Durante mayo, la sociedad Minera Tres Valles pidió acogerse a la reorganización judicial-presente en la Ley 20.720- apelando a una serie de factores, entre los que menciona el estallido social de octubre de 2019, el bajo precio del cobre y la sequía presente en la zona. A lo anterior se suma la orden que emitió el municipio de Salamanca a finales de marzo, estableciendo el cierre temporal de las principales minas de la faena: la operación a rajo abierto Don Gabriel y la mina subterránea Papomono.
Esta última medida se estableció con el fin de evitar contagios, ante lo cual, la compañía continúo sólo con la explotación de un yacimiento secundario denominado Rajo Norte.
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La alternativa de reorganización judicial otorga a la empresa protección financiera por 30 días prorrogables en cuanto a sus créditos, permitiendo de ese modo no pagar deudas y evitando que se puedan iniciar demandas o procesos judiciales, suspendiendo además los existentes.
Denuncia
De acuerdo con el presidente del directorio de N1 Factoring, Osvaldo Pastén, el proceso de reorganización judicial de Minera Tres Valles sucedió un día después que N1 Factoring solicitara judicialmente el cobro de dos facturas que le adeuda la mediana minera por un total de $231.000.000 millones de pesos.
Pastén explicó que, debido a la decisión de recurrir a la reorganización judicial, Tres Valles “deja a muchos trabajadores y empresas chilenas en una grave situación situación”, agregando que en el caso de su empresa, adicionalmente, el veedor a cargo de la situación la dejó fuera de la reorganización, lo que dificulta más aún la cobranza del dinero adeudado, el cual, precisó, “se usa para financiar a pequeñas empresas del ámbito de la minería, que necesitan caja de un modo urgente”.
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El empresario enfatizó que Tres Valles, a diferencia de muchas otras empresas del mismo tipo, tiene detrás uno de los mayores fondos de inversión del mundo: la canadiense Sprott Resource Holdings, que posee un capital de 12,1 billones de dólares y que tiene un 70% del capital de Tres Valles. El otro 30% pertenece a Grupo Vecchiola.
Pastén, además de interponer una demanda en que solicita el pago de deudas, pidió a los parlamentarios de la Región un reestudio de la Ley 20.720 sobre reorganización y liquidación de empresas y personas. Del mismo modo, declaró haber puesto los hechos en conocimiento de la Embajadora de Canadá en Chile, Patricia Peña.
De acuerdo con la documentación judicial del caso, existen más de 190 acreedores de distintos tamaños, a los cuales se adeuda en conjunto casi US$100 millones, equivalente a $76.000.000 millones de pesos chilenos.
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Reestructuración
Cabe destacar que durante el año pasado, previo al estallido social de octubre, la mediana minera se enfocó en llevar la operación a plena capacidad de producción. En agosto del año pasado, Tres Valles anunció un convenio de financiamiento por $US45 millones, con un préstamo brindado por Anglo American Marketing Limited y un fondo de inversiones bajo la gestión de Kimura Capital LLP.
La inversión se planificó para potenciar la capacidad de explotación en el rajo Don Gabriel, expandir el Block Caving en Papomono e incluir sal en los procesos de lixiviación.