costa. Por otra parte, el almacenamiento y embarque de productos mineros -otro proceso crítico en el negocio- también ocurre en el borde costero. Es cierto que la generación de energía en base a centrales termoeléctricas instaladas en la costa ha ido cediendo terreno ante el despliegue por todo el territorio de fuentes renovables como la energía fotovoltaica. Pero al mismo tiempo la utilización de agua de mar para alimentar las necesidades de las faenas mineras ha ido creciendo sostenidamente, hasta transformar en un elemento estratégico la instalación de plantas desaladoras en el borde costero.
¿Cuál es la utilidad de enumerar cosas que son obvias para todo conocedor de la actividad minera? La respuesta es que el borde costero está siendo escenario de cambios sociales y regulatorios que son muy relevantes, tanto en sí mismos como por su potencial interacción con el rubro minero.
El primero de ellos es la actual discusión parlamentaria que busca definir a los changos como un nuevo pueblo indígena reconocido como vigente por la legislación chilena. Este proyecto de ley ya se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. De acuerdo a la historia, los changos habitaron el borde costero desde el extremo norte hasta la Región de Coquimbo y desarrollaron modos de vida estrechamente ligados al mar. En la misma zona existe hoy evidencia de procesos de re-etnificación por parte de comunidades costeras de pescadores y recolectores. Si la ciencia antropológica determina que el pueblo chango se encuentra actualmente vigente, nadie podría negar que se trataría de una buena noticia para quienes creemos que una mayor diversidad nos enriquece como sociedad. Pero atención: reconocer la existencia actual de un pueblo indígena es algo muy serio. Debemos exigir a los parlamentarios la seriedad y rigor que demandan el examen y eventual aprobación de una cuestión tan relevante como reconocer la vigencia de la identidad y cultura de un pueblo indígena, con todas las implicancias que eso tiene.
Un segundo cambio se vincula a la llamada ‘Ley Lafquenche’. Este estatuto faculta a comunidades indígenas vinculadas al borde costero para solicitar el reconocimiento de sus usos consuetudinarios del mismo, a través de una nueva figura administrativa conocida como ECMPO (Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios). Esta ley puede ser invocada en cualquier parte del borde costero marino del país y por cualquier pueblo indígena reconocido por la ley. La ley tiene además un doble mecanismo de discriminación positiva, conforme al cual una solicitud de ECMPO suspende a cualquier otra solicitud para otros fines que se le superponga (las concesiones marítimas entre ellas) mientras la Conadi no se pronuncie acreditando o no el uso consuetudinario invocado, y si es que lo acredita y es incompatible con los otros usos, se debe preferir la solicitud de ECMPO. Hasta hace muy poco, todas las solicitudes de ECMPO se habían presentado desde la provincia de Arauco hacia el sur. La novedad es que en los últimos dos años se han presentado al menos dos solicitudes en la Región de Atacama por parte de comunidades indígenas diaguitas, y en un futuro próximo podrían presentarse nuevas solicitudes en las demás regiones del norte de Chile.
Ambas realidades reafirman la importancia que tiene conocer bien el dinámico medio humano de nuestro territorio y generar estrategias de relacionamiento que –en base a las mejores prácticas y un enfoque de derechos humanos- anticipen escenarios y promuevan relaciones cooperativas.