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Retos ambientales mineros del nuevo gobierno: Economista identifica los de mayor urgencia

En entrevista exclusiva con MINERÍA CHILENA, el economista de la Fundación Terram, Telye Yurisch, ahonda en los aspectos asociados a materia hídrica, gestión de residuos y reducción del impacto medio ambiental de la minería.

El complejo panorama hídrico que atraviesa Chile, junto a los esfuerzos por frenar el cambio climático y el trabajo  que ello conlleva para avanzar en hacia una minería sostenible, son parte del escenario que presenta el sector minero al nuevo gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El ingeniero comercial y economista de Fundación Terram, Telye Yurisch, deja ver a MINERÍA CHILENA los desafíos prioritarios que deberá enfrentar la nueva gestión gubernamental, donde  -Yurisch- destaca principalmente la discusión por el acceso al agua, las emisiones de contaminantes y residuos y, la protección y conservación de los salares y una explotación sensata del litio.

Junto a ello, el economista plantea que “es importante que en la agenda del Ministerio de Minería se logre avanzar en una buena gestión de relaves adoptando como línea base el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera, el que tiene como directriz general minimizar y reducir a cero los daños e impactos de la industria minera en las personas y ecosistemas”.

A su juicio, ¿en qué aspectos debe ahondar el nuevo gobierno – con urgencia – en materia medioambiental?

En materia de desafíos socio ambientales para la minería, se pueden identificar dos prioridades o ámbitos de discusión pública que son relevantes: el primero vinculado a la disponibilidad de insumos estratégicos para la industria extractiva, en donde el debate por el acceso al agua pasa a ser el principal desafío político sectorial; y, en una segunda línea, está la discusión en torno a las emisiones de contaminantes y a la enorme generación de residuos que implica el procesamiento del mineral rojo, considerando que avanzar en una gestión óptima de los relaves y remediar la gran cantidad de pasivos ambientales mineros (PAM) existentes en el país forman parte de los pendientes que presenta la minería nacional.

En términos generales, para entender el complejo panorama hídrico sectorial es necesario tener presente que las actividades extractivas acentúan la presión sobre el agua disponible en regiones con una alta estrechez, y también presenta distintos escenarios de contaminación y destrucción de fuentes de suministro hídrico (glaciares, humedales, salares, bofedales, entre otros), lo que en

Fundación Terram hemos denominado el “triple impacto” de la minería en el agua. Ante el contexto, y para asegurar su continuidad operacional, la industria minera ha ido adoptando una estrategia de suministro centrada en la implementación de plantas desalinizadoras. Dicha estrategia ha abierto distintas alertas ambientales, dado los eventuales impactos que conlleva el uso de agua de mar y los procesos de desalinización, pero, sobre todo, porque el sector está trasladando su restricción hídrica a un problema energético y climático.

Por otra parte, el cambio en la matriz productiva proyectado para la industria cuprífera –una alta participación de minerales sulfurados que requieren un mayor procesamiento- también trae a la discusión otro de los impactos relevantes del sector que dice relación con la enorme generación de material estéril, residuos y relaves que provienen del procesamiento del mineral. Ante este punto, es importante que en la agenda del Ministerio de Minería se logre avanzar en una buena gestión de relaves adoptando como línea base el “Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera”, el que tiene como directriz general minimizar y reducir a “cero” los daños e impactos de la industria minera en las personas y ecosistemas. Complementariamente, y con un grado de urgencia, es prioritario avanzar en una Ley de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) que regule su caracterización, establezca un sistema de priorización en base al riesgo y diseñe un sistema de remediación de los depósitos de relaves abandonados, que a su vez asegure la rehabilitación ecológica de los sitios afectados por la actividad extractiva.

Por último, la protección y conservación de los salares y una explotación sensata del litio (entre otros minerales) es otra de las prioridades ambientales del nuevo gobierno. Para el caso de las actuales explotaciones de litio en el Salar de Atacama, es relevante clarificar la incertidumbre técnica y también generar información pública actualizada sobre la situación hidrogeológica de los salares y su comportamiento ante los efectos del Cambio Climático, como también de los impactos negativos relacionados a las actividades mineras que operan en el lugar.

Desde la esfera gubernamental, ¿Cree que el gobierno puede aumentar su participación en medidas relacionadas al ámbito ambiental de Chile ¿de qué manera?

Sin duda, la reciente adhesión del Gobierno del Presidente Boric al Acuerdo de Escazú representa un gran avance en materia de acceso a la información ambiental, asegurar la participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia. Más aún si consideramos que el sector minero es unos de los principales focos de conflictividad socio ambiental en el país.

Ahora bien, y relacionado con los desafíos socio ambientales sectoriales expuestos anteriormente, el problema de crisis hídrica que enfrenta el país devela las distintas brechas de política pública que presenta el sector. En esta línea, resulta muy relevante avanzar en una buena gobernanza en materia hídrica fortaleciendo las regulaciones en las tres dimensiones del problema (triple impacto hídrico, antes mencionado), orientando el desarrollo e implementación de políticas que garanticen el derecho humano al agua y la priorización de sus usos; estableciendo estándares a la contaminación del agua, específicamente normas de calidad de agua en las cuencas donde se localiza la actividad extractiva; y, entre otros puntos, avanzar con urgencia en normativas que establezcan una mirada integral sobre el tratamiento y conservación de ecosistemas frágiles, como glaciares y salares.

De igual modo, ante la proliferación de plantas desaladoras que se orientan en satisfacer los requerimientos hídricos del sector, desde Fundación Terram relevamos la necesidad de abordar la actual crisis hídrica que enfrentan las zonas mineras desde un enfoque de política que sea integral, en donde se avance en el desarrollo de una estrategia nacional que permita ordenar y/o planificar la instalación de plantas desalinizadoras, asegurándose que éstas presenten una orientación pública, con un destino multipropósito y un uso humano prioritario. Asimismo, se espera que las plantas operen con criterios de responsabilidad que eviten y/o reduzcan considerablemente los impactos que conlleva el uso de agua de mar y los procesos de desalinización.

Por último, y en el marco de la discusión de una política nacional del litio, sería un acierto para el nuevo gobierno promover conjuntamente un proyecto de Ley sobre Salares Alto Andinos, que permita establecer una real conservación de los mismos y proteger la biodiversidad que albergan.

¿Qué iniciativas considera que se podrían implementar-a nivel nacional- para potenciar aún más el desarrollo de una minería verde?

Antes que todo, el denominar a la minería como “verde” o “responsable” desconociendo su largo historial de impactos socio ambientales, tales como el abandono y colapso de relaves mineros; la afectación severa de glaciares y otras fuentes de suministro hídrico como salares, humedales o vegas, entre otros; la contaminación local en zonas de sacrificio, los hechos de corrupción y clientelismo –como en el caso SQM–, entre otros; no hace otra cosa que tensionar aún más una imagen del sector que ya se encuentra bastante desacreditada en los territorios donde se emplaza. Desde nuestra perspectiva lo más indicado es hablar de una “nueva minería”, asegurando que en su operación no se afecte irreparablemente a la naturaleza ni tampoco se vulneren derechos fundamentales.

En términos generales, para Fundación Terram la incipiente estrategia de minería verde impulsada por el gobierno saliente presenta una serie de problemas de aplicabilidad, considerando que en términos conceptuales no hay una definición concertada por la sociedad civil y las comunidades locales respecto al marco y alcance que representa el apellido “verde” o “responsable” para el sector minero. Por otra parte, aún existen distintos problemas técnicos de implementación relacionados con los mecanismos de certificación y el acceso oportuno a la información del comportamiento de las empresas y/o operaciones mineras, lo cual impide asegurar la trazabilidad responsable de la producción nacional. Por último, la viabilidad del término enfrenta diversos desafíos políticos vinculados al nivel de conflictividad y desprestigio que presenta la industria minera nacional, dado que aún persisten los problemas de gobernanza sectorial vinculados a temáticas de estrechez hídrica, contaminación local y global, y PAM, como tampoco se ha avanzado en el resguardo de componentes esenciales de la naturaleza como son los glaciares y salares.

¿Qué estrategias ambientales destacaría en que la industria minera chilena ha estado cumpliendo un rol protagónico Chile?

Uno de los puntos a destacar es el desarrollo de procesos de certificación de minerales que asegure un suministro responsable. En teoría, con estas certificaciones se busca que las compañías mineras y sus empresas relacionadas, a lo largo de su cadena de valor, evidencien que los productos que entregan al mercado se hayan elaborado con los más altos estándares, en zonas geográficas libres de conflictos y con las mejores prácticas de responsabilidad empresarial. Requerimientos que, como un primer punto a considerar, asume que la industria minera es responsable de una gran variedad de impactos socio ambientales en las distintas etapas de su ciclo de vida.

Ahora bien, desde Fundación Terram relevamos que dichos procesos de certificación presentan distintos desafíos de implementación vinculados principalmente al alto número y tipos de certificaciones que actualmente hay en el mercado, generando en las empresas lineamientos poco claros y no estandarizados al momento de socializar su comportamiento, como también, existe una gran brecha en la calidad de la información reportada por las empresas, lo cual representa un problema al momento de verificar la trazabilidad de la producción nacional y con ello acreditar una conducta responsable. De igual modo, es importante tener presente que como fundación presentamos un alto escepticismo en torno a la real aplicabilidad de dichas certificaciones voluntarias y, por el contrario, planteamos la necesidad de avanzar en un fortalecimiento o mejora de las regulaciones ambientales del sector, ya que solo de este modo se podrá asegurar que la actividad extractiva pueda presentar un comportamiento un poco más “responsable” en su operación.

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