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Preservación y protección del medio ambiente: se incorporará el principio de compras públicas sustentables

La moción recientemente respaldada por el Senado permite a los organismos del Estado incorporar en las licitaciones públicas criterios ambientales al momento de decidir la adjudicación de contratos de suministro de bienes muebles y de servicios.

La moción sobre compras públicas sustentables -con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (Boletín N° 11.864-12)-  logró un amplio respaldo en el Senado, y recibirá indicaciones hasta el 13 de mayo a las 12:00 horas.

El proyecto -patrocinado por los senadores Isabel Allende, Ximena Órdenes y David Sandoval, y los ex senadores Carolina Goic y Guido Girardi– tiene por objeto permitir a los organismos del Estado incorporar en las licitaciones públicas criterios ambientales al momento de decidir la adjudicación de contratos de suministro de bienes muebles y de servicios.

La senadora Isabel Allende explicó que “se consideran criterios ambientales, entre otros, la reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes locales; la optimización del nivel de eficiencia energética y uso de agua; la reducción del volumen de desechos; la reutilización de materiales; el uso de materiales reciclados y la reducción la producción de sustancias tóxicas”.

Por su parte, el senador David Sandoval señaló que “anualmente el Estado gasta 8 mil millones de dólares, es decir, cerca del 3,5 del PIB, ese es el nivel del impacto. (…) Incide en el ámbito económico, social y ambiental, por ello se busca que el Estado sea un elemento con acciones concretas como esta”.

Discusión del proyecto

Desde el Senado indicaron que los parlamentarios valoraron el avance de la moción, y enfatizaron que esto puede “hacer la diferencia”, además de incorporar mejores prácticas, e instaron a que el Ejecutivo patrocine la norma para que “no quede solo como una expresión de voluntades”.

Asimismo, según informó la Cámara Alta, durante la discusión, los senadores recalcaron la incorporación de criterios ambientales en la evaluación de las compras que realice el Estado, disminuyendo el impacto en nuestro entorno generado por el ciclo de vida de los productos y servicios adquiridos.

 

 

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