(El Mercurio) Un decreto supremo -el N° 3 de Bienes Nacionales- crea el Parque Nacional Patagonia, de 309.445 hectáreas.
El documento lo dejó firmado la Presidenta Michelle Bachelet, en la misma Región de Aysén, antes de dejar su cargo, y forma parte de la creación de la red de ocho parques nacionales, que suman 4,5 millones de hectáreas en el extremo sur del país.
Era el fin de una tarea que se hizo con mucha celeridad, cuando le quedaban apenas cuarenta días para dejar el gobierno.
Tal vez por eso, el documento que tramita su toma de razón en Contraloría, ingresado el 12 de febrero de 2018, revela desprolijidad en su contenido, según ha constatado la actual administración. Faltan cifras e incluso, tras enumerar los fundamentos, hay un error sorprendente: el texto menciona al parque nacional Corcovado y no al Patagonia, al que se refiere el decreto.
Sin embargo, esas inexactitudes constituyen un detalle menor frente al conflicto que los límites del futuro Parque Nacional Patagonia han desatado en Chile Chico, una localidad fronteriza de 4.500 habitantes, desde donde surgen varias demandas que el actual gobierno está recibiendo desde la zona.
Ocurre que, para ampliar la superficie de la futura área silvestre bajo conservación, se incluyeron terrenos fiscales, donde hoy existen vastas zonas de veranadas que usan los crianceros de ganado ovino y bovino para pastoreo (unas 20 mil cabezas) y, además, un área aledaña a la actual reserva Jeinimeni -la mayor componente del futuro parque-, donde se iniciaba un nuevo proyecto minero de oro y plata de Southern Gold, filial de la compañía minera australiana Equus Mining. Se trata, además, de un proyecto que figura en la lista de los priorizados para generar empleo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía. El único en el sector minero de Aysén.
En el Gobierno reconocen que se trata de una coyuntura compleja, porque apoyan la política de la red de parques de la Patagonia, que generará desarrollo turístico, pero saben que de promulgarse el decreto como está, sectores productivos locales como la minería y ganadería se verían afectados.
En Chile Chico está el foco del conflicto, que se vio agudizado por el despido de casi 600 personas, luego del cierre de la minera Cerro Bayo, tras un accidente que causó la muerte de dos trabajadores en una galería inundada a mediados de 2017.
El alcalde Ricardo Ibarra (DC), que ve a los nuevos proyectos mineros como un factor de desarrollo, revela que mantener empleos de emergencia significa un costo de $1.000 millones al año, entre FNDR y fondos municipales, pero además «hay unas 300 personas en lista de espera». Esto gravita en el comercio y los servicios de la comuna.
El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, cuya cartera está a cargo de seguir el trámite del decreto supremo en la Contraloría, confirma que tienen un mandato presidencial para resolver el tema y por eso están trabajando con los ministerios de Agricultura (Conaf), Minería y Medio Ambiente para buscar soluciones. Además, se conformó una mesa para conocer las demandas de los distintos sectores en Chile Chico.
Según el senador David Sandoval (UDI), el problema se soluciona recortando unas 16 mil de las 56 mil hectáreas fiscales anexadas «mañosamente», a su juicio, por el anterior gobierno.
«Esto no está resuelto, aunque algunas personas hablan del retiro de los decretos. El Gobierno y el Presidente Piñera pensamos que lo que se hizo es una buena política pública, de conservar un área para protección del medio ambiente», precisa Ward.
«Asumimos un problema que dejó la administración anterior, esto se negoció y se firmó sin conocimiento de la ciudadanía, sin instancias de participación», señala. No obstante, más allá de esas circunstancias, dice, lo adecuado es continuar e intentar «minimizar los riesgos que existen de que el día de mañana no se pueda realizar actividad minera, lo que provoca cesantía en la región, y de no afectar tradiciones como las «veranadas».
Adelanta que se intenta construir soluciones, pero mientras no las haya, no se va a retirar el decreto supremo de Contraloría, el que, según destaca, es fruto de un acuerdo entre el Estado y privados -la Fundación Tompkins-, que realizaron la mayor donación histórica para conservación al país, de 407.625 mil hectáreas.
«No puedo revelar las gestiones, pero estamos intentando buscar soluciones junto a otros ministerios», dice, tal como planteó a la comunidad de Chile Chico en su viaje a la zona.
Superposición a exploración minera
Equus Mining invirtió US$ 6 millones y exploró a unos 15 kilómetros al sur de Chile Chico, con buenos resultados para desarrollar una explotación. Vía audiencias, que son públicas por ley de lobby , se reunió con autoridades de minería del anterior gobierno, previo incluso a la firma del protocolo de acuerdo entre el Gobierno y las fundaciones que dieron origen a los parques vía donaciones , en abril de 2017. Advertían que estaban en tierras fiscales susceptibles de ser incorporadas al futuro parque, pero no fueron escuchados. Siguieron el lobby con el actual gobierno.
Ahora, si el proyecto de Southern Gold (Equus Mining) quedase dentro del parque, el ministro Ward dice que la ley permite realizar actividad minera con la venia del intendente o del Presidente, pero reconoce que no existen precedentes en esa materia.
En Conaf confirman que eso es imposible, porque cada vez que se ha pedido algo así, se ha respondido negativamente, al alero del convenio de Washington que Chile suscribió y protege ecosistemas de parques, y que está sobre el Código Minero.
Para el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, Chile no puede cambiar las reglas del juego a inversionistas y superponer un parque donde había autorizado exploraciones mineras.
A su turno, grupos ambientalistas están armando una campaña denominada «Patagonia sin + mineras».
Desde los sectores que apoyan el parque tal como está definido, la Corporación Chelenko, que lidera Miriam Chible, destaca que el futuro Parque Patagonia «es un tremendo motor de desarrollo para nuestra región» y ofrecerá una experiencia a los turistas para desconectarse y descansar.
«Lo anterior no se da con el desarrollo minero, que presiona y hace lobby contra el parque y deja pasivos ambientales inimaginables», señala.
Dice que no fueron invitado a la mesa que creó el municipio, pese a que representan localidades turísticas de la zona y considera que hay una participación desequilibrada.
Fundación Tompkins en espera
Según el ministro Ward, no es necesario «negociar» con la Fundación Tompkins si el Estado tiene que hacer alguna modificación en los deslindes de las tierras fiscales aportadas, aunque sí les parece necesario informarles dado el acuerdo existente.
La directora ejecutiva de Tompkins Conservation Chile, Carolina Morgado, afirma que cuando se hizo la donación de tierras -en el anterior gobierno- todo quedó zanjado, luego de procesos y estudios de Bienes Nacionales. «La forma en que donamos tiene toda una lógica de continuidad territorial», en que se buscó formar este «puzle», conectando sectores para conformar el gran parque nacional Patagonia. Por eso están aportando información en el proceso que realiza Bienes Nacionales actualmente. «Si sacan el centro del parque no es lo mismo que una orilla», dice.
¿Qué tan compatible les parece la minería con un parque? «Lo que hacemos es conservación. No tenemos injerencia ni una posición ante una actividad determinada. Sí pensamos que todos los proyectos aledaños a un parque tienen que cumplir con los estudios de impacto ambiental que exige la ley», remarca la representante de Tompkins Conservation.
Ahora, dice, están en espera y llanos a conversar, porque mientras no salga el decreto de Contraloría, Conaf no puede entrar en el proceso para concesionar las instalaciones turísticas del parque donado, que -según lo acordado- deberían entregarse el 30 de abril de 2019.
Subsecretario de Minería: «El Estado de Chile se expone a que lo demanden si cambia las reglas del juego»
El subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, quien viajó a Chile Chico para recabar información, remarca que siempre ha habido minería en Cerro Bayo junto a la reserva Jeinimeni y ha convivido con el turismo y el agro por mucho tiempo. «Esta cuenca es minera y se ha poblado esta zona gracias a la minería», enfatiza.
La zona de la exploración minera del proyecto de Southern Gold no suma más de 2.237 hectáreas, señala. La empresa pretendía usar las instalaciones de Cerro Bayo para procesar su mineral, por lo que no era necesario generar una nueva planta en Chile Chico, donde existe mano de obra formada.
«En este pueblo viven 4 mil personas y de la minería dependen 2 mil. Al otro lado, en Los Antiguos, Argentina está poblando la zona. Y acá estamos despoblando. Está bien tener parques, pero no podemos matar la actividad por la cual la gente vive, habita y hace soberanía en esa zona».
Terrazas afirma que «más que a favor o no (de un proyecto), estamos a favor de que se cumpla la ley en Chile. Si viene una persona dueña de este proyecto y está cumpliendo la ley, lo lógico es que la autoridad no le impida desarrollar una actividad económica que es legítima en Chile».
Según el subsecretario, si hay un problema de deslindes se tendrá que modificar el decreto y respetar la institucionalidad, porque «el Estado de Chile se expone a que lo demanden si cambia las reglas del juego. Si una empresa extranjera va a generar un proyecto, invierte recursos, inicia las exploraciones que es la primera etapa, y el día de mañana le dicen que arriba ahora tiene un parque, le cambiamos las reglas del juego».
Ante la campaña «Patagonia sin + mineras», responde que «están inventando un conflicto y dividiendo a los habitantes en una zona donde siempre ha convivido la minería con el turismo». Descarta que haya un gran impacto ambiental, porque hoy los estándares de la explotación minera son más exigentes que en el pasado.
Alcalde de Chile Chico: «La gente no quiere que se afecte su actividad»
«La gente no quiere que se imponga un parque. Este pueblo se rebeló en contra de esa actitud, de no informarnos ni consultarnos sobre un modelo que perjudica a un grupo importante de pobladores, porque termina con su actividad, que es la ganadería», afirma el alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra (DC).
El jefe comunal agradece que se esté escuchando a la gente de la zona y que Bienes Nacionales y Minería estén ahora en terreno viendo lo que existe. «Espero que el Presidente Piñera, cuando tome la decisión sobre el decreto, piense en los derechos históricos de los pobladores y campesinos», dice.
Cree que el tema será más acotado para la minería que para el uso de las veranadas, que son distintos puntos de acceso. «Aunque se cree el parque, hemos escuchado a los pobladores que no van a respetar el límite, porque no hay forma de respetar o tendrían que hacer un cerco para impedir que pasen los animales», comenta.
Dice que apoya que haya actividad minera, porque da trabajo y el turismo es estacional y no genera esa cantidad de contratos. «Estoy a favor del turismo, pero la maravilla de la Patagonia también requiere de una inversión del Estado, no podemos estar desarrollando turismo con localidades donde no tenemos ni agua potable ni alcantarillado», explica.
«Como alcalde, lo que estoy pidiendo es un acuerdo con el Estado, es ver cómo enfrentamos el desarrollo. Si el 80% de mi comuna va a quedar dentro de un parque, cómo podemos proyectar el Pladeco, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el desarrollo que vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer con esta población cesante que tenemos acá», plantea.
Ibarra afirma que «esas son conversaciones que queremos tener con las autoridades, más que con las organizaciones ecologistas. Todas las que están metidas en este momento, que pueden tener objetivos loables para ellos, no representan lo que nosotros somos. Es gente de afuera. A mí Sara Larraín (de Chile Sustentable) no me dice nada. Nunca se han querido sentar a conversar con nosotros», remarca.
En la zona, destaca, se hizo una consulta ciudadana y el 90% planteó «su rechazo al parque así como está planteado». Añade que no tiene importancia real para Chile Chico: sería mejor que dijeran vamos a pavimentar los caminos o vamos a poner agua potable y alcantarillado. Pero financiar millones de dólares para mantener este parque, para nosotros va a ser injusto».
Ambientalistas arman campaña «Patagonia sin + Mineras»
En un estilo similar al de la campaña «Patagonia sin Represas», contra HidroAysén, diversas organizaciones ciudadanas y ambientalistas reflotaron hace unas semanas el activismo contra el desarrollo de nuevos proyectos mineros en un área más amplia que la vinculada al futuro parque nacional.
«El concepto utilizado no es «Patagonia sin Mineras», sino «Patagonia sin + Mineras», ya que no se está llamando al cierre de las actuales faenas, sino que este rubro no siga avanzando hacia otros sectores, afectando actividades productivas, ecosistemas y la vida de las personas», explica el presidente de la Corporación de Desarrollo de Aysén, Patricio Segura.
No lo hicieron antes, dice, porque es ahora cuando «se está concretando una ofensiva para avanzar con la minería hacia otras zonas, particularmente en la cuenca del lago General Carrera», dice. Describe que en el caso de Chile Chico, la minera Cerro Bayo, de la canadiense Mandalay Resources, paralizada desde mediados de 2017 tras el accidente que dejó a dos mineros fallecidos, tiene aprobada una declaración de impacto para rehabitar la mina Javiera a pocos kilómetros de Bahía Jara, que es «un área prioritaria para la conservación de la biodiversidad».
A su vez, Southern Gold, filial de la compañía australiana Equus Mining, no solo está con el proyecto Los Domos, de oro y plata, vecino a sitios turísticos y hoy foco de la controversia, sino también en Cerro El Diablo, cerca de Puerto Ibáñez, la misma zona donde se ubican otros proyectos: Estero, de la minera canadiense Gold Corp, y Terrazas, de la firma australiana Laguna Gold, dueña de El Toqui.
Segura señala que estos nuevos proyectos de explotación aurífera causarían un gran impacto ambiental y van en contra de los planes de impulsar el turismo y el sector agropecuario como estrategia de desarrollo, tanto en Chile Chico y Río Ibáñez, como en la Región de Aysén.
En esta fase, la campaña se difunde en redes sociales y en encuentros, con apoyo de Chile Sustentable, para entregar información a la comunidad respecto de los impactos de la minería. Ejemplos de esto, dice, se reflejan en Puerto Cristal, donde se realiza una remediación, y en los efectos contaminantes en aguas, suelos y pobladores, que midió un estudio del Colegio Médico en 2015, a causa del tranque de relave de El Toqui.
En Tompkins Conservation dicen que esta vez no están participando ni financiando la campaña, aunque valoran la iniciativa de organizaciones ambientalistas que han sido sus «aliadas» en la zona.