(La Segunda) La polémica licitación de Corfo para construir un centro de investigación y desarrollo de tecnologías para una minería sustentable, el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ICTL) en Antofagasta, tiene como nuevo protagonista a un ex ministro del Presidente Sebastián Piñera.
El pasado 4 de enero, Corfo adjudicó este proyecto, que contaba con un presupuesto de US$194 millones aportado por SQM, a un consorcio liderado por el grupo de universidades estadounidenses Associated Universities, Inc. (AUI) y que incluye a universidades chilenas, empresas y centros de estudio, que sólo pidió US$142 millones del aporte de la minera y que agregará otros US$104 millones adicionales.
La decisión de Corfo provocó la frustración de los grupos perdedores, sobre todo el del llamado Corporación Alta Ley, encabezado por 13 universidades chilenas públicas y privadas, que solicitaron todo el dinero de SQM y aportaban sólo US$37,5 millones. El otro grupo estaba liderado por Fundación Chile.
Políticos cercanos al consorcio Alta Ley, como el senador Guido Girardi, pidieron declarar desierta la licitación por supuestas irregularidades, entre ellas, que se trata de «un consorcio norteamericano que no tiene universidades propias, sino que es una plataforma que administra recursos».
Además, dijo que fue evaluada por funcionarios de gobierno «sin las habilidades necesarias», y adjudicada a un consorcio con vínculos políticos con el gobierno, por la presencia de tres universidades privadas (UDD, USS y Autónoma) ligadas al oficialismo, las dos últimas sin tradición científica.