Consejo Fiscal Autónomo valora política de ahorro del Gobierno para los ingresos del litio

May 24, 2023

Asimismo, advierte que el mecanismo no eliminaría completamente el riesgo de comprometer recursos potencialmente transitorios para gastos permanentes.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó el “Informe de evaluación y monitoreo al cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos». En este documento, que se publica de forma trimestral, el CFA entrega su análisis de los datos y proyecciones presentados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2023.

De esta forma, primero el Consejo verifica que la metodología y los procedimientos utilizados por la Dipres para el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos de 2022-2027 se atienen a las normas; a los valores de los parámetros estructurales del precio de referencia del cobre y el PIB tendencial, y a las elasticidades, de acuerdo al reglamento del Balance Estructural (BE).

Asimismo, el Consejo constata que el Gobierno cumplió con la regla dual para los datos efectivos de 2022. Esto, ya que el Balance Estructural (BE) alcanzó un superávit de 0,2% del PIB, por sobre la meta fijada por el Ministerio de Hacienda de un déficit de 3,3% del PIB. Y, al mismo tiempo, la deuda bruta alcanzó un 38% del PIB en 2022, sin superar su nivel prudente fijado por Hacienda en un 45% del PIB.

En su informe, además, el CFA realiza un análisis de los resultados para el cálculo del Balance Estructural proyectados por el gobierno en el más reciente Informe de Finanzas Públicas (IFP), y sobre la fórmula propuesta por la Dipres para realizar un ajuste prudencial a los ingresos fiscales por litio.

Ajuste a los ingresos por litio

Sobre este último punto, el organismo que preside Jorge Rodríguez valora que en su último IFP la Dipres haya propuesto una modificación a la metodología de BE, desde 2023, para calcular los mayores ingresos fiscales por litio que se considerarían como permanentes.

El Consejo Fiscal Autónomo plantea que, “constituye un avance para abordar los desafíos planteados por el CFA sobre el posible carácter transitorio de parte de dichos ingresos”.

Sin embargo, advierte que algunos aspectos importantes de sus recomendaciones previas sobre la materia no han sido considerados. En ese sentido, el informe indica que “el Consejo entiende que la propuesta de la Dipres es una metodología preliminar y parcial, susceptible de ser perfeccionada, antes que sea oficializada en el respectivo reglamento de cálculo del BE”.

Una de las recomendaciones no acogidas que el Consejo prioriza, se refiere a que el cambio metodológico para hacer un ajuste prudencial a los ingresos por litio se aplique a su totalidad y no a una parte solamente.

En esa línea, el CFA señala en su documento que “según lo informado por la Dipres, las restricciones de acceso a información tributaria de las empresas que operan los contratos de arrendamiento para la explotación del litio, implican poder considerar solamente un ajuste prudencial para las rentas de arrendamiento pagadas a Corfo”. De acuerdo a estimaciones del CFA en base a cifras Corfo, representaron un 66,5% de los ingresos fiscales por litio en 2022. Por ello, el CFA plantea que “si bien el mecanismo propuesto mitigaría, no eliminaría el riesgo de comprometer recursos potencialmente transitorios para gastos permanentes”.

Considerando lo anterior, el Consejo recomienda a la Dipres seguir explorando opciones para contar con información sobre la totalidad de los ingresos fiscales por litio, o buscar otro mecanismo alternativo para asegurar un ajuste prudente.

Otra de las recomendaciones priorizadas por el CFA que no fue considerada por la Dipres, se refiere a que el horizonte temporal de datos históricos para estimar el umbral del ajuste prudencial sea mayor al propuesto por el Gobierno. En particular, el Consejo había recomendado considerar un promedio móvil de entre siete a 10 años hacia atrás como umbral de prudencia para contabilizar los ingresos fiscales por litio provenientes de Corfo, mientras que la Dipres planteó un promedio móvil de cuatro años para 2023 y de cinco años desde 2024 en adelante.

De acuerdo a lo anterior, el Consejo indica que esta medida tiene un efecto importante en la magnitud del ajuste prudencial y presenta simulaciones que muestran que mientras más años son considerados, mayor resulta el ajuste prudencial, dado que para el cálculo se agregan años previos al período de altos precios del mineral.

Balance Estructural

Por otra parte, respecto a los resultados para el cálculo del Balance Estructural proyectados por el Gobierno, el Consejo insiste con una serie de mensajes que entregó en su informe al Congreso el 26 de abril y en otros documentos publicados previamente. Entre ellos, señala que valora la convergencia fiscal iniciada en 2022, pero resalta que ella debe continuar y deben monitorearse los riesgos que la puedan dificultar.

Además, el CFA advierte que el esfuerzo fiscal previsto por la Dipres se concentraría hacia el final de la presente administración, con una trayectoria de convergencia fiscal que implica un aumento del gasto en 2024, seguido de expansiones bajas o incluso recortes en el periodo 2025-2027. Por ello, el Consejo insiste en que el Gobierno considere una senda que permita que el mayor esfuerzo fiscal no se postergue hacia fines de su periodo.

En la misma línea, para reafirmar el compromiso con la consolidación fiscal, el CFA insiste en su sugerencia de que el Ministerio de Hacienda incorpore metas anuales de BE para todo el período de la actual administración en un nuevo Decreto de Política Fiscal. A la fecha, este decreto sólo establece un punto de partida en 2022 y uno de llegada en 2026 para el déficit estructural, y no metas para cada año.

Finalmente, el Consejo reitera la necesidad de que la Dipres avance hacia una mayor transparencia acerca de los “otros requerimientos de capital” y sus proyecciones, ya que incide en la trayectoria de la deuda pública que el CFA debe monitorear. “La información disponible en los IFP es insuficiente para hacer un seguimiento de dicha información, ya que no existe una apertura de las llamadas Transacciones en Activos Financieros”, sostiene el Consejo. Y agrega que “ello es especialmente relevante, dado que una parte importante de los recursos fiscales provenientes del litio podría invertirse en activos financieros distintos a los del Tesoro Público”.

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