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Expertos detallan las herramientas para la resolución temprana de controversias en el sector minero

En el webinar, organizado por el Centro de Arbitraje y Mediación Minero, se dieron a conocer las herramientas en las que se ha trabajado en Chile para ayudar en la resolución de conflictos entre los agentes de un proyecto.

Dar a conocer las diversas herramientas que sirven para la resolución temprana de controversias en el sector de los recursos no renovables, expresamente en el sector minero, fueron los temas que abarcaron en el Conversatorio “Dispute Boards en el desarrollo de proyectos mineros“, organizado por el Centro de Arbitraje y Mediación Minero (CAMMIN).

Entre los expositores, se encontró José Luis López Blanco, socio fundador de ASL Corp; Jaime Gray, socio fundador de NPG Abogados; Juan Eduardo Figueroa, socio fundador de FIHS Abogados y Alex Wagemann, socio Fundador de WYCIA.

El moderador, Patricio Cartagena, comenzó la exposición explicando que “si uno analiza la información oficial a nivel de la cartera de proyectos mineros, vemos 49 que están estipulados para el periodo 2020-2029 con distintos estados de avance, pero vemos una importante cartera de proyectos donde hay espacios para atender oportunamente la resolución de las diferencias. Los precios están teniendo un alza importante y ese contexto da fuerza para que los proyectos avancen y aceleren. Entrando en contexto, cuando uno se refiere al mecanismo de resolución, es la resolución temprana y pasiva donde un panel de expertos asisten durante la vigencia de contrato, atendiendo y solucionando disputas.

Por su parte, Juan Luis López Blanco describió las condiciones base de este acompañamiento, destacando que “el origen de la problemática son los contratos, el cual es el nacimiento del acuerdo de las partes que terminan eventualmente en un conflicto. En este caso se reconoce un interés común, acuerdo de voluntad y los intereses de cada parte que son duales, sin embargo a veces son contradictorios, donde alguna de las partes se verá beneficiada y eso es lo que genera conflicto. Hemos detectado cuatro requisitos que permiten desarrollar este acuerdo de voluntades adelantando la resolución de los mismos problemas: franqueza total entre las partes, claridad en el equilibrio de las partes, coordinación unitaria (evitar miradas parciales) y prepararse desde que se inicia las negociaciones para una posible controversia”.

De la mano con esto, el experto Jaime Gray destacó que “están explorando el uso de esquemas más correlativos y en el manejo de la información. Asimismo, es necesario no ponerse necesariamente metas 100% cerradas para trabajar en proyectos mineros sino trabajar a reembolsos, a costos y darle incentivos a los contratistas para que estos busquen los ahorros con el cumplimiento de metas donde se pacten indicadores claves que sea cumplidos y satisfagan las necesidades de ambas partes”.

Mientras que Juan Eduardo Figueroa expuso que “cuando uno está negociando un contrato se plantea la duda de cual es la cláusula, si es conveniente pactar mediación, que tipo de arbitraje y no tienen una respuesta única, por lo tanto es importante que los profesionales que negocian un contrato estén bien interiorizados de cuál es la realidad del proyecto, que hay detrás del contrato y por eso se confunde muchas veces o no se sabe con exactitud qué diferencias se presentan entre una mediación, árbitro a emergencia y para eso hay que partir del presupuesto que en la mediación, dispute board y arbitraje, si bien son parientes, cada uno tiene sus particularidades propias y la realidad de cada proyecto puede hacer que un mecanismo sea más adecuado que otro”.

Finalmente, Alex Wagemann, explicó que “minería y energía comenzaron a integrar estos procesos y esto concluye en 2019, cuando se configura una comisión de expertos donde participé y estuvimos dos años trabajando para hacer el desarrollo de la modificación al reglamento de contratación de obra pública, Decreto Supremo 75. Lo que hicimos fue tomar las mejores prácticas para ver de qué manera lo podíamos incorporar y se creó un panel de tres personas, con carácter recomendativo no resolutivo y otro de carácter mixto, donde estaban expertos del área legal y otros del área técnica, dando una visión más interdisciplinaria”.

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