La cuantía de los impuestos que hoy se cobran a las empresas mineras, ¿es el adecuado? Esa fue una de las preguntas que se formuló en la última sesión donde se analizó del proyecto que establece en favor del Estado, una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio.
Los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado se encuentran revisando con distintos actores la norma que cursa su segundo trámite. Según lo manifestado por la presidenta de la instancia, la senadora Yasna Provoste, la idea es que una vez concluida la ronda de audiencias, se vote en general el proyecto.
En la sesión telemática del pasado 30 de junio, se hicieron presentes el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino; el gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y Tamarugal, Marcos Gómez; el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y el profesor de Derecho Tributario de la Universidad de los Andes, Manuel Alcalde.
En tanto, el pasado miércoles 7 de julio intervinieron el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda; el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), Sergio Hernández; el gerente general de Pucobre, Sebastián Ríos; el presidente de la ONG Chile Cobre, Julián Alcayaga; y el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcos González.
Tras las intervenciones, los senadores coincidieron en la urgencia de determinar la cuantía de los impuestos que hoy paga el sector minero, obteniendo información detallada según tamaño de ventas y naturaleza del mineral. También se planteó revisar cómo se configurá esta tributación con el fin de aprovechar dichos fondos al máximo. A su vez, se dejó de manifiesto la necesidad de crear un organismo que se haga cargo de dicha tarea de manera independiente.
Hasta ahora, el Ejecutivo y representantes de la industria cuestionan la utilidad de la iniciativa y advierten sobre los efectos económicos que los cambios podrían generar; mientras que los académicos se encuentran divididos en sus posturas. Representantes de ONGs, de las comunidades donde se emplazan mineras y trabajadores del SII se expresan a favor de incrementar la carga tributaria.
Preliminarlmente, se planteó la idea de votar la idea de legislar el próximo 21 de julio. Si esto es así, la propuesta debería ser revisada en Sala. Ya los equipos parlamentarios trabajan en la redacción de indicaciones.
Contribución de la minería
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda reconoció que un 2% de la recaudación del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2010 y 2020, correspondió a la minería. “Está el impuesto específico sobre la renta operacional (hoy la tasa de recaudación fluctúa entre 5 y 14%), más la tasa de primera categoría, el impuesto global complementario y el impuesto a la inversión regional. Nuestra proyección es que este 2021 recibiremos desde la minería privada, US$4.300 millones; y si se incluye a Codelco, se contaría con US$8.500 millones”, detalló.
“Si este proyecto se aprueba con la actual redacción, las empresas tendrán una tasa impositiva altísima, hablamos de un promedio de un 60 y un 85%, lo que afectará la competitividad de nuestro país. Siempre se puede discutir, pero no podemos dejar de decir que esto es muy muy alto. Con cargas tan pesadas es evidente que disminuye la inversión y habría un impacto económico importante”, sinceró haciendo ver que el proyecto es inconstitucional.
Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino destacó el rol de la minería en el desarrollo económico junto con aclarar que “este proyecto aplica un impuesto a las rentas y fija tasas variables pero no habla de las leyes de yacimientos, ni del tamaño de las compañías ni de los diferentes minerales, ni del actual impuesto específico. Cochilco dice que con los precios actuales, la carga tributaria puede ser de hasta un 80%, lo que es más del doble de las altas del mundo. Creemos que alzar los impuestos nos hará menos competitivos pero no nos cerramos a debatir, creo que deben haber estudios de una base común”.
Mientras que el gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y Tamarugal, Marcos Gómez apuntó al rol de la región en la minería. “Con la aplicación del royalty, podría afectar los proyectos que se emplazan en nuestra zona, en particular respecto a la absorción de mano de obra pensando en el encadenamiento productivo (…) No nos cerramos a una recaudación pero queremos que se tenga claro hacia dónde van a ir los recursos. El mecanismo idóneo no puede desincentivar nuevas exploraciones. El retorno debe ser cierto hacia las regiones”, enfatizó.
Competitividad de la industria
En la discusión del proyecto también participó el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien se refirió al hecho que “los recursos naturales no son replicables, por lo que se dice que tienen una renta ricardiana. El proyecto plantea que a partir de los dos dólares se generan estas rentas y en una tasa creciente debería ir al Estado. La verdad es que no hay tal valor que venga desde la naturaleza diciendo dos dólares por libra, porque las tecnologías cambian, los requisitos y los costos. De manera que me parece que una forma más rigurosa de aproximar este problema es que alguna comisión independiente pudiera calcular el costo de extracción”.
Mientras que el profesor de Derecho Tributario de la Universidad de los Andes, Manuel Alcalde hizo referencia a la historia del actual royalty. “Un impuesto como se plantea acá, no considera las diferencias de los costos de producción y genera un efecto distorsión en la toma de decisiones, por eso se terminó aplicando un impuesto en función de las ventas. Si uno no considera que esto es un impuesto, habrían graves problemas, por ejemplo de fiscalización del SII. Respecto a la tasa progresiva, se debe ver la proporcionalidad y hay excepcionalidades que hacen compleja la ley”, advirtió.
De igual forma, el director ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández calificó como un grave error el proyecto, asegurando que “en Chile sí existe un royalty a la minería de 2015 que es el impuesto específico a la actividad minera. Esta norma no deroga este impuesto, por lo tanto terminaríamos con una tasa de impuesto de casi un 80%”. Continuó precisando que “además estamos frente a un proyecto inconstitucional porque plantea un tributo manifiestamente desacerbado e injusto”.
Por su parte, el gerente general de Pucobre, Sebastián Ríos explicó cómo ha evolucionado la compañía que produce cátodos de cobre, destacando el pago de impuestos que han realizado en Atacama, la reinversión de sus utilidades y su vínculo con la comunidad. “Nuestro principal proyecto es El Espino, en él están centrados nuestros esfuerzos, pero si se aprueba esta ley, su rentabilidad bajaría un 31%”, reconoció asegurando que este escenario se replicaría en el resto de sus proyectos.