(La Tercera / Pulso) En el marco del presunto “fraude orquestado” que acusó Codelco en contra de los sindicatos de Chuquicamata 1, 2, 3 y Radomiro Tomic por los sobrecostos en sus seguros de vida, el 29 de enero el Juzgado de Garantía de Calama, autorizó la entrada a las oficinas de los trabajadores para allanar diversos artículos e información que puedan aportar a la investigación. Esto, ya que está en curso la causa en donde se involucran a una veintena de dirigentes que Codelco busca desaforar, ya que estarían involucrados en el presunto delito.
En defensa de seis trabajadores de la cuprera, el abogado Carlos Orellana, presentó un escrito solicitando explicación del allanamiento autorizado por la jueza Loreto Figueroa. “Sin hasta ahora fundamento alguno, sin especificar la calidad de las personas objeto de las mismas, ni menos el delito por el cual se autorizaban, la jueza del Juzgado de Garantía de Calama doña Loreto Alejandra Figueroa Tolosa: 1) autoriza la entrada y registro a inmuebles; la 2) incautación, y en su caso, la realización de copia forense electrónica de 7 objetos y documentos (…)”, se indicó en el documento.
Además, se calificó una “inexistencia de fundamentos investigativos y de conocimiento de los afectados en sus garantías fundamentales”. Esto, porque los 51 afectados del allanamiento no tuvieron explicación alguna del porqué de la decisión judicial.
“¿Quiénes debieron ser objeto de dichas medidas? ¿Los 51 trabajadores y/o miembros del sindicato que fueron objeto de investigación o los 6 miembros de Chilena Consolidada Seguros? Quienes son los imputados que en definitiva debieron ser objeto de las medidas instructivas, es algo que deberá aclarar la jueza que resolvió la aplicación de las mismas”, se aseguró en el escrito.
Así, piden citar a todos los intervinientes del procedimiento a fin de que se expongan los antecedentes que fundamentaron el allanamiento.