El proceso de desalinización en Chile es una solución que entrega beneficios ambientales, ayudando a preservar el recurso hídrico, evitando la sobreexplotación de aguas continentales, superficiales o subterráneas. En la minería, este proceso se ha transformado en una solución relevante que podría entregar múltiples beneficios en materia de abastecimiento hídrico para los proyectos mineros.
Incluso, en el informe de “Proyección de consumo de agua en la minería del cobre 2020-2031” entregado por Cochilco el año pasado, se evidencia que a 2031 el consumo de agua de mar aumentaría un 93% respecto a 2020. Además, se espera que al 2031 el agua de mar represente un 47% del agua requerida por la minería del cobre a nivel nacional y el agua continental represente un 53%.
Por esta razón, el abogado y líder del área medioambiental del estudio jurídico Arteaga Gorziglia, Pedro Lagos, explica a MINERÍA CHILENA cómo ha avanzado Chile en materia de desalinización y qué se espera a corto y largo plazo para este tema.
¿En qué se ha avanzado en materias de desalinización en Chile?
A nivel regulatorio, no es mucho lo que se ha avanzado. Actualmente, existe un proyecto de ley para la creación de una estrategia nacional de desalación, y se han creado gremios y comités legales con el fin de analizar la normativa actual relacionada con la desalinización, y así promover un marco regulatorio para favorecer el desarrollo de proyectos de desalación de agua de mar. En ese sentido, urge avanzar en temas relacionados con los impactos ambientales de la desalación, la propiedad sobre el agua desalada y el transporte de esta.
Ante la crisis hídrica, ésta es una muy buena solución para proveer de agua al país, pero es necesario acelerar su regulación para que la inversión empresarial (que existe) pueda seguir avanzando en sus proyectos con mayor certeza jurídica. Sin embargo, la intervención del Estado no solo es necesaria en cuanto a la regulación de esta industria, sino que también en el desarrollo de mecanismos de asociaciones público-privadas que podrían ayudar en la solución de distintos problemas que enfrenta la desalación, sobre todo en cuanto a la necesidad de uso de bienes nacionales de uso público para el desarrollo de este tipo de proyectos (agua de mar, borde costero y fajas para el transporte del agua desalada).
¿Qué desafíos genera su implementación?
La implementación de plantas desaladoras conlleva múltiples desafíos: en primer lugar, el impacto medioambiental. Es necesario avanzar en una mejora en cuanto a la gestión de las aguas de descarte que generan las plantas desaladoras, así como su alto consumo energético. Por otro lado, actualmente el desarrollo de este tipo de proyectos es muy costoso, lo que impide su masificación fuera de la industria minera. Habría que avanzar en inversión en tecnología para poder abaratar los costos de la implementación de este tipo de proyectos.
¿Qué proyecciones existen para las plantas de desalinización?
Es un hecho que las desaladoras vinieron para quedarse y que se proyecta como una solución definitiva en el futuro para paliar la crisis hídrica mundial, especialmente en nuestro país. Por ahora su desarrollo está liderado por la industria minera, pero a medida que vaya avanzando la tecnología, las normativas, y bajen los costos, se va a ir masificando.
Lo principal es que el proyecto de ley que se está tramitando dé las garantías jurídicas necesarias para generar confianza en el mercado. El “Plan contra la sequía” anunciado recientemente por el Gobierno será un buen impulsor, junto a la inauguración de la primera planta desaladora estatal en la Región de Atacama.
En definitiva, la desalinización es una necesidad y una buena solución para la actual situación por la que atraviesa nuestro país.