(Pulso) El anuncio del directorio de Mina Invierno, sociedad ligada a los grupos Von Appen y Angelini, de paralizar sus funciones de aquí a noviembre -lo que implicará el despido de casi todo su personal-; generó una fuerte reacción del gobierno.
La decisión de la empresa que opera en la región de Magallanes, que hasta ahora ha implicado la salida de unas 240 personas, se debe a la imposibilidad de operar luego que el Tercer Tribunal Ambiental decretara una medida cautelar prohibiendo las tronaduras, actividad crítica para la producción de la mina a carbón.
En esa línea, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, señaló ayer que “hemos tomado conocimiento de las últimas noticias sobre la Mina Invierno y, respetando las decisiones judiciales, el gobierno también ha sido muy enfático, tanto el subsecretario de Economía como de Minería que estuvieron hace unos días, en decir que apoyaremos los recursos posteriores y esperamos conocer en detalle el fondo de las determinaciones de estas medidas cautelares”, dijo.
Esto va en línea con lo que ha planteado el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que dio autorización para que se realicen las tronaduras y que ha liderado la defensa ante el tribunal con sede en Valdivia.
Moreno agregó que es importante que el desarrollo tenga un respeto por el medio ambiente, pero que en este caso específico, “creemos que no hay un daño ambiental como proyecto”.
Rol del tribunal
“Esperamos a través de un recurso de casación ante la Corte Suprema dejar sin efecto la medida cautelar acogida hace unos días”, subrayó.
El jefe del área medioambiental de Elías Abogados, Jorge Cash, agregó que el tribunal “ha tenido un protagonismo público impropio. Su conducta jurídica le tocará a la Corte Suprema revisarla cuando corresponda”.
El abogado y socio del área Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía, Jorge Canals, dijo que en términos particulares, el tribunal ha actuado correctamente, y “que de acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente, resulta proporcional” la decisión sobre las tronaduras.
Sin embargo, sostuvo que el hecho que se produzcan estas situaciones, “dan cuenta de la urgencia de modernizar el SEIA (…). De no ser así, entramos en un escenario de mayor impredecibilidad y deslegitimación de los procesos ambientales”.