En un contexto donde la escasez de agua se torna un gran desafío para las mineras, en particular para aquellas que operan en el norte del país, la alternativa de recurrir a una planta desalinizadora como lo hará Codelco -para abastecer de agua a Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales-, se hace vital en la senda de la sustentabilidad productiva.
A raíz de la planta desaladora en Calama, quisimos conocer el análisis que realizan desde el estudio Arteaga Gorziglia respecto a este modelo de desalinización, cómo ven la situación actual regulatoria para estas instalaciones, las perspectivas futuras y los desafíos que presenta este tipo de infraestructura desde el marco legal.
Uno de los puntos que el abogado Arnaldo Gorziglia, socio del estudio jurídico Arteaga Gorziglia, resalta en la entrevista con este medio de comunicación, es la “falta un marco regulatorio adecuado para el otorgamiento de concesiones para la desalación y sobre todo para el transporte del agua”.
A juicio de Gorziglia y centrándonos particularmente en la Planta Desaladora en Calama que abastecería de agua a las operaciones de la estatal, “para un proyecto como el de Codelco existen los mecanismos regulatorios adecuados que permiten obtener las servidumbres y permisos para poder transportar el agua desde la planta desaladora hasta la faena minera. Las rentabilidades de la industria minera permiten esquemas atractivos para que el sector privado invierta a través de sistemas BOOT”.
¿Cuál es su percepción sobre este modelo de Planta Desaladora en Calama?
En términos generales, es muy positivo que proyectos mineros estén recurriendo a la desalación como alternativa para suplir sus necesidades de agua. Esto permite que los proyectos mineros sean sustentables y se libera el uso de aguas superficiales para proyectos agrícolas o industriales que no tienen los recursos de la minería para optar por esta solución.
El modelo de financiamiento y operación del proyecto a través de una estructura de BOOT (Build, Own, Operate and Transfer), es un esquema bastante usual en la minería, cuya viabilidad está determinada por las rentabilidades de la industria minera y por las herramientas legales que tienen estas empresas para constituir servidumbres; pero no es un esquema necesariamente replicable a otras áreas económicas que al tener márgenes más bajos requerirán de subsidios o apoyos a través de esquemas de asociaciones público privadas para llevar adelante proyectos de este tipo.
¿Cómo está viendo la situación actual regulatoria para estas instalaciones y el uso de agua?
Pese al desarrollo que estamos viendo de proyectos de desalación, sobre todo en la industria minera y también algunos de empresas sanitarias, siguen pendientes definiciones legales importantes respecto del marco regulatorio de la desalación que afectan un desarrollo mayor de estos proyectos sobre todo a otras industrias como el sector agrícola.
Falta un marco regulatorio adecuado para el otorgamiento de concesiones para la desalación y sobre todo para el transporte del agua que considere, por un lado la desafectación del agua desalada de su carácter de bien nacional de uso público una vez que ha sido procesada, y por otro lado la creación de una infraestructura pública de transporte y bombeo del agua desde los centros de desalación a los centros de consumo y que sirva de medio de transporte común a las desaladoras multipropósito.
¿Qué perspectivas a futuro ve para este tipo de modelo?
El uso de agua desalada como insumo de la industria minera parece ser un requisito fundamental en el desarrollo de una minería sustentable, que permitirá la liberación de cursos de agua superficiales para otras actividades. Las empresas mineras tienen los recursos y herramientas legales que se requieren para optar a este tipo de soluciones por lo que modelos como el de Codelco los debiéramos ver replicados en los futuros proyectos mineros.
¿Qué desafíos presenta este tipo desde el punto de vista legal?
Para un proyecto como el de Codelco existen los mecanismos regulatorios adecuados que permiten obtener las servidumbres y permisos para poder transportar el agua desde la planta desaladora hasta la faena minera. Las rentabilidades de la industria minera permiten esquemas atractivos para que el sector privado invierta a través de sistemas BOOT. En los tiempos de incertidumbre política que vivimos los desafíos están en que no existan cambios en las reglas del juego que hagan que estos proyectos dejen de ser viables. También está el tema de la desafectación del concepto de bien nacional de uso público del agua desalada, lo que podría dar mayor flexibilidad a las mineras para realizar canjes de derechos de aguas con otras actividades productivas.