En el marco del mecanismo de participación popular, mediante el cual una persona o grupo de personas puede presentar a la Convención Constitucional una propuesta de texto para ser incorporado en la nueva Constitución, Compromiso Minero presentó una Iniciativa Popular de Norma denominada “Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático”.
La red de organizaciones expresó que considera que “la nueva Constitución debe contener normas que garanticen los intereses del Estado respecto de los minerales, como la declaración del dominio de éste sobre todas las minas, sin perjuicio de la propiedad de las personas sobre los terrenos superficiales, y el cumplimiento por parte del concesionario de ciertas obligaciones como condición para mantener la concesión en su patrimonio”.
“También debe contener disposiciones que otorguen seguridad y estabilidad a quienes desempeñan actividades mineras, como el establecer que el Estado podrá otorgar a las personas las concesiones necesarias para explorar y explotar las sustancias minerales, incluyendo las facultades para usar, gozar y disponer de ellas. Asimismo, que las concesiones mineras se constituyan y extingan por resolución judicial. Este modelo, en vigencia desde 1874, ha permitido contar con un proceso objetivo y transparente, con menor dilación que el administrativo y al alcance de todos los mineros, independiente de su tamaño. No se divisa razón para transitar hacia a un sistema de concesión administrativa, ya que el actual presenta indudables ventajas y es valorado nacional e internacionalmente por su efectividad, probidad y transparencia”, manifestó.
Junto con ello, aseguró que “a las normas constitucionales mineras debieran agregarse otras referidas a la protección medioambiental y al desarrollo social, con miras a la sustentabilidad de la minería. Entre éstas: establecer que es deber del Estado promover y garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental pertinente; señalar que los ingresos que perciba el Estado por concepto de actividad minera deban considerar en su destinación a las comunas y regiones en las cuales tiene lugar ésta, permitiendo que se vean directamente beneficiadas por la minería y una mayor descentralización del país; y establecer que los concesionarios mineros estarán obligados a cumplir las normas ambientales y de seguridad minera”.
Conoce más sobre esta propuesta y cómo apoyarla en este link.