(Pulso) Cincuenta trabajadores, el 10% de la dotación original, serán los únicos que, a partir de noviembre, quedarán en Mina Invierno, faena productora de carbón ubicada en la Región de Magallanes y que, a partir de ese mes paralizará sus funciones.
Por ello, solo esta semana abandonarán la firma 150 colaboradores, sumando 230 desvinculaciones en lo que va del año. El proceso seguirá hasta noviembre cuando la actividad cesará.
En 2016, la compañía solicitó un permiso ambiental para operar con tronaduras, y pese a obtener la autorización y el respaldo del Servicio de Evaluación Ambiental -y a haber realizado ya 43 tronaduras- la justicia ambiental emitió hace dos semanas una medida cautelar prohibiendo tal actividad, a espera de la sentencia definitiva que ya está en acuerdo y que se espera para los próximos días.
A través de una carta enviada a gremios y al gobierno, el presidente del directorio Marcos Büchi dijo que la resolución del tribunal le parece “desproporcionada y sin fundamento técnico, frente a toda la evidencia aportada, tanto por organismos públicos como el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales, así como por especialistas independientes”.
“Lo resuelto por el tribunal es particularmente grave; en primer lugar, por las consecuencias sociales y económicas para la Región de Magallanes. Mina Invierno aporta más de 1.000 empleos de calidad, directos e indirectos, considerando solo el lugar de la operación minera. Un 90% de estos corresponden a mano de obra local. A ellos se suman las más de 37 pymes contratistas que brindan servicios a la compañía”, se planteó en la carta a la que tuvo acceso Pulso.
“Se consuma una arbitrariedad difícil de comprender”, concluyó.
Según el gerente general de Mina Invierno, Sebastián Gil. la empresa suma pérdidas por US$19 millones en el período enero-mayo. “Y en caso de detenerse la operación se proyecta que llegarán a unos US$40 millones de aquí a noviembre”, agregó.
Lo que viene
La compañía, no obstante, aseguró que seguirá insistiendo ante la justicia, “haciendo todos los esfuerzos desde el punto de vista legal para intentar revertir esta situación”, complementó la empresa.
Según Ezio Costa, director ejecutivo de Fima -uno de los grupos opositores a la faena-, el caso muy posiblemente terminará en la Corte Suprema. “El procedimiento no está resuelto todavía, sino que está en acuerdo, por lo que aún no se publica la sentencia”, comentó.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Swett, lamentó la decisión. “Es tremendamente preocupante que los antecedentes técnicos y científicos que le permitieron obtener la RCA no estén siendo considerados y se dañe así gravemente la confianza en la institucionalidad y la certeza jurídica”, planteó Swett.
En la misma línea, el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, sostuvo que “nos duele profundamente las desvinculaciones que ha tenido que realizar Mina Invierno y lamentamos que producto de la judicialización por parte de terceros, una empresa deba paralizar sus operaciones y generar despidos masivos, a pesar de tener la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que es el servicio técnico en la materia”.
Finalmente, el presidente de Sonami, Diego Hernández, agregó que la decisión del Tribunal Ambiental “levanta una alerta en la minería nacional, no solo por la falta de fundamento jurídico sino porque el impedimento de realizar tronaduras, en la práctica, implica el fin de la actividad minera”.