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Abogado del estudio Arteaga Gorziglia explica las implicancias de la reforma al Código de Aguas

José Ignacio Benavente, en entrevista exclusiva con MINERÍA CHILENA, aborda desde los factores que incidieron en la modificación hasta cómo ésta permitiría realizar una mejor gestión frente al cambio climático.

En el Día Mundial del Agua, recordamos la aprobada reforma al Código de Aguas -que se encuentra en proceso de examen constitucional de normas, previo a promulgación y publicación-, la cual considera el cumplimiento de las 7 Prioridades Estratégicas de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, enfocadas en mejoras en la información de recursos hídricos, gestión estratégicas de cuencas, colaboración con organizaciones de usuarios de agua, innovación tecnológica, tramitación de expedientes, actualización de legislación de agua y transparencia del funcionamiento.

Considerando la relevancia de este vital elemento en el cambio climático y en conmemoración al Día de este Recurso Hídrico, desde MINERÍA CHILENA  conversamos con el abogado del estudio Arteaga Gorziglia, José Ignacio Benavente, sobre -entre otros puntos- las implicancias de esta reforma.

En esta línea, el especialista sostiene que que “debemos ser cautos en las expectativas asociadas a ella. Las industrias que utilizan o disponen de agua ya han asimilado los efectos de la falta de disponibilidad del recurso (…) Inicialmente la reforma “no gozó del apoyo de todos los actores políticos y de las distintas industrias, mutó producto de distintos fenómenos: enfrentamos una sequía prolongada que afecta a todo el país, una demanda creciente del recurso, el agotamiento de fuentes, la constatación de una fiscalización defectuosa por parte de la DGA, la especulación por parte de titulares de derechos, entre otros múltiples factores”.

Para precisar un poco, ¿cuáles son las principales modificaciones al Código de Aguas?

Las modificaciones introducidas por la reforma tocan diversos asuntos. Sin embargo, los principales cambios son los relacionados al tratamiento normativo de los derechos de aprovechamiento de aguas, ya que la reforma limita tanto los derechos vigentes agregando sanciones de caducidad por no uso, como también a los derechos futuros, ya que el otorgamiento por parte de la DGA estará condicionado al destino de las aguas que el titular le asigne, además de que las futuras concesiones no podrán superar los 30 años.

¿Qué factores incidieron en la necesidad de realizar una reforma?

El proyecto ingresó hace 11 años aproximadamente y podemos decir con certeza que la realidad del agua en Chile ha cambiado desde entonces. La motivación de una reforma al Código de Aguas, que no gozó inicialmente del apoyo de todos los actores políticos y de las distintas industrias, mutó producto de distintos fenómenos: enfrentamos una sequía prolongada que afecta a todo el país, una demanda creciente del recurso, el agotamiento de fuentes, la constatación de una fiscalización defectuosa por parte de la DGA, la especulación por parte de titulares de derechos, entre otros múltiples factores.

¿Qué implicancias tendrá la reforma tanto en lo social como en lo económico?

Debemos ser cautos en las expectativas asociadas a la reforma. Las industrias que utilizan o disponen de agua ya han asimilado los efectos de la falta de disponibilidad del recurso. En este contexto, la reforma, en una primera etapa, puede generar incertidumbre relacionada a la eficacia y a los criterios de aplicación de las nuevas normas. Sin perjuicio de lo anterior, son socialmente valorables los avances en cuestiones como la consagración expresa del principio de priorización del uso del agua para el consumo humano y su funcionalidad dentro de los ecosistemas.

¿En qué aspectos esta reforma permitirá una mejor gestión para hacer frente a los desafíos del cambio climático?

Hay herramientas que incorpora la reforma que, en la teoría, pueden servir para gestionar el agua a nivel de cuencas, como son los Planes Estratégicos de Gestión Hídrica. Sin embargo, representan un desafío importante para las autoridades administrativas y la labor de velar por una buena gestión del agua ante el avance del cambio climático no puede recaer exclusivamente en la DGA. La aplicación de la reforma se encontrará con diversas dificultades prácticas que no frenarán las urgencias de comunidades, agricultores y demás usuarios. Lo que no puede suceder es que se descanse en esta reforma como solución a los problemas del agua en Chile ya que la crisis es muy compleja y requiere soluciones multisectoriales.

 

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