Posibilitar un debate en torno a los alcances y efectos de la Propuesta de Nueva Constitución Política, fue el foco del último Networking “Club de la Minería”, instancia que organiza la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin).
El encuentro se inició con la exposición de las últimas actividades que ha realizado la gremial, en ámbitos como presentaciones técnicas y relacionamiento con otras instituciones sectoriales. Mención especial tuvo la participación de Aprimin en Exponor 2022 y PDAC 2022.
Respecto a esto último, Philippe Hemmerdinger, presidente de Aprimin, quien asistió al evento que se desarrolló en Toronto (Canadá), destacó la importancia de reimpulsar la actividad de exploración en Chile, debido al rol clave que tiene en el desarrollo minero.
A continuación, fue el turno de la presentación de la empresa asociada Ameco, la que estuvo a cargo de su gerente de Desarrollo de Negocios, Juan Cáceres Meneses. El ejecutivo expuso la labor de la empresa como proveedor de servicios integrales en América del Sur, que entrega servicios de soporte operacional a la minería y la construcción, mining services, capacitación y certificación de operadores, y servicios de izaje, entre otros.
Es así como se refirió a los beneficios que conlleva proporcionar servicios integrales, vinculados a tópicos como una mayor utilización de equipos. En esa línea, resaltó que la flota actual de la compañía considera más de 1.000 equipos pertenecientes a distintas familias; junto con relevar los avances que presentan en áreas como la tele operación, telemetría y planificación de maniobras.
Una mirada crítica
La presentación principal estuvo cargo de Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, quien hizo una revisión de los principales tópicos que aborda el borrador de la Carta Magna.
En conversación con MINERÍA CHILENA, el abogado entregó su visión sobre el documento.
¿Cuáles son las principales inquietudes que poseen como gremio?
El hecho de la plurinación. Es un tema muy complejo, porque el concepto de nación es una comunidad con un territorio, que tiene soberanía, que participa de valores, normas y gobierno común.
Habrían varias naciones con la nueva Constitución. El problema es que las naciones también negocian entre ellas. Por ejemplo, cuando te pidan el pasaporte… nacionalidad chilena, wallmapu, aymará, rapanuí, cuál…
En el pasaporte sale la nacionalidad ¿Cuál vamos a poner en el pasaporte si es que viajas a Europa? ¿Chilena o no? Porque son naciones.
Ahí hay un error. Pluricultural, perfecto. Intercultural, perfecto. Pero plurinación, error grave, que tiene consecuencias jurídicas.
El otro tema. Exagerados privilegios a los indígenas. Está bien, hay que reconocerlos, reparar el daño, hay que entregarles tierras, lo que se viene haciendo hace 30 años, desde el Presidente Aylwin, la Conadi lo está llevando a cabo. Hay que hacerlo, hay que reparar, pero todas las tierras que están pretendiendo van a generar un problema serio.
Autonomía política, administrativa y financiera a las comunidades indígenas ¿Las fuerzas de seguridad del Estado de Chile van a poder entrar a esas comunidades que tienen soberanía normativa?
Si eventualmente allí ocurre terrorismo o narcotráfico ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Ellos tendrán la fuerza para hacerlo? Gravísimo.
Lo otro es la posibilidad de que negocien con pueblos limítrofes. El Wallmapu está en Argentina y en Chile. Los pueblos indígenas están en Bolivia y en el norte de Chile. ¿Qué va a pasar con nuestras fronteras? Cosas que no se piensan. No hay segundas ni terceras derivadas en esto.
Y en lo referido al sector minero.
En minería… gravísimo, está todo en el aire. No hay más concesiones judiciales, no hay más concesiones administrativas, no hay autorizaciones, no hay nada.
En mi interpretación, las actuales concesiones mineras están absolutamente protegidas por el derecho de propiedad. Aunque se derogue la Constitución actual, van a seguir protegidas por el mismo régimen, porque cuando se constituyeron, sus derechos no pueden ser conculcados sino que por expropiación. Pero todo lo demás está en el aire.
No hay concesiones de uso, no hay concesiones administrativas, no hay nada. La política minera está entregada al Estado, hay que definirla, porque está en al aire; y necesitamos inversiones ahora. US$68.000 millones es la cartera de Cochilco, de dónde van a llegar con estas incertezas absolutas.
No hay derechos de agua. Estos se acaban inmediatamente cuando la nueva Constitución rija, en septiembre, si es que es aprobada, y reemplazadas por autorizaciones de uso, que por ahora van a ser otorgadas por la Dirección General de Aguas, hasta que se cree la Agencia Nacional de Aguas, que la Constitución establece.
Yo estoy de acuerdo con uso prioritario del agua para las personas, pero regulémoslo de otra forma. No conculquemos la posibilidad de que el agrícola, por ejemplo, pueda entregar derechos de agua como garantía para pequeños préstamos.
Por otra parte, quién va a querer invertir en plantas desaladoras si no puede vender el agua a terceros. Una gran planta, por economías de escala, puede entregar agua a las comunidades, pero ahora no podrá venderla.
Próxima sesión
Desde Aprimin destacaron que se continuará el análisis de la propuesta de Constitución, en tópicos como el Congreso, Cámara de las Regiones, Sistema Judicial, Poder Ejecutivo, y Órganos Autónomos, en el próximo Networking, a realizarse el jueves 28 de julio.
Cabe señalar que cada uno de estos Networking puede ser visto a través de Aprimin Tv en YouTube.