(Cooperativa) La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, volvió a abordar la polémica generada por empresas «grandes» que se han acogido a la ley de protección del empleo a propósito de la pandemia de Covid-19.
Si bien durante la semana pasada la secretaria de Estado dijo en Cooperativa que esta normativa no discriminaba sobre el tamaño de la empresa, enfatizó que hay penas muy severas para quienes abusen de la misma.
«La Dirección del Trabajo (DT) tendrá que hacer fiscalización y poner los antecedentes ante la justicia, quienes van a poder aplicar las sanciones que corresponden, sanciones que son de cárcel, así como también la necesidad de devolver los recursos e incluso en el caso de las empresas la imposibilidad de contratar con el Estado», planteó.
Esta ley permite a los trabajadores de las empresas que no tienen recursos por la paralización de actividades acceder a parte de su remuneración con cargo al seguro de cesantía, mientras que los empleadores deben pagar las cotizaciones previsionales y de salud, además de no despedir a los trabajadores.
Zaldívar además dijo que aparte de estas eventuales sanciones habrá un registro público de todas las empresas que se acojan a esta ley de protección del empleo.
Con todo, la titular del Trabajo insistió en que la mayor parte de las empresas que se han acogido a la norma son pequeñas y medianas, ya que según el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el 90 por ciento de las empresas que se sumaron a esta iniciativa tienen 10 trabajadores o menos y solo el tres por ciento corresponde a grandes empresas.
«Estamos desvirtuando esta idea que se ha quedado de alguna manera establecida respecto de que son las empresas grandes las que están haciendo uso de esta ley. Esto no es efectivo. Mayoritariamente estamos hablando de empresas pequeñas y medianas», enfatizó la ministra Zaldívar.