SEA detalla acciones implementadas para la incorporación progresiva del Acuerdo de Escazú

Abr 21, 2023

Las medidas se dieron a conocer durante segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2), en Argentina.

La directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, realizó una exposición sobre las medidas y acciones implementadas en el SEA para la incorporación progresiva del Acuerdo de Escazú, todo ello, en el marco de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) de dicho acuerdo, que se está realizando en Buenos Aires, Argentina.

Desde el SEA informaron que esta instancia es el máximo órgano deliberativo y de decisiones en esta materia y está compuesta por todos los Estados parte, y dentro de sus funciones está el examinar y fomentar la implementación efectiva de este Acuerdo. Cabe recordar que Chile, durante 2022, adhirió a este tratado y, de esta manera, el SEA incorporó este compromiso como un lineamiento estratégico para alcanzar su implementación progresiva en la evaluación ambiental.

SEA y Acuerdo de Escazú

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como el Acuerdo de Escazú, tiene por objetivo garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina.

La actual Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) indicó que busca incentivar una mayor intervención ciudadana en la evaluación ambiental, como también, en la toma de decisiones respecto a proyectos y actividades.

Lo anterior, tiene sintonía con el Acuerdo de Escazú, particularmente, considerando el artículo 81 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que indica que al SEA le corresponde fomentar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos. Es por lo que el Servicio incorporó dentro de sus lineamientos estratégicos de gestión tres principales ejes estratégicos:

  • Gestión Técnica de excelencia, apegada a la normativa con unificación de criterios.
  • Implementación progresiva del Acuerdo de Escazú en el SEIA.
  • Incorporación de la variable del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental.

Desde el SEA detallaron que, entre las primeras acciones realizadas por la actual administración del servicio, en orden a implementar el Acuerdo en su gestión ambiental, están los permanentes esfuerzos de sus funcionarios para que la gestión se realice con mirada de Escazú.

Por ejemplo, incorporándolo en sus indicadores de gestión, en los de la División de Evaluación Ambiental y de Participación Ciudadana y en los de las Direcciones Regionales, para establecer y coordinar medidas que permitan avanzar en su implementación progresiva en el SEIA. También se realizó una encuesta de planificación estratégica 2023 – 2026 del SEA que incorporó consultas sobre el Acuerdo de Escazú, y se creó el Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano.

En temas de acceso a la información ambiental, en la página web se creó un “buscador de guías y criterios de evaluación”, botón digital que facilita y agiliza el acceso al Centro de Documentación del SEA, y se incorporó una nueva sección denominada “Documentos en elaboración”, para garantizar acceso a la información pública y fomentar la transparencia de las próximas publicaciones que se van a realizar durante el 2023.

Del mismo modo, se creó el correo electrónico comentarios.documentos@sea.gob.cl;  se implementó la Oficina de Partes Virtuales (OPV), y se aumentaron las capacitaciones y cursos dirigidos a funcionarios, titulares, consultores y ciudadanía en general, entre otros muchos avances.

En temas de justicia ambiental, destacan igualmente en el reporte entregado por el SEA, la interpretación amplia del concepto de interés y legitimación activa para impugnar los actos administrativos dictados por el Servicio, y la disminución de los plazos en la tramitación de los procedimientos administrativos de invalidación.

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