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Propuestas para mejorar el sistema de concesiones mineras en Chile  

Especialistas destacan el beneficio que implicaría un incremento progresivo de la patente, que permitiría racionalizar la acumulación de concesiones, además de incorporar incentivos a las actividades de exploración y explotación.  

La fortaleza del marco jurídico que regula la actividad minera, y las herramientas que podrían ser incorporadas para agilizar la actividad de actividad de exploración, fueron los ejes del Foro “Concesiones Mineras: Proceso de Cambios para el Fomento de las Exploraciones y Desarrollo Minero”, desarrollado por Voces Mineras A.G.

La actividad se inició con las palabras de Sergio Jarpa, presidente de la entidad organizadora, quien resaltó la importancia de abrir la discusión sobre los alcances de la propiedad minera, haciendo hincapié en lo relevante de la certeza jurídica.

En ese contexto, resaltó es preciso analizar mecanismos que permitan agilizar la actividad de exploración, ante situaciones de acaparamiento de propiedades que a veces se producen.

A continuación, Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, se refirió a los cuerpos normativos que regulan la propiedad minera en Chile, y la importancia que estos han tenido en el desarrollo minero nacional.

El abogado, quien se desempeñó como ex VP de Cochilco, se refirió a que es necesario resolver desafíos como el acaparamiento de concesiones; y el hecho que cualquier persona puede pedir una concesión, a veces con la intención de impedir la actividad minera en dicho lugar.

La instancia contó con la exposición de Sergio Gómez, abogado y Magíster en Derecho de Minería, en la que abordó los aspectos legales de las concesiones mineras

El profesional comentó que la patente no es un tributo, sino que una modalidad del amparo, y su incremento progresivo podría permitir racionalizar la acumulación de concesiones, volviendo muy onerosa su acumulación, ante lo cual, la persona debería desprenderse de ella, u optar por avanzar en la realización de la actividad minera.

Además, se refirió al hecho que se ha debatido mucho respecto a lo que se debería cambiar en la Constitución, ante lo cual se podría agregar una cuarta fase, correspondiente “al cierre”; adecuar la regionalización a la actividad en el mar, pensando en la entrega de concesiones y la minería submarina, y que los tribunales tengan una adecuada jurisdicción; además de considerar un nuevo estatus a los derechos de agua.  

Espacios de mejora

En el marco de la actividad, José Joaquín Jara, director de Cesco, comentó que Chile posee un marco normativo que ha posibilitado el desarrollo de la minería nacional, aunque presenta áreas de mejora, mencionando por ejemplo que es el único país que exige sólo el pago de una patente anual, lo que da espacio a la ocurrencia de tres problemáticas:

  • Utilización de concesiones para fines distintos a la actividad minera.
  • Subutilización de concesiones por agentes mineros.
  • No uso de derechos mineros o su uso en forma especulativa.  

En ese contexto, destacó que cambios en la normativa implica una discusión compleja, que genera incertidumbres y temores, por lo tanto debe darse sobre la base de: propuestas concretas y racionales, y no bajo posiciones cerradas; una conversación abierta, que incluya a los distintos grupos de interés (industria, gobierno, mundo político y social); y escuchar todas las posiciones, sin prejuicios y desconfianzas, y sobre la base de información sólida.

El profesional mencionó que las alternativas deben mantener la estabilidad y certeza de los derechos otorgados bajo el sistema actual, que es una de las grandes fortalezas del país en minería; destacando además que se tienen que abordar las brechas de oportunidad identificadas.  

En esa línea, el especialista propuso estudiar la extensión de exploración a tres/cuatro años, prorrogable por tres/cuatro años más (lo que requiere cambios a la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras); llevar el costo de la patente en los primeros tres años a un rango medio de países comparables y a rango alto en los siguientes tres años; e incorporar una rebaja o incentivo a la exploración de hasta 90% de la patente, asociada a un mínimo de inversión/trabajo en exploración.

En el caso de las concesiones de explotación, propuso llevar el costo de la patente en los primeros cinco años a un rango medio de países comparables y a un rango alto en los años siguientes; e incorporar una rebaja o incentivo de hasta el 90% de la patente, asociada a inversión (años 1-5) y producción (años 6 y posteriores).

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