Los proyectos de ley y normativas que afectarían directamente a la minería del país avanzan tanto en el Congreso como en la Convención Constitucional, iniciativas que buscan proteger el medioambiente en un escenario de cambio climático. En ambos casos, por ejemplo, figura la protección a los glaciares.
En el caso del Proyecto de Ley de Protección de Glaciares, éste se encuentra en su primer trámite, luego que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado despachara el documento a la instancia de Hacienda. En dicho proyecto se estipula que no podrán ejercerse faenas mineras no solo en los glaciares, ni tampoco en el entorno glaciar y del permafrost, lo que prendió las alarmas en las principales voces de la industria.
Ante este escenario, el Gobierno está estudiando una aplicación gradual de la propuesta de prohibición de la minería cerca de los glaciares. La ministra de Minería, Marcela Hernando, aseguró que existen al menos 20 sitios mineros que están en áreas protegidas.
¿Cuál es la postura de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) ante los artículos de esta normativa y la propuesta de la titular de esta cartera? Diego Hernández, presidente de SONAMI, conversó con MINERÍA CHILENA, asegurando que la propuesta es ambigua y, de aprobarse este proyecto, caerá el Producto Interno Bruto del país (PIB), y se perderá un porcentaje importante de empleos en el sector.
Con respecto al proyecto de Ley de Protección de Glaciares que se discute en el Senado, ¿cómo afectaría esta normativa al ingreso económico del país y al empleo en la industria?
Según ha indicado Cochilco, y es coincidente con el análisis de la industria, la aprobación de este proyecto de ley causaría al país una caída de 2,4% en el PIB y una destrucción de 42 mil empleos.
Lo más curioso, es que afecta solo a cinco grandes faenas mineras, las cuales han podido y pueden desarrollarse de manera perfectamente compatible con la protección de nuestro ecosistema. Es como si el proyecto de ley tuviera nombre y apellido.
Independiente de nuestra impresión, esta preocupación también ha sido recogida por los sindicatos de trabajadores de esas operaciones mineras. Una imposición legal de esa envergadura no sólo limitaría innecesariamente las posibilidades de desarrollo de la minería y de nuestro país, sino que además expondría al Estado a tener que indemnizar a los inversionistas por el valor económico de las reservas mineras afectadas, lo que constituye un doble contrasentido.
¿Cuáles son los argumentos de Sonami para afirmar que la minería y la protección de los glaciares son compatibles?
La minería comparte la preocupación por los glaciares, pero rechazamos el contenido actual de este proyecto, que hemos calificado de “antiminería”, ya que la inclusión del ambiente periglacial y el permafrost prácticamente prohíben la actividad minera en la cordillera y no constituyen aporte hídrico.
Además, la ambigüedad en las definiciones de glaciar, ambiente periglacial y permafrost derivará en una mayor judicialización e incerteza.
Como antecedente adicional, si un proyecto como este existiera en Canadá, simplemente se habría eliminado la minería en ese país.
¿Cuál es la postura de Sonami respecto a la consideración del Gobierno –principalmente de la ministra Marcela Hernando- de implementar una gradualidad en veto a proyectos mineros cercanos a glaciares?
Sinceramente, esperamos que este proyecto no sea aprobado, por el bien del país. De hecho, una de las faenas más afectadas sería Andina, de Codelco.
Nos cuesta creer que se pueda afectar a una de las mayores fuentes de ingresos del Estado.