(El Mercurio) Con dureza, la minera estatal Codelco respondió al recurso de amparo económico que ingresó Minera Salar Blanco -ligada al empresario Martín Borda y capitales extranjeros- a la Corte de Apelaciones. En el escrito la firma privada alegó irregularidades en la entrega de los permisos para explotar litio desde el salar de Maricunga a la cuprera.
En el documento de 36 páginas ingresado ayer al Poder Judicial, la estatal sostiene que la acción presentada por Salar Blanco tiene un «carácter instrumental, infundado y extemporáneo».
La compañía ligada a Martín Borda expuso en su recurso que el ingreso al negocio del litio por parte de la estatal escapa de su giro principal, que es el cobre, por lo que la autorización que le entregó el Ministerio de Minería para explotar litio desde el salar de Maricunga es improcedente.
La estatal señaló que la explotación del litio sí se encuentra dentro de su giro y que, de hecho, en la política nacional que impuso las directrices de Estado para tratar este mineral se le encomendó expresamente a la compañía desarrollar proyectos en sus pertenencias.
El escrito indica que la filial creada por Codelco establece a una decisión de negocios, «en el marco de la Política Nacional del Litio y atendida su condición de titular de pertenencias mineras, que permite desarrollar las operaciones en el salar de Maricunga con miras a una eventual incorporación de accionistas de carácter privado, mediante una figura de asociación público-privada».
Otra de las argumentaciones de la minera es que el recurso de Salar Blanco es extemporáneo, porque tenían un plazo de seis meses para interponer la acción desde que se toma conocimiento de los hechos. Según expuso la estatal, la firma privada conoció desde hace mucho más tiempo la posición de Codelco.
En este sentido, sostienen que Minera Salar Blanco no puede reclamar como ilegal el acto, siendo que la misma compañía participó en el proceso de búsqueda de socio estratégico de Codelco. Asimismo, uno de sus socios (Li3) participó activamente en la creación de la Política Nacional del Litio, en la que nunca se opuso a que Codelco pudiera desarrollar un proyecto en el salar de Maricunga.
Agregan que la «presente acción constitucional no es sino una reiteración de alegaciones que ya fueron conocidas, resueltas y rechazadas en sede administrativa, por la Contraloría General de la República».