Con el objetivo de recaudar recursos fiscales para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), la comisión de Hacienda del Senado aprobó el aumento en el pago de patentes mineras, por lo que este tema serpa revisado en la sala de la Cámara Alta el próximo lunes.
La propuesta aprobada por los legisladores fue explicada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien precisó que la idea es aumentar el plazo de duración de la patente de exploración a cuatro años, «pero eliminando la
posibilidad de renovación. Adicionalmente, se aumentaría el monto de la patente, de 1/50 UTM por hectárea, a
3/50 UTM por hectárea».
«Con respecto a la patente de explotación, se mantiene la duración indefinida. El valor de las patentes ya
otorgadas se mantiene solo para aquellas patentes que demuestren trabajo, pero se aumenta el valor de la
patente no metálica al nivel de la metálica (1/10 UTM)», afirmó la autoridad.
Escala
El secretario de Estado dijo que sobre los valores de las patentes de explotación, se crea una escala progresiva, de acuerdo con el transcurso de los años para concesiones que no demuestren trabajos (sin distinción metálica/no metálica):
•4/ 10 UTM por hectárea para los primeros 5 años
•8/ 10 UTM por hectárea desde el año 6 al 10
•9/ 10 UTM por hectárea desde el año 11 al año 15
•1,2 UTM por hectárea desde el año 16 al año 20
•3 UTM por hectárea desde el año 21 al año 25
•6 UTM por hectárea desde el año 26 al año 30 y
•12 UTM por hectárea a partir del año 31
De acuerdo con el titular de las finanzas públicas, «aquellas concesiones que, no habiendo iniciado faenas mineras, hayan obtenido o estén en proceso de obtención de una RCA, el monto de la patente será el equivalente de 3 10 UTM por cada hectárea».
Modificación legal
Cerda señaló que la modificación consiste en establecer que las sumas recaudadas que excedan de US$80 millones, irán al Tesoro Público, agregando que la recaudación actual está entre US$50 y US$55 millones.
Además, planteó que se busca corregir aspectos como «limitar las acciones posesorias, permitiéndolas solo donde se acredite constitución de servidumbre minera y/u otro derecho real; establecer la exigencia de la entrega de información geológica, y eliminar exigencia de mantener hitos en terreno.