Comparar el actual royalty en Chile con la legislación en otros países de tradición minera para finalmente evaluar el actual proyecto de ley, es el objetivo del documento denominado «Royalties mineros: ¿Qué dice la evidencia comparada?», que dio a conocer el Centro de Estudios Públicos (CEP).
En el estudio se advierte que «aunque el examen que sigue a continuación es fundamentalmente económico, el proyecto de ley que establece un royalty minero que ha dado origen a este debate se encuentra cuestionado desde un punto de vista constitucional. Bajo el régimen presidencial vigente, corresponde a una facultad exclusiva del Presidente de la República la presentación de iniciativas legales ante el Congreso Nacional que tengan por objeto imponer tributos».
Además, se detalla que «el nuevo proyecto de ley estipula una tasa uniforme de 3% sobre ventas brutas que es creciente con el precio llegando a una tasa marginal de 75% cuando el precio alcanza los US$4 por libra. Esto corresponde a una tasa promedio de 10% para un precio de US$3 por libra, de 22% para un precio de US$4 por libra y de 32% para un precio de US$5 por libra».
En ese contexto, se asevera que «el nuevo royalty afecta más a las empresas que tienen bajos márgenes operacionales, ya que no considera su capacidad de pago. La carga impositiva de ciertas empresas podría llegar hasta un 85% (e inclusive mayor bajo ciertas condiciones), dejando al sector minero en Chile con cargas tributarias mucho mayores que la de sus principales competidores».
Es así como, «en su forma actual, el proyecto comprometería la viabilidad de algunas empresas y, por consiguiente, el empleo y los ingresos en las regiones donde la minería y sus actividades relacionadas son su principal fuente económica«.
Junto con ello, se asegura que «a futuro, la pérdida de competitividad como consecuencia de un nuevo royalty podría afectar la exploración y las inversiones tanto en nuevos proyectos como en minas en operación. Todo esto indica que la recaudación en el mediano y largo plazo podría bajar en vez de subir».
«Tampoco debemos olvidar que un grupo de empresas que representa aproximadamente un 90% de
la producción total de la minería privada tienen invariabilidad tributaria al menos hasta 2023«, consigna el documento, que también afirma que «la aprobación del actual proyecto puede erosionar la confianza en el país aumentado el riesgo soberano. Un mayor costo de financiamiento perjudicaría a todos los sectores, no solo a la industria minera».