“Análisis para apoyar la aplicación del Acuerdo de Escazú en Chile”, fue el título del webinar organizado por el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y que tuvo como uno de sus panelistas al abogado Juan Cristóbal Moscoso, jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Durante su intervención, Moscoso destacó las acciones que se encuentra desplegando el SEA en esta materia. En particular, resaltó la creación del nuevo Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano, que tendrá como uno de sus objetivos principales el diseñar y ejecutar las acciones pertinentes para la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú, en el marco de la evaluación ambiental.
En el seminario online se analizaron los resultados de una consultoría desarrollada por el PNUMA, que entre sus principales conclusiones definió que Chile cuenta con bases sólidas para avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú. También que existe un estrecho vínculo entre las medidas del Acuerdo de Escazú y la necesaria modernización del Estado, y que el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú requiere de una inyección presupuestaria.
Asimismo, el informe sostuvo que la situación de las personas defensoras del medio ambiente debe ser visibilizada para un diagnóstico preciso y soluciones adecuadas. Y que el acceso a la información ambiental se encuentra respaldado —principalmente— por la Ley de Transparencia.
Finalmente, que los procesos de participación ciudadana deben ser mejorados para que gocen de mayor legitimidad frente a todos los actores involucrados, y que existen desafíos pendientes en materia de eliminar las barreras de entrada y mejorar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
El primer panel, sobre el “Acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones ambientales”, además de Juan Cristóbal Moscoso, contó con la participación de Paulina Riquelme, representante de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y de Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia de la ONG FIMA.
En el segundo panel, referido al “Acceso a la justicia ambiental y protección de los defensores ambientales”, estuvieron Jorge Femenías, académico de Pontificia Universidad Católica de Chile; Gabriela Simonetti, directora ejecutiva en Kauyeken, y José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero.