(El Mercurio) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución ligada al Banco Mundial, desestimó la petición del Estado boliviano de anular un fallo favorable a la compañía minera chilena Quiborax, que operaba en ese país.
El fallo, con fecha 18 de mayo de 2018, plantea en su decisión final «desestimar en su totalidad la solicitud de anulación» pedida por el Estado boliviano.
En el texto, de 66 páginas, se explica que las razones para la anulación de un laudo son las siguientes: «Si el tribunal hubiera sido constituido incorrectamente o se hubiera extralimitado manifiestamente en sus facultades, hubiera habido corrupción de algún miembro del tribunal, hubiera habido quebrantamiento grave de una norma de procedimiento o no se hubieren expresado en el laudo los motivos en los que se funda».
Sin embargo, nada de ello ocurrió, de acuerdo al fallo del Ciadi.
En septiembre de 2015, el empresario chileno Allan Fosk, gerente general de la compañía minera Quiborax -defendida por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana- fue notificado de que el Ciadi había resuelto que el Estado boliviano tendría que indemnizar a la empresa.
Expropiación en Gobierno de Mesa
La indemnización ascendía a una suma de US$ 48 millones -más las costas del arbitraje-, por haber ejecutado una expropiación ilegal a la empresa nacional en 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa. En ese entonces, Quiborax tenía pertenencias mineras en el Salar de Uyuni, donde extraía ulexita, proyecto de una inversión superior a los US$ 3 millones. El decreto de 2004 del gobierno de Mesa los obligó a dejar las faenas en un plazo de treinta días, pero Quiborax alegó en su minuto que la revocación de los permisos era una medida arbitraria y discriminatoria, y que se les estaba perjudicando por el solo hecho de ser chilenos.
Por lo anterior, y tras no llegar a un acuerdo satisfactorio con el Estado boliviano, Quiborax decidió demandar en 2006 a Bolivia ante el Ciadi, exigiendo originalmente el pago de US$ 66 millones por daños. Posteriormente los problemas siguieron. A fines de 2008, Bolivia decidió iniciar procesos penales dentro de ese país en contra de los inversionistas chilenos y a una serie de personas relacionadas al proyecto.
Sin embargo, Quiborax solicitó al Tribunal de Arbitraje constituido por el Ciadi que pidiera el fin de esos procesos penales y, en un hecho inédito, el Tribunal obligó a Bolivia a detener las causas contra los inversionistas, tal como se lo permite el Artículo 47 del Convenio de Washington, que establece que el tribunal puede recomendar medidas provisionales que considere necesarias para salvaguardar los derechos de las partes. Esto se sumó a la referida orden de indemnizar a la empresa.
En 2015 parecía que quedaban atrás 11 años de incertidumbre para la empresa. Pero no fue así. Quienes conocen el caso señalan que Palacio Quemado buscó diversas fórmulas para evitar el pago de la suma decretada por el tribunal, muchas veces poniendo en duda la autoridad de los árbitros internacionales.
A partir de este fallo, señalan quienes conocen el caso, se ratifica que Bolivia cometió una ilegalidad y debe indemnizar a la compañía chilena.
Orígenes extranjeros
Quiborax produce y exporta ácido bórico desde 1987, que se utiliza en la industria de la fibra de vidrio, cerámica y de pantallas de LCD y también fertilizantes boratados de uso agrícola. La compañía pertenece a las familias Fosk y Fux, que llegaron en la década del 20 a Chile, desde Polonia y Rusia. Ambas tienen dos generaciones nacidas en Chile y están emparentadas. La familia Fosk, además de Quiborax, tiene una pesquera en el sur del país y la familia Fux, que creó el terminal Super Agro de Arica, vendió su participación.