(Pulso) Como algo impresentable califican al interior de Codelco las acciones que gatillaron la salida del auditor interno, César Correa. El viernes 25 de septiembre, la compañía informó la renuncia voluntaria del exejecutivo de Exxon que llegó a la cuprera en la era de Óscar Landerretche. Su labor era realizar las auditorías internas necesarias para el plan de transparencia y probidad que lanzó el economista de la Universidad de Chile, pero Correa fue más allá. En la minera señalan que el equipo del ingeniero comercial de la Universidad Católica grababa conversaciones de los ejecutivos de la estatal sin autorización. De hecho, se realizó una investigación y se encontraron varios registros. Las fuentes consultadas indican que el hecho era una “práctica habitual” de los auditores. “Eso es injustificable”, señala una fuente al tanto de los hechos. Correa tenía un equipo de 70 personas.
El descubrimiento gatilló no solo la salida del jefe de los auditores, sino también de la directora de Cumplimiento de Auditoría Interna, Daniela Mora, y de otro integrante del equipo. El tema complicó al directorio de la minera y estaría generando división en la mesa. Es que Correa es cercano a Blas Tomic -director de la minera desde el año 2017-, quien es presidente del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE). Correa le reportaba a él directamente.
Según comentan las fuentes consultadas, Tomic ha mostrado su posición sobre la salida de Correa en las últimas reuniones, postura que no es compartida por el presidente de la mesa, Juan Benavides, ni tampoco por gran parte de la directiva.
Correa, quien trabajará hasta el próximo 31 de octubre en la minera, ya había generado polémica al interior de Codelco debido a las auditorías que realizaba, las que complicaban a los ejecutivos. De hecho, ellos acusaron en su momento que existía una cierta persecución para descubrir cosas irregulares y que se les tachaba de culpables antes de que finalizaran las investigaciones internas. También había sido criticado en la comisión investigadora de la Cámara Baja por su rol como auditor en el polémico contrato por movimiento de tierra de la División Salvador, donde estaba implicado un exsocio del hijo de Nelson Pizarro.