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El fantasma de las paralizaciones en Quintero obliga a calcular costos y tomar resguardos extras a las empresas de la zona

En la industria asumen que la autoridad será cada vez más exigente, y aunque en el Ministerio del Medio Ambiente aseguran que no habrá paralizaciones constantes, los privados ya hacen cálculos de eventuales detenciones. Un buque petrolero parado en el mar cuesta entre US$25 mil y US$35 mil diarios y la menor producción de energía puede significar pérdidas de más US$100 mil cada día.

(El Mercurio) La crisis medioambiental que afecta a Quintero y Puchuncaví no da tregua. En medio de atenciones médicas que se multiplican, esta semana el Gobierno endureció la mano: El Ministerio de Salud decretó una alerta sanitaria que regía entre el jueves 27 y ayer sábado 29, pero que el viernes extendió hasta que la Seremi de Salud de Valparaíso apruebe los planes operacionales de las firmas.

En la práctica, se cerraron algunas unidades operativas consideradas fuentes emisoras de dióxido de azufre (SO {-2}), de Codelco Ventanas y de AES Gener. Y, además, obligó a la paralización de operaciones generadoras de compuestos orgánicos volátiles (COV) de Oxiquim, Copec, Gasmar, Enap Quintero, Enex y GNL Quintero.

La decisión de la autoridad obliga a las empresas a prepararse ante un nuevo escenario, de mayores exigencias normativas, que asumen. No obstante, la inquietud de las empresas apunta a si en lo inmediato se repetirán las alertas sanitarias y, a futuro, si la norma que establecerá un valor horario para las emisiones de dióxido de azufre, que prepara el Ministerio del Medio Ambiente, facultará a la autoridad a cerrar faenas o a suspender actividades constantemente.

Aunque nadie habla de posibles cierres o migraciones de las empresas, en reserva hay ejecutivos que ya sacan cálculos, por ejemplo, sobre los efectos en el abastecimiento de combustible.

Todas las compañías mencionadas en el decreto fueron mandatadas para diseñar planes operacionales. En simple, declarar cómo van a mitigar y cómo van a medir que dicha mitigación sea efectiva y fiscalizable en terreno. Pues bien, si esos planes no surtieran efecto o los niveles de contaminación se mantuvieran altos o se siguiera multiplicando el número de intoxicados, se podrían decretar paralizaciones totales de las plantas. “Una paralización del terminal de Enap en Quintero, de las instalaciones de Copec y de Enex por un plazo superior a las dos semanas podría poner en peligro el abastecimiento de combustible de la Región Metropolitana”, asevera un conocedor, recalcando eso sí que se trataría de un escenario extremo y en el que deberían fallar varios eslabones.

Igualmente varias empresas extremaron sus resguardos, y dejaron voluntariamente de hacer actividades, como la llegada de varios camiones a las plantas de una vez, para evitar eventuales sanciones.

Marcelo Fernández, jefe de la división de calidad del aire del Ministerio del Medio Ambiente, se hace cargo del tema y explica cómo funcionan los planes operacionales: “Cuando haya mala ventilación, se les informará oportunamente, y las empresas tendrán que poner más atención en su operación. Y eso significará posponer algunas actividades emisoras, bajar la carga o suspender alguna actividad”, acota.

“El diseño que hace la autoridad es medir la calidad del aire y cuando hay superación en una zona de la norma, la autoridad define la reducción de emisiones para la fuente relevante y que permitan cumplir con la norma de calidad. No es que cada vez que se supere la norma de una hora, voy a ir a cerrar una industria”, responde. Las normas de calidad del aire no las cumplen las empresas, sino que el conjunto de estas, explica (ver recuadro).

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Inversiones y costos de paralizar

Qué costos e inversiones deberán enfrentar las empresas, es algo que ya comenzaron a calcular algunas de ellas. Enap Refinería estima que para las medidas que le podría exigir el plan de descontaminación (que con plazo a fin de año despachará el ministerio) invertiría cerca de US$ 200 millones.

En costo, para las que trabajan con barcos que les surten de insumos, como petróleo, les puede significar entre US$ 25 mil y US$ 35 mil diarios el tener un buque parado en el mar, por motivos de una eventual suspensión.

Electroconsultores estimó la valorización de la energía que diariamente inyectan las cuatro unidades de AES Gener en la zona (Ventanas 1, Ventanas 2, Nueva Ventanas y Campiche). El 24 de septiembre las cuatro unidades inyectaron el equivalente a US$ 926 mil en energía al sistema y el día 25 de septiembre inyectaron US$ 1,1 millones, cifra a la que hay que descontar el gasto en combustible, que representa cerca del 85% del valor total de lo inyectado, explica Francisco Aguirre, director de Electroconsultores. “La empresa ante una eventual paralización perdería más de US$ 100 mil diarios”, resume.

Marcelo Fernández, jefe de la división de calidad del aire del Ministerio del Medio Ambiente: “El gobierno anterior no fue capaz de sacar la norma de SO {-2} horaria”

Las emisiones de dióxido de azufre (SO {-2} ) que provienen del parque industrial son el principal e histórico problema de la bahía de Quintero, a juicio del Ministerio del Medio Ambiente. Por ello esta cartera trabaja desde hace algunas semanas en un cambio normativo en la materia.

Hoy en Chile hay dos normas de calidad del aire para el dióxido de azufre: una de carácter anual y otra diaria, pero a la luz de los hechos, no son suficientes. Como el SO {-2} se mide por día, es posible tener peaks de emisiones muy altos durante algunas horas, e igualmente cumplir con ambas normas.

De hecho, los problemas de salud se originan por la exposición en períodos cortos a este gas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por ello, Marcelo Fernández, jefe de la división de calidad del aire del Ministerio del Medio Ambiente, asegura que el país arrastra “una tremenda” deuda en la materia.

“El gobierno anterior no fue capaz de sacar la norma de SO {-2} horaria. La llevó al Consejo de Ministros, pero la ministra de Salud anterior no estuvo dispuesta a firmarla, porque le pareció demasiado laxa. Y nos quedamos con una norma que no solo es laxa, está absolutamente obsoleta”, agrega.

“Estamos haciendo una propuesta distinta a la del gobierno anterior, recomendando un valor incluso más exigente. La norma que quedó sin aprobar establecía un valor de 500 microgramos por m {+3} / valor horario (por hora) de SO {-2} . Queremos ir a un valor mucho más bajo, teniendo como referencia el de la Unión Europea, que es de 350”, indica y agrega que Medio Ambiente se ha puesto el plazo de ingresar la nueva norma a la Contraloría en octubre.

El cambio normativo es uno de tres pasos para atacar el problema. El segundo es el monitoreo de la calidad del aire, red que se rediseñará y mejorará.

Hay un tercer paso, que forma parte del Plan de Descontaminación para Concón, Quintero y Puchuncaví, que Medio Ambiente despachará antes del 31 de diciembre, y que incluye dos normas ya vigentes y que serán actualizadas: una que regula las fundiciones de cobre, que a nivel país logró una reducción de más del 50% de las emisiones de SO {-2} , y otra que establece exigencias de reducción de emisiones a las termoeléctricas. “En el plan, básicamente, pediremos reducciones adicionales de SO {-2} a la termoeléctrica de la zona (AES Gener) y a la fundición (Codelco Ventanas) y especialmente a Enap Refinería, que hasta ahora no ha tenido ninguna norma específica”, detalla Fernández.

Si bien la medición de compuestos orgánicos volátiles (COV) no estaba contemplada originalmente en el plan de descontaminación, se está analizando de qué manera se incorpora.

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