(El Mercurio) Hasta que salió humo blanco. Este martes 10 de abril, la Contraloría General de la República tomó razón de las modificaciones al contrato entre Corfo y SQM por la explotación del salar de Atacama. «La resolución número 48 de Corfo fue tomada de razón ayer (martes)», dijeron desde el órgano contralor.
El contrato estaba siendo analizado desde enero, luego de que Eduardo Bitran, entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, y Patricio de Solminihac, gerente general de SQM, firmaran ante el juez árbitro Héctor Humeres, las modificaciones al contrato de arriendo y explotación de las pertenencias en el salar de Atacama. Esto, después de dos años de disputas judiciales e intensas negociaciones. La demora en aprobarlo tuvo que ver con lo específico de la materia tratada de los temas mineros, ambientales y contractuales.
«La compañía está satisfecha por esta toma de razón de la Contraloría respecto al acuerdo con Corfo; y esta decisión ratifica que las etapas se han ido cumpliendo según lo esperado. Manifestamos que seguiremos trabajando para llevar a cabo todo lo acordado con la entidad estatal», respondió SQM a «El Mercurio».
Los pasos siguientes
Tras haber saltado la última valla de las autorizaciones estatales -luego de la venia de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Cchen, a principios de marzo- se iniciará un proceso de implementación del contrato.
De hecho, uno de los primeros efectos tiene que ver con que los Ponce Lerou saldrán de la gestión y dirección de la empresa. Así, el próximo 27 de abril, en la junta ordinaria de accionistas de la firma, asumirá la presidencia de la compañía el ex líder de la CPC Alberto Salas en reemplazo de Eugenio Ponce, hermano de Julio. Con esto también debe detonarse por estos días el fin del pacto de actuación conjunta que tienen desde 2006 las cascadas de Julio Ponce con los japoneses de Kowa, cediendo con ello el control efectivo de la compañía a través de la designación del directorio.
Según indicó la Corfo en su oportunidad, con el nuevo contrato, SQM expandiría su producción anual al menos 216 mil toneladas al 2025 y generará recursos adicionales para el Estado, la región y la comunidad por US$ 8.300 millones entre 2018 y 2030. De esta manera, SQM podrá disponer de hasta 349.553 toneladas de litio metálico equivalentes hasta el año 2030 que le fueron aprobadas. El contrato, en todo caso, no dispone que se extienda más allá de ese año la vigencia del acuerdo y deja estipulada una fórmula de traspaso en caso de que SQM pierda la explotación del salar.
Según cálculos realizados en enero, para que SQM pueda utilizar toda la nueva capacidad que fue aprobada requiere realizar inversiones por unos US$ 1.000 millones. La firma salió al mercado la semana pasada, por primera vez desde 2014, a colocar un bono por US$ 133 millones, pagadero a 2028. Según la minera, el dinero financiará su plan de inversiones por US$ 500 millones planificado para 2018.
Otra de las exigencias contempla la instalación de dos monitores externos en las faenas y oficinas de SQM que reporten el cumplimiento del contrato.