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CDE acuerda interponer querella en contra de ex presidente ejecutivo de Codelco por delitos de soborno y cohecho

“Existen antecedentes que acreditan la comisión del referido delito y la participación que le cabría a los querellados”, entre ellos, Nelson Pizarro, aseguró el organismo.

(Emol) El Consejo de Defensa del Estado (CDE) acordó interponer una querella en contra del ex presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, por los delitos de soborno y cohecho. Esto, según lo señalado por el acta de reunión del consejo del organismo del pasado 3 de marzo.

La decisión se basó en que, según el CDE, “existen antecedentes que acreditan la comisión del referido delito y la participación” que le cabría a los querellados, entre ellos, Pizarro.

Por lo que se zanjó “interponer querella por los delitos de cohecho y soborno, de los artículos 248 bis, inciso segundo, y 250, inciso tercero, ambos del Código Penal, y otros que pudieran establecerse, en contra de los señores Nelson Pizarro y José Miguel Julián González”.

Lo anterior, en relación a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

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Sumado a la acción anunciada por el CDE, la cual podría presentarse a finales de este mes, se encuentra la denuncia hecha por Codelco en noviembre pasado, cuando detectara un supuesto conflicto de interés que involucraría a Nelson Pizarro.

Eso luego de que un reportaje televisivo emitido hace algunos meses relatara los nexos entre Felipe Pizarro -hijo del ex mandamás de Codelco- con José Miguel Julián, quienes fueron socios en la sociedad Servicios, Asesorías e Inversiones JPMAQ.

Este último, en 2015, a través de la sociedad Indak, se habría adjudicado un contrato para remover mineral en la división Salvador de la estatal por un monto cercano a los $1.800 millones.

Lo anterior, se habría desarrollado en paralelo a una transacción entre Felipe Pizarro y el mismo Julían, cuando el segundo le habría vendido una propiedad en el sector de Chicureo, comuna de Colina, por un monto cercano a los $70 millones, siendo que el avalúo fiscal de la vivienda habría superado los $500 millones.

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