(Pulso) Una investigación a las supuestas presiones políticas que las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet habrían ejercido sobre los integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Coquimbo, para que rechazaran el proyecto Dominga; fue lo que pidió ayer el ministro de Minería, Baldo Prokurica.
Esto, a menos de una semana de conocerse el fallo con el cual el Tribunal Ambiental de Antofagasta, retrotrajo la iniciativa hasta esa misma instancia, luego de determinar vicios e ilegalidades en el proceso de evaluación.
El secretario de Estado realizó esta sugerencia luego de las acusaciones que la exseremi de Minería de la IV Región, Mirtha Meléndez, realizara a través de PULSO, señalando que en la negativa a la iniciativa minero-portuaria de US$ 2.500 millones, “no se consideraron los informes técnicos existente durante toda la evaluación (…) y sin duda hubo presiones políticas”.
“Siento que la situación que denuncia la exseremi es un tema en el que hay que tomar atención y creo que las autoridades, tanto de los tribunales como de la Cámara de Diputados, deberían investigar porque si aquí estamos llamando a funcionarios para que tuerzan lo que ellos técnicamente han determinado que deben fallar, es una intromisión que no corresponde”, señaló el secretario de Estado.
En esa línea, señaló que durante este Gobierno, el objetivo será respetar las decisiones de la institucionalidad ambiental. “En este caso específico no hay ninguna duda de que lo que fallen los tribunales el Gobierno lo va a cumplir. Eso lo tenemos como norte en el sentido de que aquí hay una institucionalidad que se tiene que hacer funcionar”, dijo.
Dentro de la legalidad
Otro de los que salió al paso de las declaraciones de Meléndez, fue el ex ministro de Minería, Marcelo Mena, quien a través de su cuenta de Facebook afirmó que sus convicciones siguen intactas frente a lo que se hizo.
“Fallo (del Tribunal Ambiental) fue sobre la forma y no el fondo. Proyecto sigue careciendo de línea base que permita ver si es compatible con los ecosistemas de La Higuera. Por lo mismo, cosa de esperar, sin desesperar, a un fallo de la Corte Suprema. Queda mucho todavía. Mis convicciones siguen intactas sobre lo que se hizo”, escribió en dicha red social.
Otro exseremi que participó de la reunión en que se rechazó Coquimbo, la exautoridad regional de Minería, Igor Díaz; se refirió a las acusaciones sobre presiones políticas, asegurando que en su caso, no se evidenciaron tales prácticas.
“No es justo para todos los que fueron parte de este proceso decir que hubo presión porque hay casos y casos. Uno tiene que velar por lo personal. En mi caso no hubo presiones, quiero que quede claro”, señaló.
Desde el Congreso, en tanto, el senador Guido Girardi indicó que, a su juicio, “el TA se dispara en los pies porque se está deslegitimando. Hoy nadie le cree a la institucionalidad ambiental porque todo termina en la Corte Suprema. Lo que hace el TA es validar el fraude ambiental que se cometió en el CEA al permitir que no se evaluara el impacto ambiental del puerto”.
“Correspondería que el Comité de Ministros, representado por su ente ejecutivo, que es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), presente un recurso de casación ante la Corte Suprema contra la resolución del TA que declaró ilegal lo que ellos habían resuelto. Si no lo hacen sería una omisión gravísima y desde el punto de vista técnico decir hoy que apoyan a la empresa”, añadió.
La ONG Oceana, en tanto, comentó que probablemente presenten el próximo 15 de mayo un recurso de casación ante la Suprema.