Guillermo Larraín: “El tema del derecho de propiedad tiene nombre y apellido: agua y pertenencias mineras”

El economista y exsuperintendente afirma que el agua es un bien común de acuerdo a la teoría de la primera mujer en recibir el Nobel de Economía. “La justicia social es una aspiración, pero por el solo hecho de tener una nueva Constitución no vamos a ser mejores en 5 o 10 años más”, indica.

(La Tercera / Pulso) Un emprendimiento académico interdisciplinario iniciaron las facultades de Derecho y de Economía y Negocios de la U. de Chile para acompañar el proceso constituyente, a cargo del abogado Rodrigo Pardow y del economista Guillermo Larraín, más un comité editorial panuniversitario.

Lexen Constitución 2022, como se denomina esta plataforma multimedia -que cambiará de nombre si gana el Apruebo-, cuenta con el apoyo de alumnos, con un canal colaborativo, y entrevistas a exministros. Ya han realizado dos seminarios sobre procesos similares en Colombia y Sudáfrica, y en dos semanas se referirán a la experiencia de España. “El ideal es que este sitio sirva para quienes estén en la convención constituyente. Queremos ser una referencia y que aquí encuentren un grado de reflexión importante, profunda, pluralista, y que refleje el sentir del mundo académico chileno”, explica el exsuperintendente.

Aparte del sitio digital, espera presentar en noviembre su libro sobre esta materia llamado “La estabilidad del contrato social” del Fondo de Cultura Económica. “Hay que tener un optimismo racional sobre el proceso, puede que las reglas gusten más o menos, pero no son reglas tontas, sino que tienen cierta racionalidad que nos dan una oportunidad como país de resolver bien este entuerto institucional”.

El próximo 25 de octubre votará Apruebo y convención constituyente, porque la considera más transparente, con menos conflictos de intereses. “Este problema requiere una solución institucional y esa opción es la forma de canalizar con legitimidad e inclusivamente las visiones contradictorias que hay en la sociedad chilena”, sostiene Larraín.

La campaña del Rechazo menciona como factor en contra el no pagar otro Congreso, ¿qué opina?

-Es una de las razones dadas que me dan más rabia. Este proceso está resolviendo una crisis que el último trimestre del año pasado le costó al país varios puntos del PIB (Producto Interno Bruto), en la medida que lo resolvamos y aunque nos cueste 5,10 o 20 millones de dólares, no tiene nada que ver con los 2 a 4 puntos del PIB que costó el estallido. Esa crítica no tiene proporción, me parece absurda.

Hay voces señalando que se está colocando mucha esperanza en este proceso y que la Constitución no cambiará nada, desafectando más aún a la gente, ¿qué opina?

-En el día a día, la gente va a seguir exactamente igual. Sin embargo, cuando hemos conversado sobre sus experiencias con sudafricanos y colombianos, nos dicen que hay un cambio no material sino que intangible, como es que la institucionalidad del país los representa. A lo mejor hay gente que no sabe valorarlo, o desde punto de vista de la derecha la institucionalidad actual sí los representa y no entienden por qué cambiarlo. El punto es que debe representar a todo el país.

Si gana el Apruebo, economistas han alertado que Chile quedará con un crecimiento en torno al 2%, ¿habrá un freno económico?

-Y si ganara el Rechazo, ¿vamos a crecer al 5%? Me gustaría ver un economista que argumentara cuál es ese mecanismo. Acá hay incertidumbre, porque hay un problema político no resuelto, entonces la pregunta es qué opción del plebiscito resuelve mejor ese problema, y yo creo que es el Apruebo, y que el Rechazo es sólo negación.

¿Entonces el 2% de crecimiento seguirá igual con ambas opciones?

-Es cierto que esta discusión abrirá nuevas fronteras y eso genera incertidumbre, pero si se examinan otros procesos bien diseñados, también tuvieron un pequeño costo de corto plazo. La diferencia es que en el Apruebo hay un camino de salida institucional que va a canalizar el conflicto político y social, permitiendo que esa solución sea compatible con mayor crecimiento.

¿Se abrirá la discusión sobre el derecho de propiedad, que despierta temores y dudas?

-Creo que más de dos tercios del país espera que se les respete su derecho de propiedad, incluso más que en la dictadura, cuando allanaban las casas sin orden judicial. Hay que lograr que este derecho sirva para proteger la libertad de la gente, hay que reforzarlo. El tema del derecho de propiedad tiene nombre y apellido: agua y pertenencias mineras.

Con razón se preocupan quienes tienen derechos de agua.

-Acá hay un problema con los llamados bienes comunes, como son el agua o los bordes costeros. La teoría económica de los bienes comunes es reciente y bastante posterior a la Constitución del 80, entonces hay que ajustarse a esta nueva realidad. Hoy nos damos cuenta que hay bienes que sin ser públicos no son privados. En el Código de Aguas se lo trata como un bien privado, pero cuando el agua viene de la Cordillera o está en un río, no es tan claro de quién es. Hay un conflicto de derechos de propiedad. La teoría de los bienes comunes, que desarrolló la primera mujer que ganó el Premio Nobel de economía, Elinor Ostrom, es que el agua no es un bien privado, sino desde el punto de vista económico, un bien común.

¿Es probable que ese derecho de propiedad sea restringido?

-Va a haber un cambio, aunque es difícil decir para dónde. Es importante respetar los contratos firmados, y si se llegara a determinar en el futuro que hay un interés público, el Estado tendrá que expropiar y pagar al dueño lo que corresponda. Eso dicen todas las constituciones sensatas. Siempre hay una función social de la propiedad, lo que pasa es que en nuestra Constitución está medio diluida.

¿El agua pasa por el derecho de propiedad o es derecho esencial?

-Se tienen que definir cuáles son los derechos básicos y el agua debe ser uno de ellos porque es esencial para la vida, por lo tanto debe tener un trato especial. El punto es cómo se asigna este recurso escaso entre necesidades múltiples. El mercado es una forma de asignar que funciona bien en bienes privados, pero no opera tan bien en bienes comunes. Hay que pensar en una regla constitucional adecuada, porque la naturaleza del bien es distinta. Hay que satisfacer necesidades de salud, alimentación, agua, y la pregunta es cómo el Estado genera reglas del juego para que esa satisfacción sea eficiente, ello implica distintas combinaciones de Estado y mercado, no hay una sola para todo.

¿Hacia dónde tenderá el modelo actual de Estado subsidiario?

-Una Constitución refleja creencias, y en algún minuto fue tal el desorden que generó la expansión fuerte e inorgánica del Estado, entre los años 60 y 70, que el principio de subsidariedad determina que lo que pueden hacer los privados no lo haga el Estado, interponiendo un muro gigantesco entre uno y otro. Pero esa creencia ha ido desapareciendo, porque ya se instaló la separación y hoy se habla de una colaboración entre lo público y lo privado, lo cual quiere decir que el principio de subsidariedad va a cambiar. Hay que buscar principios que ayuden a armonizar ambos.

¿Cómo se armoniza cuando pareciera que sólo hay dos caminos: subsidiario o empresario?

-Está el Estado empresario y el emprendedor. En Chile tuvimos el primero cuando se desarrolló la Endesa, Huachipato, etc., y eso, salvo excepciones, funcionó más o menos tirando para mal, porque en su naturaleza el Estado tiene demasiados conflictos de interés en la gestión de una empresa. Ello es del pasado, distinto al Estado emprendedor que puede catalizar políticas de desarrollo productivo que permitan al sector privado movilizar capacidades.

¿No ve una demanda social para que el Estado asuma empresario en áreas donde se han evidenciado fallas, como en los remedios?

-Uno no puede cerrarse a que el Estado cumpla un rol en esas materias, de hecho hay como 200 farmacias populares. Pero es un llamado a trabajar bien los temas de competencia. En la nueva Constitución hay que discutir qué tipo de economía queremos: una que se dedique a promover la competencia o vamos a contrarrestarlo con otros objetivos como la desconcentración económica de la propiedad, como la Constitución de Dinamarca.

¿Esa materia debiese ser constitucional?

-Es bastante claro que al tema de los abusos y de la concentración hay que darle alguna dimensión, una cabida que debe ser compatible con el crecimiento y el progreso material. Hay que recordar que la palabra abuso fue la que más surgió en el estallido social y hay que hacerse cargo.

¿Cuáles son las alternativas para definir el sistema económico?

-El mundo básicamente está organizado en torno a una economía capitalista, y no creo que haya mucho margen para cambiarlo. Pero no hay una economía capitalista, sino muchas, y creo que debemos enriquecer el abanico de formas de organizar el aparato productivo. Estoy pensando en que hemos crecido mucho en torno a promover las sociedades anónimas, donde lo que importa es el dueño del capital, dejando de lado un sector que es el sector cooperativo, que en Alemania representa casi un tercio del sistema bancario.

Sus críticos señalan que esta Constitución de los 80 promueve el individualismo, ¿qué otra dimensión podría tener?

-La fórmula más utilizada es la que tiene la Constitución alemana, que es un Estado social de derechos y ese debería ser el norte. Tener un marco institucional que promueva el crecimiento económico, la justicia social y la libertad, esa es la tríada importante. En Chile lo que más calzaba en 1980 era un Estado neoliberal que puso todo el aparataje institucional al servicio de los mercados, pero eso sirvió un tiempo, y ahora hay que darle paso a un tipo de economía distinta.

Un Estado que deba garantizar más derechos puede presionar las finanzas públicas, ¿cómo se equilibra ese aspecto si Chile decide caminar hacia allá?

-La expansión de derechos no tiene mucha vuelta, va a tener lugar igual. El punto es cómo hacerlo compatible con el crecimiento económico para financiar esos derechos, porque si no se crece estamos fritos y entraríamos en un círculo vicioso absurdo. Se puede decir que es un Estado social de derechos, pero de ahí no se deduce que se deba garantizar por la vía judicial cada derecho que alguien reclame. Sería útil incorporar un principio de sustentabilidad fiscal o de solidaridad intergeneracional.

¿La potestad del gasto debe seguir solo en manos del Ejecutivo?

-Hay que tomarlo con cuidado, por algo está ahí. Hay que buscar un equilibrio entre reducir el excesivo poder del Presidente de la República con el razonable manejo de las finanzas públicas.

¿Cómo ve la discusión de la autonomía del Banco Central (BC)?

-Hay opiniones dispares, pero no veo al principio de autonomía cuestionado. El BC ha hecho una pega muy buena de legitimación ante la opinión pública, con seriedad, compromiso, neutralidad, que es muy valiosa. Sí puede haber debate sobre los tipos de autonomía, que es legítimo, y hoy lo tienen el BCE y la Reserva Federal. Es un debate que las sociedades democráticas deben aceptar, no hay que asustarse por ello.

¿ Se puede avanzar en equidad a través de una nueva Constitución?

-La evidencia es débil. El objetivo razonable de una nueva Constitución debe ser democratizar, una mejor asignación del poder, un sistema político más poroso respecto de las necesidades de la gente, producto de lo cual a lo mejor vamos a lograr ser un país más equitativo. La justicia social es una aspiración, pero por el solo hecho de tener una nueva Constitución no vamos a ser mejores en 5 o 10 años más.

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