Este miércoles se llevó a cabo, en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente, la primera sesión ordinaria del Comité de Ministros de 2023, en la que se analizó el futuro del proyecto minero-portuario Dominga, emplazado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
La instancia acogió unánimemente 12 reclamaciones y rechazó la iniciativa avaluada en US$2.500 millones, cuyo proceso de tramitación ambiental se ha extendido por unos 10 años.
Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, lamentó que en la decisión del Comité de Ministros hayan prevalecido consideraciones políticas en lugar de un análisis técnico. “Más que una decisión técnica, la determinación parece ser el cumplimiento de un compromiso asumido durante la campaña presidencial. Por ello, era muy difícil que sus ministros contradijeran al mandatario y aprobaran la inversión”, sostuvo el directivo.
El dirigente del gremio minero afirmó que este proyecto ha sido respaldado en todas las instancias técnicas, y su retraso obedece a “una estrategia de judicialización que se ha repetido en otros casos, lo cual por cierto lamentamos”. No obstante ello, ha quedado en evidencia que el proyecto cuenta con un amplio respaldo en la comuna de La Higuera y en la Región de Coquimbo.
“Uno entiende que en la etapa inicial del proyecto se alegara falta de información o algunas deficiencias desde el punto de vista de las evaluaciones, pero después de diez años de tramitación, con todas las aclaraciones y las autorizaciones de los organismos técnicos, este Gobierno tenía la oportunidad de hacer un análisis nuevo sobre el proyecto y evaluarlo de acuerdo a sus propios méritos. Esto no implica, que tal como en otras materias, podría haber cambiado de opinión sobre Dominga, especialmente considerando la contribución al empleo y el desarrollo de la zona donde se emplaza”, agregó.
Finalmente, Jorge Riesco lamentó especialmente que desde los Ministerios de Minería y Economía no se haya respaldado el proyecto, lo que contradice en los hechos el discurso que tienen ante las organizaciones empresariales, y planteó la urgente necesidad de que el actual gobierno otorgue certeza jurídica y envíe señales claras a los inversionistas. Ello, con el fin de que se pueda llevar adelante, en el caso del sector minero, una carpeta de inversiones por más de US$70 mil millones, que el país necesita para retomar la senda del crecimiento económico.
«Razones exclusivamente técnicas, no políticas»
La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), a través de su director ejecutivo, Sergio Hernández, lamentó profundamente la decisión tomada por el Comité de Ministros rechazando el Proyecto Dominga, que contaba con apoyo mayoritario de la comunidad y de autoridades comunales. “Hemos manifestado muchas veces que las decisiones sobre si un proyecto se realiza o no, deben estar basadas en razones exclusivamente técnicas y no políticas, tanto si un proyecto es aprobado como si es rechazado”, señaló.
Agregó que “este es un problema de la actual institucionalidad ambiental la que, para proteger el medio ambiente y estimular el desarrollo social y económico, debieran bastarle esos informes científicos. Por último, una alternativa a nuestra legislación puede ser que las decisiones que se tomen, cuando rechazan un proyecto determinado, indiquen lo que ese proyecto debe cumplir para que sea finalmente aprobado, pero no cerrar la llave administrativa sin esas alternativas. De esta manera, el país puede desarrollarse sustentablemente mejor y generar más empleo, encadenamiento productivo, impuestos, e impacto social y ambiental positivo”.
«Un revés importante para la institucionalidad ambiental»
El rechazo al proyecto Dominga también fue abordado por Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, quien indicó que «si bien el Presidente (Gabriel Boric) se pronunció en contra de este proyecto una vez electo y antes de asumir sus funciones, esperábamos que el Comité votara en función de los antecedentes técnicos del proyecto, que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en agosto de 2021, con un Informe de Calificación de Evaluación (ICE) favorable en su proceso de evaluación ambiental, y el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ratificó que cuenta con los antecedentes suficientes y completos para su ejecución. Los criterios, lamentablemente, han sido políticos y no ambientales«.
«Éste es un revés importante para la institucionalidad ambiental e impacta de manera negativa el actual y futuro desarrollo de proyectos de inversión minera. La decisión tampoco es coherente con la preocupación de la ministra para que las resoluciones ambientales fueran técnicas, por lo que estamos frente a una contradicción evidente«, añadió el líder gremial.
Por su parte, Miguel Zauschkevich Domeyko, presidente de la Cámara Minera de Chile, señaló que «esto es lamentable para el desarrollo de la minería nacional, por cuanto el mundo requiere de más minerales y para ello Chile debe potenciar su minería y no disminuirla. Coincidimos en que toda actividad productiva debe atenerse a las normas vigentes y con estricto respecto al medio ambiente».
Agregó que en este fallo se están mezclando consideraciones políticas con las técnicas: «En efecto, algunos personeros de los que votaron dicha resolución emitieron opiniones públicas en contra del proyecto con antelación, lo que establece un mal precedente».
«Nos preguntamos de qué manera se suplirá esta carencia de empleos, en beneficio directo de la comunidad local, en una época de nuestro país en que numerosos proyectos de inversión se han suspendido, en todos los ámbitos, no solamente el minero. Necesitamos mayor producción de minerales; para ello requerimos seguir siendo competitivos a nivel regional y mantener el liderazgo como primer productor de cobre, litio y yodo del mundo, entre otras pastas. Todo esto se puede realizar con las tecnologías modernas, que permiten desarrollar minería de forma sustentable», concluyó Zauschkevich.