Luego de la formulación de 14 cargos en contra de Minera Collahuasi, por faltas medioambientales, miembros del Primer tribunal Ambiental están realizando una inspección a la compañía.
Entre los nueve puntos que se revisarán, se encuentran el monitoreo de pozos de extracción de aguas, de las zonas de pastoreo y de las condiciones ecosistémicas.
Esta visita se efectúa en el contexto del reclamo presentado por la Asociación Indígena Aymara del Salar de Coposa ante el Primer Tribunal Ambiental, con el objetivo de detener la aprobación por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), del Programa de Cumplimiento (PDC) planteado por Collahuasi.
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Oposición al PDC
El PDC de la minera fue formulado a raíz de cargos como la falta de monitoreo de avifauna en el área del Salar de Coposa, la no implementación de un sistema de monitoreo puntual de caudal de la vertiente Jachucoposa y el descenso del nivel freático (superior) de los pozos ubicados en Coposa Norte, por sobre lo previsto en el modelo hidrogeológico. El primero de ellos calificado como falta gravísima y los otros dos como graves.
Una de las razones que tiene la comunidad indígena para buscar frenar la aprobación del Programa de Cumplimiento, es que esto sería ilegal, pues -argumentan- no cumpliría con los criterios mínimos para su aprobación, tampoco con la normativa especial indígena contenida en el ordenamiento jurídico internacional, ni con el estándar de motivación requerido en el artículo 41 de la Ley 19.880.
“El plan de alerta temprana y monitoreo continuo a través de sensores, no se cumplió durante los 18 años de vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental”, explicó la abogada representante de la comunidad, Carolina Sagredo.