(El Mercurio) Un universo de 300 fiscalizaciones son las que incluye la planificación anual de la Superintendencia de Medio Ambiente, las que, sin embargo, producto de las denuncias de los ciudadanos y las actuaciones de oficio, como ocurrió recientemente tras el escape de los miles de salmones de un centro de cultivo en Calbuco, pueden superar las 500.
Según explica el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, este trabajo se realiza con 80 inspectores a nivel nacional, o sea, uno cada 120 mil habitantes, casi un tercio de lo que ocurre con otros países de la región, como Perú o Brasil.
Dentro de este trabajo, la autoridad destaca la implementación de los Programas de Cumplimiento (PdC), herramienta que busca proponer una alternativa a las empresas infractoras para reparar el daño ambiental causado, a cambio de levantar la sanción económica.
«Tenemos una línea de trabajo disuasiva que se alimenta de las sanciones, donde hay un espectro amplio que va desde una amonestación de US$ 900 hasta una de US$ 8,5 millones para cada infracción. Pero además, está la promoción del cumplimiento, herramienta donde la superintendencia colabora con los titulares para llegar a volver a una situación de cumplimiento», dice.
Gracias a esta medida, de 2013 a la fecha se han retirado sanciones económicas por unos US$ 65 millones, pero, en contraste, las inversiones comprometidas en los PdC superan los US$ 255 millones.
«Esta es una herramienta muy virtuosa, porque cuando aplicas una multa no solucionas nada, eso va a parar a las arcas fiscales para financiar cosas como el Transantiago y el problema queda ahí. Este programa ayuda a solucionar el problema, tiene una misión institucional», sostiene Franz.
En el listado de los PdC más abultados, la gran mayoría tienen que ver con las industrias mineras y energéticas, siendo el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo quien lidera el ranking con su programa valorado en un US$ 47,5 millones. El «podio» lo completa la refinería de petróleo de Concón (US$ 35,9 millones) y la minera Sierra Gorda (US$ 18,5 millones).
Para que un PdC sea aprobado por la autoridad debe contar con tres requisitos mínimos. Ser eficaz, en el sentido de que las medidas deben poner fin a la infracción y hacerse cargo de sus efectos; íntegro, teniendo que presentar acciones para todos los cargos formulados, y verificable, ya que las medidas propuestas deben comprobarse. De lo contrario, si una empresa incumple, se reinicia el proceso sancionatorio y arriesga hasta el doble de la multa inicial, lo que ha ocurrido en sólo dos ocasiones.
Críticas de la minería
Medidas como esta, dice la autoridad, entregan certeza a la institucionalidad ambiental del país, por lo que apunta directamente a las críticas que dicen que el país se ha farreado una serie de proyectos mineros, como es el caso de Pascua Lama.
«Me llama la atención cuando se habla de que Chile se farreó tres proyectos, que está siendo revisado para saber si es un país confiable, ese tipo de declaraciones, que vienen desde el mundo minero, me sorprenden porque cuando todo el país está embarcado en un impulso para reactivar la economía, el mismo rubro minero le hace un flaco favor a la inversión en minería. En vez de resaltar cualidades, se pone el énfasis en lo que nos hace menos atractivos», explica.