(Pulso-La Tercera) Un fuerte quiebre se está produciendo entre los sindicatos de Codelco. A fines de marzo, los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) enviaron al presidente Sebastián Piñera su quina para el reemplazo de Raimundo Espinoza en el directorio de Codelco pero, pocos días después, los trabajadores de la división El Teniente enviaron un escrito al mandatario mostrando su disconformidad con la lista presentada, pues a su juicio no era representativa.
Una de las críticas fue que en la quina presentada por la FTC hay dos dirigentes que están siendo investigados por la Fiscalía por los cuestionados contratos entre los sindicatos de Chuquicamata, la aseguradora Chilena Consolidada y la empresa Gestión y Servicios. Se trata de Alberto Muñoz, dirigente del sindicato 1 de Chuquicamata, y Mario Lobos, dirigente del sindicato 2 de la misma división.
Ante esa situación, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, solicitó hace unos días a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) que informara la legalidad de que estos dos dirigentes estuvieran propuestos para integrar la mesa del directorio.
En su respuesta, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marcos Riveros, sostuvo que uno de las exigencias y requisitos para los directores elegidos representantes de los trabajadores de la empresa, es “no haber sido condenado ni encontrarse acusado por delito que merezca pena aflictiva o de inhabilidad perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos”.
in embargo, se precisó que no resulta obligatorio para el Ejecutivo realizar una revisión de los antecedentes de las personas propuestas e incluidas en la quina, «no obstante que, prudencialmente, puede disponer dicha verificación para ilustrar su decisión ponderada o precaviendo tanto situaciones efectivas como potenciales”, señaló Riveros.
En concreto, no puede ser elegido uno de los dos dirigentes de Chuquicamata, pero el presidente no está obligado a revisar esos antecedentes.
Hoy además era un día clave en la disputa por el cupo para directorio de la estatal, ya que la FTC convocó –por videoconferencia- a los 15 federados a una reunión. Sin embargo, esta fue cancelada poco antes de ser iniciada. En la instancia, el federado que representa a los trabajadores de El Teniente iba a leer la carta en la que oficializaban la suspensión del pago mensual a la Federación, monto que alcanza unos $14 millones.