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Joaquín Villarino: “Si se aprueba esta nueva Constitución podemos afirmar que será bastante más complejo hacer minería en Chile”

“La protección constitucional de la que goza hoy la actividad minera prácticamente desaparece y su régimen concesional queda, por lo tanto, sujeto a cambios por simple mayoría”, afirma el presidente ejecutivo del Consejo Minero.

Una mirada crítica respecto a los efectos que tendría la nueva Constitución en el desarrollo de la minería nacional, posee Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

En entrevista con MINERÍA CHILENA, el líder gremial analiza el escenario que afronta en la actualidad el sector, como los aspectos que se deben abordar con miras a asegurar su desarrollo sostenible, en términos económicos y ambientales.

¿Cómo evalúa los efectos del borrador de la nueva Constitución en el sector minero, considerando el escenario normativo que genera?

Si se aprueba esta nueva Constitución podemos afirmar que será bastante más complejo hacer minería en Chile. La protección constitucional de la que goza hoy la actividad minera prácticamente desaparece y su régimen concesional queda, por lo tanto, sujeto a cambios por simple mayoría. Esta realidad, en el contexto político actual, evidentemente abre espacios de incertidumbre mayores a los propios de la actividad, que ya son muchos.

A la incertidumbre antes referida hay que sumar los profundos desafíos que implicarán el desarrollo  y aplicación de normas sobre negociación colectiva, régimen jurídico de los derechos de agua, reconocimiento de territorios indígenas con su autonomía y judicatura propia, derechos de la naturaleza y nuevas instancias legislativas regionales, por mencionar algunos.

Es verdad que finalmente se reconoció la viabilidad de la actividad privada en la explotación y exploración  minera, desechándose iniciativas sobre estatización, lo que es una muy buena noticia, pero el diagnóstico definitivo para el desarrollo de la minería, es más bien reservado, a la espera de una profusa normativa sobre los temas mencionados.

El desafío del sector es colaborar intensamente para que esa nueva normativa sea razonable, permita el desarrollo de la actividad, incrementado su aporte económico al país y en especial a las regiones mineras, facilite el desarrollo social y de garantías de cuidado medioambiental. Mientras subsistan las incertidumbres, será difícil ver nuevas inversiones relevantes y, probablemente, deberemos conformarnos con las que permiten mantener la producción de las actuales faenas.

Cambio climático y medio ambiente

¿Son suficientes las medidas que está tomando el sector minero para afrontar la crisis hídrica? ¿Se puede hacer algo más?

El cambio climático, y por consiguiente la crisis hídrica, es una preocupación a nivel mundial, y sin duda requiere que todos los sectores productivos tomen acciones y medidas concretas que den respuesta a la escasez de agua que tenemos en Chile.

Con respecto al desafío del agua, el sector minero, desde hace muchos años, ha avanzado hacia un consumo responsable de este recurso, utilizando solo un 3,5% de agua continental y reutilizando un 76% de ella en los procesos.

Por otra parte, la industria ha implementado innovación y tecnología para incorporar de forma creciente el agua de mar en sus procesos. Hoy el sector utiliza un 25% de agua de mar, y en el 2030 se proyecta que éste aumente a un 50%. De hecho, en minería hay 11 plantas desaladoras operando y 7 más en proyección.

Junto con lo anterior, el compromiso del sector es que a 2025, para no afectar el consumo humano, un 90% del agua usada en la minería venga del mar o sea reutilizada.

¿Qué impactos tendría de aprobarse el proyecto de protección de glaciares que se tramita en el Congreso?

Desde la industria minera entendemos y compartimos el cuidado por el medio ambiente, y si bien en el pasado algunos yacimientos mineros afectaron glaciares, hoy la realidad de la actividad es otra; el sector ha evolucionado y adecuado sus estándares a los requerimientos que impone una nueva realidad ambiental derivada del cambio climático.

En todo caso, en la última década no se han autorizado, ni ejecutado proyectos que hayan generado daño a glaciares, menos aún glaciares con impacto perceptible en su aporte hídrico o biodiversidad. Cabe destacar que el 83,5% de los glaciares del país están bajo protección oficial del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASP), es decir, son intocables.

Sobre el proyecto de ley, estamos de acuerdo con que exista una protección de los glaciares, sin embargo, hasta ahora, no ha habido un acuerdo generalizado en la definición de los distintos tipos de glaciares y se ha evitado valorarlos según su aporte hídrico en cada caso, que es lo técnicamente recomendable. Es fundamental que se estudie, evalúe y analice el aporte hídrico y la biodiversidad de cada tipo de glaciar, que no sea blanco, y con los antecedentes que se obtengan, se autorice o no a afectarlos, con todas las medidas de mitigación y compensación que correspondan.

Certeza jurídica e inversiones

¿Qué medidas se requieren para impulsar la inversión minera en el país?

Tanto para mantener como para impulsar las inversiones, se necesita certeza y seguridad en el marco jurídico que regula la actividad minera en nuestro país. Lo anterior debido a que los períodos de inversión son de largo plazo.  Al no quedar establecido un Régimen de Concesiones en el proyecto de Constitución, se abre un espacio de incertidumbre para la actividad económica más importante de Chile, una que históricamente ha tenido garantías a nivel constitucional, permitiéndonos ser líderes mundiales en producción de minerales.

Hoy las empresas mineras representan casi un cuarto de las inversiones del país, con la nueva Constitución van a quedar expuestas a leyes simples, por lo que deberemos trabajar para cerrar esas brechas de incertidumbre en el menor plazo posible y así no afectar el desarrollo de la actividad y su aporte económico, indispensable para satisfacer muchos de los derechos sociales que se están consagrando a nivel constitucional.

¿Cómo es posible relevar ante la sociedad la importancia de la minería en el desarrollo del país?

La minería forma parte del ADN de este país, Chile es un país minero. El sector minero representa un 12% del PIB del país, y en regiones mineras del norte en algunos casos alcanza el 50%. Hay regiones que tienen su sustento económico en base al desarrollo de este sector. Éste lo compone un tejido social que es trascendental en las regiones mineras, donde se desarrolla la pequeña, mediana y gran minería; así como las empresas proveedoras. También de la mano del sector minero existe un gran encadenamiento productivo y en su conjunto, directa e indirectamente, el 10% del empleo total del país depende de esta actividad.

Durante 2021 nos unimos a Compromiso Minero, una red que cuenta con más de 100 adherentes, compuesta por la academia, ONG’S, centros de estudios, asociaciones gremiales, empresas de la pequeña, mediana y gran minería, así como emprendedores, entre otros. Todos en conjunto estamos trabajando por dar a conocer e informar los avances del sector minero de cara a los desafíos que tiene el país.

¿Cómo se debe abordar la cada vez más compleja obtención de la licencia social para operar?

La minería se ha propuesto mantener una comunicación constante y responsable con las comunidades, así como también en colaboración directa con los municipios y gobiernos regionales, con el objetivo de promover relaciones constructivas, que permitan enfrentar y solucionar eventuales conflictos, por medio de una participación de las comunidades como un buen ejemplo de política pública.

No somos una industria desconectada de la realidad. Sabemos que existen espacios de mejora, en los que el sector minero trabaja diariamente para encontrar nuevos mecanismos e instancias que nos permitan generar más diálogo e informar de manera transparente.

En el caso de los pueblos originarios, el sector minero ha participado activamente en la implementación  del Convenio 169 de la OIT, que establece el deber del Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados.

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