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Contaminación en Quintero-Puchuncaví: Senadores abogan por medidas concretas

Los parlamentarios insistieron en la urgencia de identificar los elementos que generan la toxicidad para así determinar la responsabilidad de las compañías, muchas de las cuales no han sido fiscalizadas.

Los últimos episodios de contaminación en la bahía de Quintero y Puchuncaví, conocidos a principios de junio, llevaron a los integrantes de las Comisiones de Salud y de Minería y Energía del Senado, a invitar a los distintos actores involucrados para escuchar en primera persona, qué pasa con la comunidad y los trabajadores del cordón industrial.

Los legisladores apuestan a buscar respuestas concretas dado que desde 2014 –según relataron los afectados- han escuchado “centenares de promesas de las autoridades de turno y las gerencias de las empresas” de la bahía, entre ellas, las de Codelco.

Para ello, acordaron proponer a los Comités, realizar una Sesión Especial donde se analicen las distintas aristas del conflicto ambiental, sanitario y laboral.

Comisión de Salud

Por ahora, la Comisión de Salud recibió al alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, quien hizo un duro diagnóstico.

“El Estado chileno ha vulnerado sistemáticamente, los derechos de los habitantes de la comuna al no obligar a las empresas a endurecer las medidas medioambientales”, sentenció describiendo una seguidilla de intoxicaciones que ninguna empresa ha asumido.

A su juicio, “la solución pasa por la inversión en tecnología limpia, no por el cierre de empresas. Creo que los recursos invertidos no pueden pagarlos los trabajadores”.

En cuanto a las numerosas peticiones que ha realizado a las autoridades de turno, el edil mencionó la necesidad de restringir los límites de emisión de gases, la instalación de una nueva red de monitoreo, la realización de estudios que permitan identificar los compuestos contaminantes y su fuente, y la pertinencia que todos los proyectos del parque industrial estén obligados a aprobar los controles medioambientales.

Frente a ello, los congresistas también invitaron al Ejecutivo, que estuvo representado por la ministra de Salud, María Begoña Yarza; y de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La titular de Salud anunció que se desarrollará un estudio sobre metales pesados y su relación con patologías oncológicas que será realizado por la Universidad Católica.

También informó de una evaluación censal de la población expuesta dando prioridad a los niños de los establecimientos educacionales de Quintero, Puchuncaví y Concón, todo en el marco de la aplicación del Plan integral de Recuperación Sanitaria.

En tanto, la ministra Rojas mencionó la actualización de las normas de emisión de las termoeléctricas y fundiciones, la elaboración de una norma secundaria para la bahía de Quintero y Puchuncaví y la instalación de una red de monitoreo.

En lo legislativo, destacó que pondrán urgencia a la norma que exige la Resolución de Calificación Ambiental a los proyectos evaluados y aprobados con anterioridad a la creación de la actual Institucionalidad Ambiental que está en la Comisión de Medio Ambiente.

Tras escuchar estos anuncios, el presidente de la Comisión, Francisco Chahuán comentó que “queremos que el Gobierno termine con los diagnósticos y que comience a realizar el trabajo en busca de soluciones. Hemos presentado las acciones penales correspondientes en contra de Codelco y un recurso de protección”.

En la misma línea, el senador Alfonso De Urresti abogó por agilizar las acciones que se pretendan realizar. “No es posible que la escuela La Greda (que se ha visto afectada por varios casos de contaminación) haya tenido que trasladarse dos kilómetros. Eso es el colmo”.

A su vez, el senador Juan Luis Castro relevó la importancia de contar con un informe toxicológico que permita indentificar los químicos que están afectando la salud de la comunidad y así determinar con claridad, las empresas que los emiten. “Entiendo que la Superintendencia de Medio Ambiente tenía un laboratorio para esto. Me gustaría saber qué pasa”, hizo ver.

Comisión de Minería

En tanto, con el fin de recabar mayores antecedentes del nuevo episodio de contaminación en la zona, los integrantes de la Comisión de Minería y Energía recibieron a dirigentes sindicales de la refinería Ventanas.

En la instancia se hicieron presentes la presidenta del sindicato N°1 de Codelco Ventanas, Andrea Cruces; el presidente del Sindicato Interempresas Ventanas, David Torreblanca; y el presidente del sindicato Turnados Ventanas, Juan Peña.

Estos aseguraron que la planta necesita US$50 millones (un 1% de la cartera de proyectos estratégicos) para ponerse a tono con los requerimientos ambientales. A su vez, denunciaron que la empresa los estaría responsabilizando por los malestares que ha experimentado la población y que la autoridad sanitaria ha identificado como intoxicación. En 11 días se han conocido cuatro episodios. Frente a ello, la estatal cerró sus instalaciones y hoy los trabajadores amenazan con un paro de actividades.

En otra sesión, la ministra de Minería, Marcela Hernando reconoció que “Codelco ha invertido 156 millones de dólares para cumplir con las normas. Faltan 52 mil millones que deben utilizarse a más tardar en 2023”.

En este escenario, los senadores plantearon la urgencia de dar respuestas a la ciudadanía afectada que por años “ha escuchado siempre lo mismo”.

De hecho la presidenta de la Comisión, Loreto Carvajal aseguró que “no puede seguir postergándose las obras que deban hacerse, en todas las empresas que corresponda”.

Luego, el senador Rafael Prohens insistió en que “es urgente conocer qué es lo que está contaminando. No puede ser que desde 2014 estemos en lo mismo y aún no se sepa”.

Coincidiendo con su par, el senador José Miguel Durana expresó que “deberíamos tener un resumen de los informes y compromisos asumidos por las autoridades todos estos años y por Codelco también porque ha ido postergando esta inversión”.

Para la senadora Yasna Provoste, “esto debe investigarse con cuidado porque hoy la refinería está parada y siguen las intoxicaciones”, aseguró.

En tanto, el senador Esteban Velásquez agregó que “en el parque hay 16 compañías y entiendo que solo dos se fiscalizan”.

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