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Aprimin advierte impacto del proyecto de royalty en el empleo y las inversiones mineras

“Esto es un impacto muy fuerte, no sólo para las mineras, sino para toda la cadena productiva que genera el producto minero, para los trabajadores mineros, las localidades mineras”, señala Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin.

Como una iniciativa perjudicial para la industria minera, califica Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), el proyecto que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio, entre otros minerales, iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y despachada al Senado.

“Me parece que desde el punto de vista legal, es inconstitucional este proyecto, no sólo por ser de iniciativa exclusiva presidencial, sino porque además viola el artículo 20, incido segundo de la Constitución, que establece que en ningún caso se podrán establecer tributos manifiestamente desproporcionados e injustos, y éste, por lo tanto, es un tributo desproporcionado e injusto a todas luces, nadie podría discutir eso. Por lo tanto, es inconstitucional por esas dos razones”, indica.

El dirigente gremial comenta que “parece que nos genera una carga tributaria a la minería el doble respecto a los países competitivos en inversión minera. Si hay algunas empresas que con este royalty van a disminuir fuerte su utilidad, evidentemente, van a tener una carga tributaria con tasas efectivas hoy de 22,75% sobre ventas. Las que exporten concentrados van a tener que soportar esa carga 100%, más el impuesto a la renta y el royalty. El impuesto específico a la minería y el impuesto a la renta, sumas una tasa que supera el 60 o el 70% según el precio, y puede llegar hasta más del 80%, hasta el 82%”.

Incluso, “significa que quedamos como el país en el último lugar de elección de inversión minera en base a la carga tributaria, pero muy lejos del que nos sigue”, asevera.

En esa línea, señala que “las inversiones mineras, que necesitan muchos años para poder generar resultados o retornos de su inversión, tres, cinco, siete, hasta 10 años en algunos proyectos, no van a elegir a Chile con esta carga tributaria, sino que van a irse a otros destinos mineros, como puede ser Perú, o incluso algunos países de Asia, que con esta carga, quedan mejor posicionados que Chile en inversión minera”.

Además, asegura que “es probable que algunas mineras en condiciones de precio no tan buenos, y de cargas tributarias tan grandes, puedan efectivamente estar en problemas bastante serios, porque además hay otro problema que no se ha dicho. Esta tasa progresiva de 15, 35, 50, 70, 75, es en función del precio de cobre. Lo que pasa es que con el correr de los años, el costo de las mineras va subiendo, y esta tasa es respecto a precios fijos del cobre se mantiene así, permanente, y por lo tanto, se va a ir estrechando en el tiempo los mayores costos de las mineras con los ingresos, y por lo tanto, hace más aberrante esta decisión de una escala que es absolutamente desproporcionada e injusta, inconstitucional por lo tanto”.

Pérdida de empleos e inversiones

Respecto al efecto que este proyecto de ley tendría en el segmento de los proveedores mineros, Sergio Hernández, menciona que “detiene las inversiones, las disminuye en niveles muy altos. Hay un cuestionamiento fuerte sobre la continuidad de las inversiones. Las inversiones generan mucho trabajo a los proveedores mineros, a los trabajadores en general. Un proyecto minero puede ocupar dos mil o tres mil personas en la etapa de construcción, y eso va a disminuir notoriamente, sin ninguna duda, y eso va a significar menor trabajo para los proveedores en general, incluso con fuerte impacto en los proveedores locales de las regiones mineras, Antofagasta, Atacama, Tarapacá, Coquimbo, O´Higgins, y también la Región Metropolitana, de manera que esto es un impacto muy fuerte, no sólo para las mineras, sino para toda la cadena productiva que genera el producto minero, para los trabajadores mineros, las localidades mineras“.

Vinculado a lo anterior, explica que “es un impacto muy fuerte por más que haya destino de recursos a las localidades mineras, el tema está que más que la inversión pública, el que está afectado es el empleo, el que se va a ver brutalmente afectado en general, y todo el país va a sufrir estas consecuencias, porque la minería es una actividad privada que mueve toda la economía nacional”.

Consultado respecto a lo que se puede esperar que ocurra con el proyecto en la Cámara Alta, el director ejecutivo de Aprimin cree “que en los senadores puede haber mayor profesionalismo al analizar las consecuencias integrales de esto, y no guiarse por las luces de recaudación inmediata, que se puede producir, pero que a mediano plazo va a ir cayendo de forma importante”.

Aquí opera la campana de Gauss, el rendimiento marginal decreciente, a medida que más alto sea este impuesto, el rendimiento va a ser decreciente, porque va a ser menos la producción, van a ser menos las inversiones, y el país no sólo se va a estancar, sino que incluso disminuir su producción de cobre, su influencia estratégica en los mercados del cobre por el porcentaje que tenemos hoy. Por lo tanto, vamos a estar más sujetos a la volatilidad del mercado por presiones externas y no de Chile”, advierte.

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